No hay manera de explicar que no sea desde una profunda contradicción y desde el solo nivel de la conveniencia propia y el interés personal una crítica destemplada a una decisión actual de la Corte cuando, en el pasado reciente, una decisión similar a la de hoy resultó ser funcional a lo que se defendía y pretendía. El kirchnerismo, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, no ha tenido ningún empacho ni vergüenza alguna al acusar a la Corte de ser el brazo operativo de la oposición en la Justicia, de responder a Mauricio Macri, de representar a los grupos concentrados del poder económico y mediático del país por haber suspendido las elecciones en dos provincias en apariencia afines, San Juan y Tucumán, cuando en el 2019, miembros del mismo movimiento lograron frenar el camino hacia una re relección de Alberto Weretilneck en Río Negro, casualmente, con los mismos argumentos que hoy ha esgrimido la oposición para los casos de Sergio Uñac en San Juan y de Juan Manzur en Tucumán.
Como ahora se está recordando de forma pertinente, profusa y fluida en los medios, en el 2019, la Corte le impidió a Weretilneck presentarse para un nuevo mandato de gobierno provincial haciendo lugar a una presentación de Martín Soria, el actual ministro de Justicia de la Nación, quien era en ese momento el intendente de General Roca. En marzo de aquel año, el propio Soria, el mismo que hoy ha dicho que el fallo de la Corte sobre San Juan y Tucumán responde a una actitud “mafiosa contra el peronismo”, además de tildarlo de antidemocrático como lo ha dicho el presidente Fernández, decía que había primado “el respeto por la Constitución y esa es una buena noticia para todos los rionegrinos. El actual gobernador no podía ser candidato nuevamente, y la Justicia así lo hizo saber. Que se impida violar la constitución, que se haga cumplir la ley. Esa es la buena noticia”.
Más sobre las contradicciones, de mensajes engañosos y de manipulaciones que deja el kirchnerismo en todas sus versiones alrededor de la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán: la posición de José Luis Gioja, por caso, en San Juan frente a su ahora archirrival Sergio Uñac, el que fuera su vicegobernador entre el 2011y el 2015.
Gioja ha cargado sin miramientos sobre su ex discípulo y lo mínimo que le ha dicho es “caprichoso” por forzar una interpretación agarrada de los pelos de la Constitución para presentarse para un nuevo mandato como gobernador. Y todo porque Gioja, el viejo caudillo del peronismo sanjuanino, hoy ferviente y rabioso militante cristinista, pretende volver a tomar el control de la provincia que gobernó entre el 2003 y el 2015, teniendo como vice a Marcelo Lima entre el 2003 y el 2007; a José Rubén Uñac (hermano de Sergio, el actual gobernador) entre el 2007 y el 2011 y al actual gobernador entre el 2011 y el 2015, año en el que lo sucediera en el cargo al que hoy pretende retornar.
Entonces, qué más que frustrante y desalentador para cualquiera, en medio de una cada vez más angustiante situación económica, resulta ser parte de este espectáculo que da el gobierno sin otro objetivo que el de promover motivos de supuestos climas destituyentes contra el sistema democrático por recibir fallos en contra o advertencias de la Justicia ante un posible y flagrante caso de violación de la misma Constitución. Una Constitución que, según desde el lado en el que esté parado el gobierno que acusa y crea desequilibrios de forma permanente, es buena, mala, insuficiente, deficiente o que está hecha al servicio de quienes ve como sus enemigos: sectores de la oposición, los medios, los grupos económicos, la iniciativa privada y de todo aquel que no le rinde culto a sus ocurrencias.
No hay más clima de impotencia generalizada que no sea la postura de un gobierno que ha dado muestras de fracaso absoluto en lo mínimo que se le pedía: en todo lo que podía ser aportado para estabilizar la economía y no provocar un desmadre de todas las variables que fue produciendo por su propia incapacidad.
Puede que, entre otras cosas, los argentinos de este momento estemos siendo protagonistas de una suerte de cambio de época respecto de los niveles de tolerancia social y de ciertas instituciones, como la Corte, por caso, frente a los abusos constantes y en aumento de un grupo de poder que haciendo alarde de apoyos populares se ha creído con el derecho de asumir raras interpretaciones de las normas y, más que eso, de forzar lecturas constitucionales y de rechazar fallos judiciales cuando no le son favorables y que han terminado convirtiéndose en golpes democráticos, al mismo sistema que se reconquistó 40 años atrás.
El cambio de época quizás tenga que ver con enfrentar lo que viene instituido y establecido por tradición o por creencias, todas medidas desde lo estrictamente político. Una de ellas ya ha comenzado a desmoronarse, si no es que lo hiciera por completo hacia fines del 2019, cuando la administración de Cambiemos terminara en tiempo y forma aquel mandato; un hito, una marca institucional no conseguida en casi cien años de gobiernos dominados por un solo color político.
El mal humor del momento, la incertidumbre, las frustraciones colectivas por tantos años de fracasos, también puede que estén dejando atrás sensaciones generales de que con tales asuntos o determinadas cosas no se puede; como contra las constantes violaciones o intentos de incumplimientos de normas y preceptos constitucionales con los que la mayoría concuerda, pero que ciertos tipos de castas de poder absoluto han pasado por alto sobre la base de engaños y relatos. Pareciera que la mecha de la paciencia, junto a la de la tolerancia, se ha acortado. Y no sólo la de los sectores populares que mansamente aceptaban lo que se imponía; también la de algunas instituciones, como es la de la Justicia, claramente, y que es vital para el sostenimiento de la república.