En medio de la polémica que generó el reconocimiento de tierras por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a los autopercibidos mapuches, ahora la comunidad huarpe local-con personería jurídica- reclama 780 mil hectáreas en Lavalle que fueron expropiadas en 2001.
A través de una nota que ingresó en la Legislatura, el pueblo originario reclamó los derechos de tierra otorgados a través de la ley 6920. Esa normativa estableció la expropiación de terrenos que están en Lavalle.
En el año 2001 se sancionó la norma mencionada anteriormente y más tarde el ex fiscal de Estado, Pedro Sin, la declaró inconstitucional, afirmando que violaba el derecho a la propiedad. En el 2008 la Suprema Corte falló a favor de las comunidades indígenas. Sin embargo, ese fallo mencionó que no le correspondía al Poder Judicial interferir en las facultades que la Constitución le da a otros poderes del Estado.
“En más de 13 años el Estado provincial no ha notificado a los demandados como tampoco ha procedido a realizar la desposesión ordenada por ley. Desde el Estado Provincial y Nacional no surgen respuestas satisfactorias si no más bien complicidad frente al despojo”, señalaron a través de la nota firmada por diferentes representantes de comunidades huarpes.
Además, explicaron que la no efectividad de la ley genera daños “moral, económico, salud, físico y mentalmente”.
“El pueblo huarpe se siente olvidado y discriminado”, concluyeron en la misiva.