El juicio por el secuestro extorsivo y asesinato del empresario Diego Alfredo Aliaga se reanudó este martes con una medida clave. Se trata de una inspección ocular en la casa de Guaymallén, donde creen que se perpetró el homicidio del ex despachante de aduana, y un galpón de Ciudad.
Minutos antes de las 10, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 1, Alberto Daniel Carelli, María Paula Marisi y Alejandro Piña, llegaron hasta el domicilio de calle Bandera de los Andes 9840/9846, en Rodeo de la Cruz, predio donde la víctima y su socio Diego Alejandro Barrera (52) -principal sospechoso del crimen- tenían pensado abrir un centro de rehabilitación para discapacitados, a mediados de 2020.
En el lugar también estuvieron la fiscal de Cámara Gloria André, las abogadas Gabriela Massad -representante legal de Washington Yamil Rosales (34)-, Gemina y Anahí Venier, defensoras de la esposa de Barrera, Bibiana Elizabeth Sacolle (48), y los hijos de ella, Lucas Agustín (28) y Gastón Nicolás Curi (30), y Leonardo Pérez Videla, representante de Barrera.
Este último también participó de la inspección, esposado y custodiado por personal del Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, se presentó el padre de Aliaga, colaboradores del TOF Nº 1, la Fiscalía y prestó colaboración en el operativo la Gendarmería Nacional.
Básicamente, la medida se realizó con la intención de que los magistrados pueden tener mayor claridad sobre las declaraciones, con respecto al espacio en el que sucedió el hecho de sangre.
También buscan tener en claro la ubicación de los testigos, así como también algunos elementos para reconstruir de manera consistente la historia.
Fuentes judiciales explicaron que, a través del recorrido, tanto la Fiscalía como los defensores esperan obtener mayores exactitudes sobre ciertos momentos del relato que no quedaron claros a través de las testimoniales recepcionadas.
En tanto, posteriormente las autoridades se trasladaron hasta el galpón de calle Jujuy 840, en la Cuarta Sección Este, donde, de acuerdo con la investigación, el cadáver de Aliaga fue trasladado luego del asesinato.
En ese lugar, que era utilizado por la familia Barrera para guardar vehículos de su empresa de transporte, mantuvieron durante algunos días el cuerpo del empresario, hasta que fue llevado a Lavalle y enterrado en el descampado donde los detectives del caso lo terminaron encontrando el 10 de setiembre de 2020.
Aliaga desapareció el 28 de julio de ese año después de asistir a una reunión que tenía con su socio en la citada propiedad guaymallina.
Al día siguiente, cuando su familia se comenzó a preocupar porque no tenían noticias sobre él, su hermano recibió una llamada extorsiva, en la que le exigieron dinero y le deslizaron que había sido secuestrado.
Luego de que se radicó la denuncia, se inició una intensa búsqueda e investigación que terminó apuntando contra Barrera, su familia y Rosales, un empleado que trabajaba para ellos.
Justamente, este último se transformó en el arrepentido de la causa y su aporte fue clave para que los pesquisas ubicaran los restos de Aliaga.