El tratamiento para la aprobación final del proyecto para ampliar los juicios por jurados a otros delitos se retrasará al menos una semana de lo previsto. Se esperaba que el miércoles llegue al recinto de Diputados, pero este martes el oficialismo no logró el despacho para dar ese paso.

En la reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Marcelo D´Agostino, subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales del Gobierno, y José Valerio, en representación de la Suprema Corte de Justicia, defendieron la iniciativa enviada a la Legislatura por el Ejecutivo.

En el encuentro se esperaba que se emitiera el despacho para que llegue al recinto de Diputados, sin embargo, para continuar el debate, la comisión decidió reunirse de nuevo la semana próxima. Según las fuentes legislativas consultadas, la postergación se debió principalmente a un tema de agenda, puesto que también estaba en carpeta de la cámara baja sacar a su vez el despacho favorable para la Oficina de Conciliación Obligatoria en el Fuero Civil y Comercial. Este último proyecto será tratado en la sesión de este miércoles.

La iniciativa para extender el procedimiento de enjuiciamiento popular presentada por el gobernador Rodolfo Suarez ya fue aprobada en el Senado, y tiene el aval de la oposición debido a que la implementación de los juicios por jurados surgió tras un acuerdo entre el entonces gobernador Alfredo Cornejo y la senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos).

Con esto, el Gobierno provincial busca ampliar esta modalidad a casos de abusos sexuales seguidos de muerte y otros delitos de mayor gravedad. Hasta ahora, se implementa en femicidios, homicidios criminis causa, homicidios agravado por alevosía, entre otros.

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Este martes, de manera virtual, Valerio afirmó que los juicios por jurados son “una gran ventaja” porque “mejoran la calidad” de los procedimientos. El ministro de la Corte afirmó que el sistema “ha obligado a los jueces y a las partes a empezar a analizar desde otra perspectiva. Es un conjunto de beneficios”.

Respecto a la forma gradual y decreciente en la que buscan ir aplicando este sistema, dijo que eso se debe a que “no puede ser de golpe” la ampliación de delitos en los que se implemente.

D´Agostino, en tanto, celebró el funcionamiento de este sistema. “Destaco la participación ciudadana, hay un grado de compromiso del ciudadano mendocino, no hubo ausencias que suspendieran los juicios. Todos los veredictos fueron conformados”, indicó.

Además, explicó que el proyecto propone cambios de algunos artículos y no de la totalidad de la ley vigente, ya que “se irá revisando en forma permanente.

En los artículos que se modificaron se establece que la competencia se determinará con la calificación de los hechos; el sorteo de los 12 integrantes de los jurados y los cuatro suplentes será público; también se fijan criterios para la excepción de la oralidad.

Además, se instituyen instrucciones para la lectura de las instrucciones, deliberación y veredicto y para la determinación de la pena.

La Oficina Central de Juicio por Jurados del Poder Judicial de la provincia, junto a las Oficinas de Gestión Administrativa Penal de cada Tribunal Penal Colegiado, son las encargadas de la logística y organización de las actividades que implica el desarrollo de todo el proceso, que culmina con el veredicto.