“¿Cuál es el tamaño del Estado que puede financiar el sector privado (familias y empresas) sin que lo asfixie? El Estado debería tener tamaño razonable y financiable que cumpla con sus funciones indelegables y que promueva la competitividad, enfocándose en la eficiencia y eficacia del gasto, y en la razonabilidad de la carga tributaria y de deuda, para que el sector privado pueda producir más, crecer, exportar más y generar empleo de calidad. El sector privado productivo es el que genera la riqueza de un país. El Estado sólo puede afectar parcialmente su distribución, y es esperable y necesario que lo haga sin distorsionar la asignación de recursos. Entendemos que ha llegado el momento de intentar el camino difícil, es decir, gestionar el Estado asumiendo que los recursos son siempre escasos (y las necesidades no priorizadas tienden a infinito), por lo que una gestión presupuestaria responsable implica seguir principios de eficiencia y eficacia en la gestión de recursos y gastos públicos. Este es el camino difícil, pero, a nuestro criterio, el más sustentable y el único alineado con la mejora de la competitividad sistémica de nuestra economía. Así, el gasto público debe alinearse con las razonables posibilidades de financiamiento del Estado por parte del sector privado”.

La pregunta y la reflexión que la sucede está inserta en el documento que sobre competitividad y desarrollo realizaron los empresarios mendocinos nucleados en el CEM y que acaba de ser publicado. El trabajo, de cerca de 50 fojas, cuenta con el aporte del IERAL y de la Fundación Mediterránea y reseña buena parte de los informes periódicos que el CEM ha venido difundiendo sobre el estado de las cuentas públicas nacionales y provinciales y, por sobre todo, de la economía y de ese problema estructural con el que cuenta: no crece; está estancada; no genera empleo privado registrado; los salarios que se pagan, por sobre todo en Mendoza, son bajos; el empleo que se ha creado ha sido sólo el público, agrandando con eso el Estado y su peso por sobre los privados que pagan impuestos, entre los efectos más visibles de una crisis que, cuando menos, ya ha cumplido diez años si se cuenta el punto desde que se estancó la actividad. Y este trabajo, el de la competitividad y el desarrollo, con sus propuestas y sugerencias a ser tomadas como políticas de Estado, viene a coronar un ciclo al que hay que detener, porque de ninguna manera se ha podido sacar algo promisorio de todo lo que le ha ocurrido a la Argentina y a Mendoza en estos años.

Y qué debería hacer el país para mejorar su dramática situación de competitividad frente a las economías vecinas y del resto del planeta. En principio, comenzar con la disminución de los costos laborales no salariales: sin afectar salarios, bajando los costos unitarios, reduciendo los impuestos al trabajo que se les cobran a las empresas, los costos de las ART y la litigiosidad laboral, dice el documento. Y, por otro lado, agrega, se tiene que aumentar la productividad, lo que –concluye–, permitiría mejorar los salarios reales sin afectar el costo laboral unitario. Para todo esto, afirma contundentemente, “es clave la educación, la capacitación para el trabajo y el entrenamiento laboral”.

¿Y qué con respecto a Mendoza? Bueno, los empresarios sugieren diez medidas para ser tomadas sin más: mejorar el clima de negocios (menos trámites, simplificación y menos burocracia); continuar con la racionalización del Estado (menos gasto, menos presión impositiva, menos ingresos brutos); crear empleo privado registrado (para lo que hay que disminuir los impuestos); tender hacia una educación de excelencia y de calidad, que prepare y capacite para el trabajo (con industria del conocimiento, innovación e industria 4.0); crear un mercado financiero y de capitales para permitir el financiamiento al sector privado; diversificar la matriz productiva; insertar a las empresas en los sistemas globales de valor, lo que permitiría aumentar las exportaciones con una meta de tres veces más en diez años (unos 5.000 millones de dólares para el 2030); tener eficacia en el uso del agua; asegurar y garantizar la provisión de recursos críticos, como la energía, haciendo foco en las renovables y posicionar a la provincia como clúster logístico de cara al Pacífico, para lo que hay que mejorar la infraestructura vial, empezando por la ruta 40, y de ahí en más.

Si bien a lo largo de los últimos tiempos los informes del CEM, como los de otros sectores, se han ocupado de identificar los motivos y las razones de por qué se ha llegado a una situación de extrema crisis como la actual, con la elaboración quizás abusiva de diagnósticos, resulta cuando menos sorprendente e impactante repasar el sinnúmero de padecimientos que han enfermado a Argentina y, claro, a Mendoza. Lo más increíble de todo, por lejos, es que aunque se repitan y se repitan tales problemas y se los plantee a modo de reclamos en cuanto foro y artículo se precie, los gobiernos los han ido replicando y multiplicando, agravando, desde ya, la crisis.

Por caso, Argentina, en términos de competitividad a nivel mundial se encuentra en el puesto 83 de un total de 141 países relevados, según el Foro Económico Mundial; el peso del sector público sobre la economía privada, el PBI, pasó de 30 por ciento a 44 por ciento en diez años; la presión impositiva es de 29 por ciento por sobre el PBI, cuando el promedio en América latina es de 21,9 por ciento; en Argentina tenemos 165 impuestos en los tres niveles de gobierno. De ellos, 12 representan el 91 por ciento de la recaudación. Y la carga tributaria de las empresas es de 106 por ciento por sobre sus ganancias, además de que los impuestos al trabajo suponen el 35 por ciento.

Pongamos el punto sobre la carga tributaria por arriba de las ganancias de las empresas: según este informe del CEM, en Argentina, la carga impositiva es mayor que los beneficios de las empresas: de los beneficios antes de impuestos, el Estado se queda con una porción mayor que la empresa. “El impacto sobre la rentabilidad es significativo e incide en los niveles de inversión que pueden afrontar las empresas”, sostiene.

Todo este desaguisado de mala praxis, de medidas equivocadas, de rumbos distorsionados y de decisiones que en su mayor medida han estado motivadas por exceso de dosis de ideología, han provocado lo que ya todos sabemos: en 30 años nunca se pudo bajar el piso de la pobreza del orden de 25 por ciento en el país. 

Un drama interminable: hacia diciembre del 2021, según el INDEC, la pobreza era de 37,3 por ciento, mientras que en Mendoza orilla el 38 de acuerdo con su propia medición. Dice el informe del CEM: “Los argentinos somos 13 por ciento más pobres que una década atrás, con récord de gasto social”. Imperdonable.