Luciano Ortego es uno de los seis abogados (un séptimo es defensor oficial) imputados desde el 5 de mayo en la llamada megacausa Bentogate, que tiene al titular del juzgado Federal Nº1 de Mendoza sospechado de ser cabecilla de una asociación ilícita dedicada a sacar presos de la cárcel a cambio de miles de dólares.

Por diferentes motivos, junto con su colega Jaime Alba, es uno de los letrados que permanece en situación de encierro porque no le hicieron lugar a ninguno de sus pedidos.

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En las últimas horas, Ortego insistió con el beneficio de la excarcelación argumentando diversos motivos a través de sus abogados Carlos Moyano y Nicolás Camani pero la Cámara Federal de Apelaciones, en un fallo unánime, decidió no hacer lugar.

Básicamente, Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Alfredo Rafael Porras, confirmaron este miércoles la resolución del juez Eduardo Puigdéngolas del 2 de junio que lo mantiene tras las rejas porque existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

En la instrucción que llevan adelante el fiscal General Dante Vega y el juez Puigdéngolas, Ortego es uno de los máximos responsables en la cadena de mando de la estructura porque era quien coordinaba las actividades de la organización criminal consiguiendo abogados para actuar en los casos de cohecho o incluyéndose entre los mismos en caso de ser necesario.

Las pruebas que lo complicaron se encontraron en el teléfono celular de Walter Bardinella Donoso (su amigo y cliente y también imputado en la causa), la copia del SIM Card obtenido entre el llamado nexo o facilitador de la organización, Diego Aliaga (asesinado el año pasado) y una serie de testimoniales que forman parte de la causa.

De acuerdo con fuentes judiciales, la defensa de Ortego había presentado una apelación buscando la excarcelación basándose en que no existen riegos procesales y porque su cliente se encuentra entre los grupos de riesgo de COVID-19. Además, se basó en el escrito en la no valoración de los informes médicos, la falta de antecedentes penables computables y en porque no estaba acreditada la existencia de una organización delictiva como sostiene la fiscalía.

Sin embargo, los camaristas analizaron todos los argumentos y los descartaron en la resolución que se ventiló este miércoles.

Por ejemplo, entendieron que, por la gravedad de las acusaciones que recayeron sobre Ortego (cohecho y asociación ilícita), en caso de ser hallado culpable si llega a debate oral, “no se permite avizorar la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional”.

De esta forma, como está la posibilidad de una pena de cumplimiento efectivo, de otorgarle la libertad mientras se desarrolla la instrucción, el abogado podría fugarse y entorpecer la investigación.

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“Por otra parte, y por el momento, debemos ponderar que tampoco se advierte que el período de tiempo que el imputado lleva cautelarmente privado de su libertad se presente como desproporcionado, en orden al mínimo de la escala penal con la que se reprime a los delitos en trato”, señalaron los magistrados.

Y agregaron: “…los elementos objetivos previamente analizados en su totalidad –y no aisladamente– habilitan a sospechar que media en autos un peligro cierto, no aparente o general, de que, en caso que recobre su libertad en esta instancia, obstaculizaría la investigación e intentaría eludir el accionar de la Justicia, evitando cumplir la pena que en definitiva pudiere caberle”.

La defensa del abogado detenido también solicitó, en subsidio, la detención domiciliaria en virtud del cuadro médico que padecería (EPOC, Hipertensión Arterial, Trombosis Venosa y síndromes depresivos).

Sin embargo, la Cámara consideró que no correspondía tratarlo porque el juez de primera instancia había iniciado un incidente aparte de la excarcelación. El mismo, señalaron las fuentes, todavía no había sido tratado y se fijó una audiencia para el próximo 5 de julio