La novela continúa por el supuesto pago de coimas a cambio de beneficios en la Justicia federal.

Ahora, una de las causas más importantes de los últimos tiempos en la provincia podría verse afectada a partir de un pedido del testigo estrella de la investigación. 

Se trata del expediente por el secuestro extorsivo y asesinato del empresario Diego Alfredo Aliaga (51), que tiene detenido como principal sospechoso a Diego Alejandro Barrera (50).

Justamente, las declaraciones de Barrera tras ser atrapado por el homicidio de su ex socio fueron las que dieron el puntapié para iniciar la pesquisa por los presuntos cohechos.

En las últimas semanas, el testigo amplió su testimonio en el expediente que lidera el fiscal Dante Vega y que está bajo la órbita del juez federal de San Rafael Eduardo Puigdéngolas. 

A partir de la trascendencia que tuvo el caso y el malestar que provocó en los pasillos de los Tribunales de calle España, Barrera había pedido a través de su abogado pasar a formar parte del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

Ver también: Presuntas coimas en Tribunales Federales: un juez quiere saber si lo investigan

Esto incluye a su familia, ya que su mujer e hijastros también se encuentran detenidos y procesados por el crimen de Aliaga.

Pero ahora el defensor hizo una nueva presentación ante el juez Marcelo Garnica para recusar al fiscal Fernando Alcaraz en la causa de Aliaga.

A través de su representante legal, Barrera dio a entender que Alcaraz podría estar mencionado en el expediente de las presuntas coimas y podría llegar a ser investigado. Ante eso, sostiene que debe apartarse de la investigación del caso Aliaga porque pierde objetividad, explicaron fuentes consultadas.  

Para esto, Barrera se apoya en el artículo 95 del Código Procesal Penal Federal, que trata las inhibiciones y recusaciones: “El representante del Ministerio Público Fiscal, el auxiliar fiscal y el asistente fiscal se inhibirán y podrán ser recusados si existe algún motivo serio y razonable que afecte la objetividad en su desempeño. La recusación y las cuestiones de inhibición serán resueltas por el juez ante el cual actúe el funcionario recusado o de cuya inhibición se trate”, reza el texto. 

Ante ese pedido, se le dará conocimiento sobre esa situación al fiscal Alcaraz para que de una respuesta y luego será el juez Garnica quien deberá resolver, sostiene la información judicial.

Investigación caliente

A comienzos de agosto del año pasado, Diego Barrera fue detenido como principal sospechoso por la desaparición de su socio, Aliaga.

Días después de su captura, mientras su situación procesal se iba agravando cada vez más, el acusado soltó una bomba durante una declaración en ese expediente.

Aseguró que el ex despachante de Aduanas hacía arreglos con jueces para obtener beneficios en ciertos procesos a cambio de sobornos y aseguró que también habían abogados involucrados. 

Por ese motivo, se inició una causa para conocer la veracidad de los dichos de Barrera, pero ningún juez quería hacerse cargo de la caliente pesquisa. Finalmente terminó en manos de Puigdéngolas y también intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). 

En la investigación se están analizando diversas escuchas telefónicas de expedientes que ya se han tramitado en la Justicia federal local, en las cuales los imputados hacen mención a la posibilidad de un pago para obtener beneficios en sus situaciones procesales.