La causa por la muerte del empresario Diego Aliaga podría dejar de investigarse en la Justicia federal porque, de acuerdo con una resolución del juez Marcelo Garnica, no se trató de un secuestro extorsivo, como se calificó en un principio.

De esta forma, el expediente de más de 1.500 fojas podría pasar en las próximas horas a manos de la Justicia provincial. Para el día que se denunció la desaparición de la víctima, el 28 de julio, se encontraba de turno la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.

“Que luego de un profundo análisis de la presente causa, aprecio que el avance de la investigación ha demostrado que los hechos del caso bajo examen corresponden a la competencia de la Justicia Ordinaria, sumándose a ello que el estado actual por el que transita la causa (etapa de instrucción y con mucha prueba por producir), no justifica el mantenimiento de este fuero de excepción para continuar interviniendo en el proceso”, destacó el titular del Juzgado Federal Nº3 de la provincia en las 12 hojas de su resolución. 

Y agrega, basándose en un fallo de la Corte Suprema de la Nación del año pasado sobre conflictos de competencia iniciado por un causa con la misma calificación, que en el caso Aliaga no se está en presencia de un “la existencia de una organización delictiva destinada a cometer en forma sistemática secuestros extorsivos, o la multiplicidad de ilícitos cometidos en distintas jurisdicciones, o bien la participación de miembros de las fuerzas de seguridad”.

Básicamente, de acuerdo con lo que comentaron fuentes de la instrucción, con el avance y la incorporación de pruebas en el Justicia federal siguiendo la hipótesis de un secuestro extorsivo (la causa la lidera desde un principio el fiscal Fernando Alcaraz), se concluyó que podría tratarse de un homicidio simple (podría agravarse por alevosía o el concurso premeditado de dos o más personas).

De confirmarse lo entendido por Garnica, el sumario quedará bajo la órbita de Lazo, quien deberá realizar un nuevo nuevo análisis de las pruebas y determinar si a todos los detenidos por el fuero federal le corresponde una imputación.

Sin embargo, todo esto pasará siempre y cuando que el fiscal federal que instruye la causa no apele la resolución de Garnica.

Si esto sucede (de acuerdo con fuentes judiciales federales, el Ministerio Público lo hará), será la Cámara de Apelaciones de los Tribunales federales la que defina. 

Asimismo, el jefe de los fiscales provinciales de Homicidios también puede no coincidir con el juez Garnica. De existir algún cuestionamiento, la definición para la competencia estará a cargo del máximo tribunal de la Nación, es decir, la Corte Suprema.

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Así las cosas, si la Justicia Ordinaria toma la causa deberán volver a ser citados el socio de Aliaga, Diego Barrera; su pareja, Bibiana Sacolle; los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi; y un empleado de la empresa de los sospechosos, Yamil Rosales.

Con respecto a este último, también deberá estudiarse su situación procesal, debido a que firmó un pacto de colaboración con los magistrados federales.

El empresario Diego Aliaga desapareció el martes 28 de julio cuando se encontró con su amigo y socio Diego Barrera en una casa ubicada sobre calle Bandera de los Andes de Guaymallén. 

Desde la mañana de ese día, hasta la tarde del 11 de este mes, nada se supo del empresario. Sin embargo, gracias a al “arrepentido” (Rosales), los investigadores lograron encontrar el lugar exacto donde lo habían enterrado, en Costa de Araujo, Lavalle.

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La reconstrucción inicial sostiene que Aliaga fue reducido en esa propiedad y murió por sofocación, debido a que le habían tapado las vías respiratorias con un trapo. Creen que lo apretaron por temas económicos y murió por un paro cardiorrespiratorio