La Justicia condenó la mañana de este martes a César Alejandro Verdenelli (45) por la muerte de Alan Villouta (21), el joven que atropelló y mató en el Acceso Sur a mediados de 2017.
El Tribunal Penal Colegiado N° 2, conformado por los jueces Ezequiel Crivelli, Marcelo Gutiérrez del Barrio y Ariel Spektor, le impusieron una pena de tres años en suspenso y una inhabilitación para conducir de ocho años por el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria.
De ese modo, el empresario seguirá en libertad, condición en la que se encontraba desde fines del mencionado año, tras cumplir algunos meses de detención en su domicilio de Guaymallén.

Los magistrados se inclinaron por el pedido del fiscal Carlos Torres -subrogado este marte por el jefe de Homicidios Fernando Guzzo-, que había pedido la misma pena, aunque entendía que sólo correspondían seis años de inhabilitación para conducir.
Por su parte, la defensa, a cargo de Eduardo de Oro, había pedido la absolución de su cliente o, en subsidio, que le dieran mínima de un año. Mientras que la querella, liderada por Ariel Benavidez, solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación.
Básicamente, el Tribunal validó los fundamentos de la Fiscalía, los cuales señalaban que Verdenelli no había tenido intención alguna de quitarle la vida al chico y que se trató de un hecho meramente accidental.

La audiencia se realizó a través de una videoconferencia entre las partes, en las que estuvieron incluídos como querellantes los padres de Villouta, quienes se transformaron en el último tiempo en activos representantes de la Campaña Estrellas Amarillas, una ONG que intenta concientizar sobre los accidentes viales.
Ahora, el representante legal de la familia de la víctima tendrá un plazo para presentar un recurso de casación, en caso de que no hayan quedado conformes con la sentencia. Aunque para esto debe aguardar la lectura de los fundamentos, que fue programada para el martes de la semana que viene.
El caso
Corría la madrugada del 26 de agosto de 2017 cuando Alan estaba saliendo de su trabajo, en una pizzería del centro comercial La Barraca Mall, en Dorrego.
Alrededor de las 2, el joven estaba dirigiéndose a tomar el colectivo. Para esto, siempre debía cruzar por debajo de un puente del Acceso Sur, pero en ocasiones anteriores había sido asaltado.
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Ante la posibilidad de que eso volviera a suceder, Alan decidió tomar un atajo atravesando el Acceso Sur. Pero cuando iba por la mitad de uno de los carriles una camioneta Porsche Cayenne blanca lo impactó de costado.
El joven quedó con severas heridas tendido en la circulada arteria, mientras que el conductor del rodado no se detuvo y continuó su marcha. Así, fueron otras personas que circulaban por allí las que se frenaron para asistirlo y dar aviso a la línea de emergencias 911.

Sin embargo, cuando personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron al lugar sólo pudieron constatar la muerte del muchacho.
A partir de allí, se inició una intensa búsqueda del conductor de la Porsche Cayenne. Se revisaron cámaras de seguridad y se recepcionaron testimoniales, pero la tarea no era fácil.
Unas 60 horas después del siniestro, y con la presión de la trascendencia mediática del caso, Verdenelli se presentó espontáneamente ante la Justicia. Unos momentos antes, su padre había entregado la camioneta en una sede judicial.
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En principio, el empresario, que vive en Guaymallén pero es oriundo de la Zona Este, fue imputado por el fiscal Torres por el homicidio de homicidio simple con dolo eventual.
Esto porque entendía que había circulado a alta velocidad, de manera imprudente y en posible estado de ebriedad, aunque esto último no se pudo comprobar por la cantidad de horas que habían pasado desde el hecho hasta que se entregó.

A partir de allí se inició una verdadera guerra judicial para mantener esa calificación, pero fue el propio fiscal Torres quien cambió la imputación a homicidio culposo con los avances en la investigación.
Así, en poco tiempo Verdenelli pasó de estar tras las rejas, a la domiciliaria y finalmente a recuperar la libertad hacia diciembre. En abril de 2018, la instrucción se dio por finalizada y Torres elevó la causa a debate oral y público, que tuvo su definición casi un año después.
