El gobernador Rodolfo Suarez envió a la Legislatura un proyecto para modificar el plazo de adecuación de los jardines maternales a la Ley 9.201. El mandatario propuso extender el plazo de 90 días a dos años para que todos puedan estar en regla. Sin embargo, los propietarios y directivos de estos establecimientos insisten en que este cambio es insuficiente y solicitan la modificación de algunos artículos de la ley porque son “imposibles de cumplir”.

La norma fue impulsada por los legisladores Carlos Bianchinelli, Cecilia Rodríguez y Tamara Salomón y establece la regulación del funcionamiento de las Instituciones de Atención Temprana Privadas y/o Jardines Maternales Privados para que pasen a estar bajo el control de la Dirección General de Escuelas (DGE).

En este sentido, la Ley establece que los docentes que trabajen en estas instituciones deben tener un título habilitante y regula la cantidad de profesionales por niño que debe haber.

Por otro lado crea un Registro Único de Instituciones Privadas de Educación Maternal y/o Atención Temprana de la Provincia de Mendoza, que funcionará en la órbita de la DGE. Asimismo fija una serie de obligaciones para que cumplan los dueños de establecimientos y sus empleados.

Después de la publicación de la ley el pasado 10 de diciembre pasado, Suarez y el director General de Escuelas, José Thomas se reunieron para evaluar algunas de las quejas que habían manifestados lo referentes de los jardines.

Es por eso que entre los fundamentos de la reforma, el gobernador manifestó que “resulta necesaria sobre la base de los principios de razonabilidad, buena administración y la no afectación del servicio educativo en tanto se sustancia el procedimiento de readecuación establecido en la normativa”.

Es así que la nueva redacción de la norma determinará que los establecimientos “contarán con un plazo máximo de 2 años, a contar desde la publicación en el boletín oficial, para adecuarse a sus exigencias, a fin de poder continuar sus actividades”.

Estas medidas no fueron bien recibidas por los directivos de los jardines maternales ya que, si bien están de acuerdo que exista un control, algunas exigencias en torno al número de docentes y el salario que deberán pagarle llevarían a aumentar las cuotas a más del doble.

Marité Aparicio, directora del jardín Pequeninos, señaló que se han reunido alrededor de 70 directivos y contrataron asesoramiento legal para presentar un amparo judicial en contra de algunos puntos de la norma.

“Hay cosas en las que estamos de acuerdo como la habilitación municipal o la contratación de servicios de emergencia pero la cantidad de docentes que nos piden es imposible de afrontar“, agregó la docente.

En este sentido, el senador Marcelo Romano anticipó que recibirá a representantes de los jardines de diferentes puntos de la provincia para volver a plantear modificaciones en la ley.

“Las exigencias que fueron pensadas para darle protección a la primera infancia son desproporcionadas y no se realizó una evaluación real de costo/beneficio”, señaló. El legislador adelantó que realizará una convocatoria a padres, directivos y a representantes de la DGE para que puedan volver a discutir los puntos conflictivos de la ley.

“Esto favorece los jardines clandestinos”, aseguró Romano.