La modificación del cálculo con el que se hace el descuento del Impuesto a las Ganancias es uno de los reclamos más recurrentes que vienen realizando los estatales en la provincia; incluso, el pedido de la suba del Mínimo no Imponible fue la razón de ser del paro que se realizó el martes en todo el país. Ayer, durante una entrega de viviendas, el gobernador Francisco Pérez condicionó la firma del decreto al acuerdo paritario.

El mandatario no quiere que los gremios lo dejen pagando con el decreto firmado sin llegar al acuerdo final de las negociaciones paritarias. “No tengo problema en firmar el decreto pero que sea motivo de cierre paritario”, manifestó.

“No tengo problema en firmar el decreto pero que sea motivo de cierre paritario”.

El problema se agravó porque, la semana pasada, los sindicatos esperaban un anuncio con respecto a este asunto que nunca llegó y quedó solo en la promesa de análisis. Los gremios reclaman que el mandatario imite lo que han hecho otras provincias y modifique la base de cálculo para aliviar a los trabajadores de este aporte. Además, piden igualdad con el resto, ya que a los judiciales se les modificó el año pasado.

La titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Raquel Blas, consideró muy “desacertadas” estas declaraciones de Pérez y le retrucó. “Primero que firme el decreto, es una falta de respeto a la inteligencia de los trabajadores”, manifestó. Según la gremialista, el pedido del gobernador es “totalmente extorsivo”. Los gremios necesitan la “garantía” de la modificación de la base de cálculo previo al análisis del incremento ofrecido.

“El panorama se está complicando, ¿cómo va a decir que firma el decreto si aceptamos el aumento?”, añadió Blas. Desde el gremio explicaron que cualquier propuesta de incremento se lleva a las asambleas con las simulaciones y para eso es necesario tener la garantía de la modificación de la base de cálculo para analizar la oferta.

La gremialista puso de ejemplo la situación de los judiciales, ya que la Suprema Corte primero firmó la acordada y luego siguieron las paritarias. Además, el gremio deja lugar a la duda porque considera que el Ejecutivo en reiteradas ocasiones ha “incumplido acuerdos paritarios”.

La idea es que con ese decreto se dejen fuera del cálculo la asignación de clase, la antigüedad y el presentismo, entre otros. De esa manera, muchos se liberarían de pagar el gravamen, mientras que otros aportarían menos.

Por su parte, Pérez negó que pueda haber una represalia desde la Nación si firma el decreto, ya que la provincia de Santa Cruz fue la primera en realizar este cambio en la base de cálculo.

Mientras tanto, la Administración Central, los profesionales de la salud y los judiciales aún no logran acordar con el Ejecutivo el aumento de este año. Las negociaciones no avanzan y el Ejecutivo viene recibiendo un rechazo tras otro a las propuestas de incremento salarial.