El festival de nombramientos y pases a planta en el Gobierno provincial sigue dando que hablar. A esta altura, muchos están resignados y ya no se sorprenden por estos manejos “irregulares”, según denuncia el radicalismo, de la gestión de Francisco Pérez. Todo esto ocurre a pesar de que el mismo mandatario congeló los ingresos al Estado a principio de año y de la vigencia de la ley de Responsabilidad Fiscal (7.314), cuyo artículo 46 prohíbe realizar designaciones después del 30 de junio en año electoral.

Hecha la ley, hecha la trampa

Sin embargo, existe una maniobra que le permite al Ejecutivo seguir realizando nombramientos y pases a planta a través de la reserva de números de decreto con fechas anteriores al 30 de junio, que después son utilizados para las designaciones. Basta con mirar el Boletín Oficial de cada día para observar los nombramientos de los “amigos del poder” y funcionarios, especialmente en los ministerios de Seguridad, de Salud y en la Dirección General de Escuelas, carteras exceptuadas del congelamiento de vacantes. Toda esta situación se da en medio de la crisis financiera que atraviesa la Provincia, y que ha hecho que en algunas ocasiones el dinero no alcance ni para pagar los sueldos.

Pero, ¿cómo se logra pasar por alto las leyes? Según fuentes de la Casa de Gobierno, detrás de toda esta “ingeniería” hay dos personas que se encargan de dar curso a los expedientes salteando los pasos que corresponden: ellos son los que encabezan este entramado. Se trata del director general de Administración del Ministerio de Hacienda, José Alberto Gómez, y de la subdirectora de Contabilidad de la Provincia, María Mercedes Derrache. De hecho, sus puestos “guardados” son el claro ejemplo de los pases a planta en el Estado de funcionarios. Todo esto, según advierte la oposición forma parte de un pacto que se realizó con los gremios donde cada cinco personas que pasan a planta, tres son del gremio y dos son funcionarios.

Muchos empleados de Hacienda se cansaron de sostener esta situación, ya que se sienten “apretados” por esos dos funcionarios que los obligan a cargar los expedientes y no los dejan revisarlos. Esto sucede en el área de liquidaciones. De hecho se sabe que en el ministerio que comanda Juan Gantus a varios le han subido la categoría para que, tanto Gómez como Derrache, puedan subirse la de ellos y así no los “entreguen”. Sin embargo, muchos empleados no están de acuerdo con esa metodología, de hecho han intentado negarse a firmar los decretos reservados, de los que ni siquiera reciben una copia.

Tras el malestar de los empleados, tanto Gómez y Derrache se encargan personalmente de llevar en la mano los expedientes para ir recolectando las distintas firmas. Incluso algunos aseguran que se instaló una oficina en el octavo piso donde trabajan con los expedientes. De hecho alguna de esas maniobras puede observarse si se realiza el seguimiento de un legajo en mesas-web el sistema público de búsqueda y seguimiento de piezas administrativas.

En muchos casos los documentos no pasan por la Gobernación o después de estar mucho tiempo parados en alguna oficina, sorpresivamente aparecen las designaciones en el Boletín Oficial en fechas donde no tuvieron movimientos. El papel que juega Derrache en esta situación es clave porque es quien se encarga de “controlar”.

Para poner un ejemplo, el decreto 988/2015, con fecha del 19 de junio, designa a Diego Fernando Cortez Garro con clase 08 y mayor dedicación en el Ministerio de Seguridad. El expediente ingresa en noviembre del año pasado, desde el 9 de enero hasta el 1 de julio no tiene movimientos y el 1 de julio aparece el decreto 988 de designación. Sin embargo no pasa por Gobernación y en el Boletín Oficial figura con fecha 19 de junio, cuando en esa época el expediente estaba parado. Este decreto se publicó en el Boletín Oficial el 30 de junio.

 

Otro ejemplo se observa con el decreto 884, publicado el 14 de agosto, con el que se designa en planta permanente con clase 13 a Silvia Rodríguez en el Ministerio de Seguridad. Esta mujer tenía un cargo fuera de nivel desde el 2012 como asesora en gestión de compras y ahora fue premiada en un puesto con estabilidad en ese ministerio. En el sistema mesa se observa que el expediente está parado desde el 14 de noviembre del año pasado, lleva 288 días sin movimiento.

 

Esos dos casos de los tantos que hay son la prueba de cómo manejan la documentación en la mano. Además en el sistema no figura que hayan pasado por Gobernación.

Otra artimaña que es común observar en el Boletín Oficial es la creación de cargos para posibilitar designaciones. Por ejemplo, a través del decreto 936 -con fecha del 15 de junio- se modifica la planta de personal y se crean ocho cargos en el Ministerio de Infraestructura. A través del decreto 1.202 -con fecha del 6 de julio- se modifica la planta de personal del Ministerio de Seguridad para posibilitar la creación de cinco cargos. El decreto 1.204 del 7 de julio dispone de la creación de cargos en la Dirección General de Escuelas.

Un caso llamativo ocurrió en el Ministerio de Cultura donde a través de la resolución 1.668 se crea la oficina de Padrinazgo Cultural que constará de tres miembros. A través del decreto 1.280 con fecha del 31 de julio se crearon dos cargos para los pases a planta de dos personas del Ministerio de Hacienda, exceptuándolos del congelamiento de vacantes. También el decreto 1.281 con fecha del 31 de julio crea nuevos cargos en ese mismo ministerio.

Además una metodología muy utilizada es la reserva de cargos en planta para funcionarios. Se los designa con las categorías más altas y cuando terminan su gestión fuera de nivel tienen su estabilidad asegurada en algún ministerio. El claro ejemplo de esto es el caso de Derrache y Gómez.

Este diario intentó comunicarse con los funcionarios pero no obtuvo respuestas.