La provincia está en rojo. El gobernador Francisco Pérez viajó a Buenos Aires en varias oportunidades a pedir dinero para poder pagar los sueldos de los estatales. Desde hace meses los proveedores del estado reclaman meses de atraso. La sociedad mendocina se ve perjudicada por esto, pero especialmente los niños.

Este martes, fue noticia la falta de pediatras tras la muerte de un bebé de 17 días. Pero desde el viernes, los operadores del 102, que reciben las denuncias de maltrato infantil, trabajan de manera restringida por falta de pago en sus sueldos y porque los equipos de atención interdisciplinaria se han ido desmembrando.

“Los problemas son varios: desde falta de pagos, profesionales que renuncian por eso. Se están cerrando equipos de atención de maltrato. Denuncias paradas sin atención porque no hay movilidad. Equipos que quedaron reducidos a un solo profesional. En Capital se atiende sin médicos. En Tunuyán hace dos años que no hay médicos”, son algunos de los problemas que detalló un trabajador que prefirió mantener su nombre en off para reservar su fuente de trabajo.

Quienes reciben las llamadas son seis personas que se dividen en turnos de a dos para poder atender de 8 a 23 de lunes a viernes y los sábados y feriados de 9 a 18. Pero muchas veces, las computadoras donde registran las demandas no funcionan y los trabajadores deben retirarse con las denuncias en sus cabezas y la intranquilidad y angustia de que hay un niño que no pueden ayudar.

“Son unas 20 personas a las que se les debe hasta tres meses de trabajo. El 102 tiene un solo empleado de planta y el resto es contratado. Nos dijeron que el martes iban a depositar lo adeudado y nada. Ahora nos dicen que el jueves. Nosotros no queremos resentir el servicio pero nos vemos obligado”, dijo otro de los empleados.

Además, aseguraron que no hay movilidad para corroborar las denuncias del Valle de Uco por falta de fondos y que no hay un plan de contingencia en el caso de que se corte la luz para registrarlas.  Los equipos se conforman por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, pero según los empleados,  se están desmembrando los equipos porque muchos profesionales han renunciado ante la falta de pago.

“Hay cerca de 18 equipos y varios incompletos. Los médicos no quieren trabajar porque no les pagan. Estamos hablando de prestaciones de aproximadamente tres mil pesos. No son sumas tan grandes y se les debería dar prioridad. Recordemos lo que pasó con el caso Luciana… Creo que ahora vienen teniendo suerte y no hemos tenido que lamentar una muerte más”, dijo el operador.

“Insisto en que no es sólo el pago de los sueldos, sino en que necesitamos los equipos completos y las movilidades correspondientes para que no hayan más Luciana”, expresó otro empleado, quien alertó que si el Gobierno no revierte pronto la situación van a tomar medidas más drásticas.

Por su lado, Diego Álvarez, subsecretario de Planificación y Control del Ministerio de Salud, dijo que son 14 los trabajadores que no han cobrado pero que ha 11 ya se les depositó julio y agosto y que al resto le imputaron el pago el martes y lo cobrarán a partir de mañana.

Con respecto a la falta de profesionales, el funcionario aseguró que “muchos de los trabajadores son contratados y como tal cobran retrasado. Es cierto que han renunciado mucho y que nos faltan médicos para atender los llamados, pero estamos trabajando en ello y viendo de qué sectores podemos enviar especialista para ocupar estos cargos”, cerró Álvarez.