El gobernador electo, Rodolfo Suarez, pudo haber sido el primero de los dirigentes del oficialismo en tener la certeza de que el peronismo se negaría a modificar la Ley Antiminera, la 7.722, y que sus legisladores no acudirían a la cita en el Senado para firmar un despacho conjunto que le imprimiría cambios a la norma.
Como ya se sabe, el martes, un grupo de empresarios y los principales referentes del radicalismo en el Senado debatieron a media mañana las posibles reformas a la ley que se discutirían en la última sesión de la Cámara Alta con la composición previa a la del recambio legislativo. Como el peronismo decidió no acudir al encuentro, el intento modificatorio quedó trunco, y el PJ en su conjunto fue criticado duramente por parte de las cámaras de empresarios y, obviamente, por los legisladores oficialistas. Lo que no sabía –porque tampoco hubo información oficial–, fue que el mismo martes, alrededor de las 8.30, en la residencia oficial de la Gobernación de calle Francia al 600 de Godoy Cruz, Suarez –oficiando en los hechos ya como el gobernador antes de su asunción–, recibía a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien acudía a la cita acompañada por Omar Félix, el hermano del intendente de San Rafael, Emir. En esa reunión, Fernández Sagasti le explicaría a Suarez las razones por las que el PJ ya había decidido de antemano no tratar ninguna reforma a la ley durante el gobierno de Alfredo Cornejo hasta tener un encuentro mano a mano con quien dirigirá los destinos de la provincia desde el 10 de diciembre en adelante; es decir, hasta encontrarse con Suarez.
El encuentro se había previsto desde el día anterior, cuando el gobernador electo, recién llegado de su viaje por Francia, China y Dubai, llamó a Fernández Sagasti para discutir los temas más urgentes de la agenda legislativa, una vez que había tomado conocimiento de que el peronismo no prestaría apoyo a la reforma de la norma por un ramillete de razones: por dudas a las modificaciones en sí, por sus propios problemas internos y como una actitud de protesta y de despecho hacia Alfredo Cornejo, el gobernador saliente, con el que el peronismo tuvo tantos enfrentamientos en los cuatro años de gestión.
Claro que de la reunión en la residencia no fue parte Cornejo, ya más con la mira y la atención puesta en Buenos Aires y en todo lo que le espera en el Parlamento nacional como parte de la nueva oposición, los propios desafíos en la conducción del radicalismo y en la lucha que se está dando por los espacios de poder que se disputan entre los mismos líderes de la oposición de la que forma parte.
Suarez invitó a Anabel, como la principal exponente del peronismo y del que fue su candidata a gobernadora; también a los intendentes que por diversas razones no pudieron acudir, pero en su nombre sí lo haría Omar Félix, el histórico dirigente con una dilatada trayectoria política en sus espaldas: fue intendente de San Rafael, como lo es hoy su hermano Emir, fue diputado nacional y director de la Provincia en la petrolera estatal YPF en los tiempos en los que gobernó el peronismo.
El justicialismo ya había dado señales de negarse a aprobar todo un paquete de leyes que impulsó el oficialismo hasta tanto no entrevistarse con Suarez. En el cónclave del martes, Fernández Sagasti y Félix le habrían dado las razones de esa postura negativa a quien será el próximo gobernador. Pero, además, llegaron a la reunión con intenciones de comenzar a discutir otros asuntos de relevancia y que deben ser aprobados antes de que finalice el año. Allí en la lista está el presupuesto del 2020, las leyes de Avalúo e Impositiva y, por supuesto, las reformas a la 7.722.
De acuerdo con la reconstrucción de la charla a la que accedió este diario, Suarez preguntó qué pretendía el peronismo y escuchó una serie de explicaciones varias, más o menos conocidas. Tras cartón, Fernández Sagasti y Félix le consultaron sobre el contenido del presupuesto en líneas generales, sobre la distribución de los recursos destinados a obras en el territorio, sobre el endeudamiento y las claves generales de por dónde marchará el nuevo gobierno. Luego, la charla giró hacia la postura del PJ respecto de la 7.722. Después de las idas y vueltas, ambos dirigentes le habrían garantizado el voto favorable del peronismo a los cambios, a lo que Suarez les solicitó que ese apoyo se cristalizara de inmediato, de ser posible; incluso, antes del 10 de diciembre, día en que Cornejo le entregue los atributos del mando constitucional.
La reunión les permitió, tanto a Suarez como a Fernández Sagasti y Félix, establecer e inaugurar un mecanismo de diálogo entre oficialismo y oposición diferente del que operó en los últimos tiempos. Claro que mucha de la suerte de la relación entre ambos, el oficialismo y la oposición más importante, dependerá también de todo lo que suceda con el Gobierno nacional, donde los roles están invertidos, con una Fernández Sagasti encumbrada en el Senado, muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner y un Cornejo que, en la Cámara de Diputados de la Nación, comenzará a construir su propio lugar y nuevo espacio de poder al frente de algunos legisladores radicales que le podrán responder en el afán de influir, hacerse notar y no pasar desapercibidos.