Las defensas de los ex alumnos del Instituto Antonio Próvolo que están declarando en el histórico juicio contra dos curas y un jardinero, apuntaron a la complicidad y el encubrimiento de las profesionales y religiosas.

Una de las señaladas es la ex apoderada legal y mano derecha de los sacerdotes, Graciela Pascual (61), de acuerdo con los hechos que se están ventilando en las cámaras Gesell.

La investigación por los abusos sexuales agravados contra los menores sordos en el instituto de Luján de Cuyo no sólo arrojó la participación material en esos aberrantes delitos, sino también la actuación de quienes pudieron facilitarlos y hasta evitar la protección de las víctimas.

Pascual está sospechada por la omisión y la participación primaria en una veintena de hechos contra la integridad sexual de niños y adolescentes. En ese mismo expediente se encuentran las ex directoras, la monja Asunción Martínez, una cocinera y una psicóloga.

Esta causa, paralela a la de las vejaciones y las torturas que ocurrían en el edificio de Carrodilla, fue elevada a juicio en febrero de este año pero no avanzó en las preliminares antes del debate, porque la defensa de Martínez se opuso y planteó la recusación de la jueza Patricia Alonso, quien hacía los controles jurisdiccionales.

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A raíz de la situación de detención de Pascual, quien es monitoreada desde su domicilio, y de que se habían vencido los plazos de su prisión preventiva, se solicitó una ampliación por otros seis meses. Además, se sugirió que se desacumulen de ese mismo expediente las actuaciones que involucran a Martínez, para darle un impulso a la causa y que se haga el juicio este año o en los primeros meses del 2020.

Los abogados querellantes Oscar Barrera y Sergio Salinas presentaron un escrito la semana pasada pidiendo a la unidad fiscal, a cargo de Gustavo Stroppiana, que desacumule la causa contra Martínez –quien está en libertad– y tratar por separado el caso de la religiosa del resto, para que se someta pronto a juicio oral la causa contra Pascual.

La defensa oficial de quien está sindicada como la mano derecha de los curas también busca el mismo interés, ya que la asistente social “lleva dos años detenida sin sentencia”.

También indicaron que apelaron la prórroga de la detención y que aguardan la resolución de un tribunal de alzada.

Qué sospechas hay contra los ex empleados del Próvolo

La semana pasada, mientras se ventilaban los desgarradores testimonios de los denunciantes, uno de ellos dijo que la hermana Asunción Martínez estaba en conocimiento de las vejaciones que sufrió en su niñez en ocho oportunidades de parte del ex jardinero de J.O. y Pilo –como lo llamaban a Armando Gómez (51)– y que comparte el banquillo de los acusados con Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61), de quien también fue víctima.

Incluso, mencionó que su madre le pidió explicaciones a Corradi sobre lo que ocurría con el chico. Sin embargo, no hubo una presentación en la Justicia.

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Tampoco pararon las violaciones que ocurrían en su mayoría en la “casita de Dios” –en el altillo del Próvolo– cuando dos hermanos provenientes de San Luis fueron echados del colegio luego de que su padre también enfrentase a las autoridades por lo que le había pasado a uno de sus chicos.

El horror de lo vivido en la infancia de una joven trans en su paso por la supuesta escuela modelo lo verbalizó durante una Cámara Gesell que se terminó de conocer la semana pasada ante el Tribunal Colegiado Nº2.

Quién es quién en la omisión de denunciar

  • A Graciela Pascual se le reprocha haber sido cómplice de lo que estaba pasando, con la gravedad de tener bajo su guarda a menores. Tiene prohibición de acercamiento a los alumnos que padecieron los vejámenes por parte de los religiosos, con quienes ella tenía una relación directa.
  • Valezka Quintana es la última responsable de la institución educativa y quien debió enfrentar los cuestionamientos de los padres luego de que los hechos salieran a la luz en noviembre del 2016.
  • Otra de las ex docentes que será juzgada es Gladys Pinacca, quien tuvo a su cargo la escuela para niños sordos entre 1997 y el 2007. También las docentes Laura Gaetán (2010-2013) y Cristina Leguiza.
  • La monja Asunción Martínez quedó imputada a fines de agosto del 2017 por la omisión de denuncia en los delitos de abuso sexual y corrupción de menores ocurridos en el Próvolo.
  • Mientras tanto, también quedaron vinculadas a la causa paralela la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz.