La cocaína, la marihuana y el LSD, por citar tres de las drogas que mayor comercialización o poder de alcance tienen por estos días, entran en las cárceles de Mendoza porque gran parte de los privados de la libertad presenta conflictos de consumo. Esto profundiza la existencia de grupos de reos con conexión interna y externa que pasan semanas organizando el tráfico de los estupefacientes para intentar sortear cada uno de los controles que manejan los guardiacárceles.
Muchas veces logran su objetivo con ingenio o connivencia, burlando la seguridad fija intramuros para después posicionarse como vendedores de sustancias ilegales en los distintos pabellones. “Para subsistir en la cárcel hay que tener dos cosas: dinero y celulares”, contó un guardia con años de experiencia a El Sol. Y no dudan en tomarse fotos en sus celdas para mostrar la llegada de los estupefacientes.
Pero otras veces todo lo planeado por los presos falla y terminan siendo descubiertos en plena maniobra delictiva, como un hecho ocurrido el 26 de abril del año pasado en el complejo Penitenicario III de Cacheuta, Almafuerte –revelado por este diario– que derivó en un allanamiento en una celda poco más de un mes después, el 7 de junio.
En total, 7 presos quedaron procesados con prisión preventiva por intentar ingresar a la cárcel casi 2 kilos de marihuana fraccionada, ocultos en bolsas de cemento, y tener en una celda 216 dosis de LSD, la sustancia psicodélica que produce efectos psicotrópicos.
En los últimos días, trascendió que la Justicia federal terminó la instrucción y los envió a juicio. Este año deberán sentarse todos los procesados en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal Nº1.
Poco se sabía de quiénes eran los protagonistas de la historia. Sólo habían trascendido algunas identidades y las sospechas de arreglos con penitenciarios. Con el paso de los meses, la lista de procesados se completó. Y no son simples reos, son hombres que, por las que han recibido, estarán toda la vida detrás de los barrotes.
Se trata de convictos que lideran o son referentes de pabellones y llevan años en situación de encierro por hechos de conmoción social. Algunos están condenados por integrar bandas de asaltantes que terminaron matando a sus víctimas, otro por ser sicario de una organización narco y hasta uno es el homicida de una mujer de 74 años a la que asaltó, por citar algunos casos.
El inicio
La reconstrucción de los hechos sostiene que el primer cargamento de droga fue descubierto el 26 de abril del año pasado, cuando llegó un remisero identificado como “habitual depositante de mercadería” en sede del complejo Almafuerte. El hombre hizo entrega de dos bolsas de cemento destinadas a cinco reos del módulo 2, ala 1.
Se trataba de los “Mellizos” Néstor Edgardo y Nelson Gerardo Funes Guerra, Elías Facundo Luna Echenique, Darío Alejandro Cantos Baigorria y Francisco Ceferino Gutiérrez. Todos habían presentado una nota conjunta firmada solicitando autorización para ingresar materiales de construcción.
Los internos habían presentado un proyecto para realizar un vivero en el módulo donde se encuentran alojados, precisamente, ubicado en los jardines colindantes. Como el Servicio Penitenciario no les podía proveer los insumos para desarrollar los supuestos trabajos, presentaron una nota pidiendo que les dejaran ingresar dos bolsas de cemento. De acuerdo con fuentes penitenciarias, la solicitud fue aprobada y con el material también estaba prevista la construcción de un gallinero.
Las bolsas de cemento fueron sometidas a un primer control por un can antinarcóticos y el mismo arrojó resultado negativo, por lo que continuaron su camino. Sin embargo, cuando fue el momento de cargar las bolsas en un carro de traslado, una se fracturó y los guardias pudieron observar un envoltorio conteniendo droga.
Se convocó nuevamente al perro del Servicio Penitenciario, Sam, y requisaron las bolsas. Así fue que hallaron trece envoltorios ocultos realizados en cinta de empaque, que hicieron un peso total de 1,925 kilogramos de marihuana.
Ante esto, se desarrollaron allanamientos en las celdas 205, 208, 215, y 216 del módulo II, a la 1, donde se encontraban alojados los hermanos Funes Guerra, Gutiérrez, Cantos y Luna, entre otros que cumplen penas de varios años de encierro.
En la 215, celda en la que pernoctaba Cantos, secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos tarjetas de memoria, tres pen drives, dos lectores de tarjetas micro sd, seis tarjetas SIM, documentación y un envoltorio con 35 semillas de cannabis sativa.
Del allanamiento de la celda 205 (medida el 7 de junio del año pasado), donde se alojaban Gutiérrez y otros dos internos, incautaron un teléfono celular, chips de teléfonos celulares y 216 recortes de LSD. Se hallaban en un frasco plástico blanco, sobre una repisa con varios recortes de nailon. Para las fuentes, esto demostró que se estaba en presencia de internos que se dedicaban a la comercialización, al menudeo de sustancias prohibidas.
Por último, en la 208 y 216 dieron con documentación, anotaciones, cargadores de teléfonos, dos celulares, siete partes de teléfonos sin poder comprobar su origen y papel tipo film con sustancia vegetal similar a la marihuana, envoltorios de nailon, un celular y una tarjeta de memoria, respectivamente.
Por la droga en la bolsa de cemento y todas estas pruebas, los cinco reos fueron procesados con prisión preventiva por el artículo 5 inciso e de la Ley 23.737: “Entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará prisión de tres (3) a doce (12) años y multa de quince (15) a trescientas (300) unidades fijas”; agravado por la intervención de tres o más personas “organizadas para cometerlos”.
Uno por uno, primera parte
Los hermanos Funes Guerra son gemelos pero los apodan Mellizos. Nacieron el 20 de setiembre de 1981. Nelson aseguraba ser albañil antes de su captura; Néstor, pintor. Fueron atrapados en el 2012 sospechados de participar del asalto al blindado de la Bolsa de Comercio de Godoy Cruz, uno de los hechos policiales más impactantes de los últimos años en Mendoza.
Producto del golpe, ocurrido el 9 de marzo del citado año, uno de los integrantes de la banda, Omar Tanga Gómez, acribilló con una ametralladora PA3 a un joven llamado Matías Quiroga (21), que circunstancialmente pasaba en el auto de su madre hacia el norte de la escena, sobre calle Guido Spano. El Tanga y parte de la gavilla le frenaron el paso para escapar en su auto y mataron al conductor sin piedad. El cadáver del chico quedó tirado sobre una vereda.
Parte de la banda fue detenida. Los Mellizos llegaron a juicio dos años después con el Tanga y un cuarto cómplice, Luis Alberto Cabral. Sólo Gómez–un reconocido malviviente con base en el barrio La Gloria de Godoy Cruz– terminó condenado a la pena máxima: prisión perpetua. Los otros tres recibieron 20 años de cárcel por los intentos de robo y homicidio de los guardias del blindado.
Luna Echinique, por su parte, fue condenado el 19 de mayo del 2020 a la pena única de 7 años y seis meses –unificación– por robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, y por robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda. El fallo fue del Primer Tribunal Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción Judicial (Este provincial).
Darío Cantos Baigorria pasa sus días condenado a prisión perpetua. Recibió esa condena por el asesinato del policía Eduardo Correa durante el recordado golpe al blindado en la puerta de la Universidad Juan Agustín Mazza de Guaymallén, ocurrido el 1 de setiembre del 2008. El caso tiene otro dos culpables: el ex policía Víctor Vargas (también sentenciado a la perpetua) y Víctor Manuel García, quien cayó a fines del 2020. Fue a juicio en setiembre del año pasado y recibió 15 años de encierro por participación secundaria.
Francisco Ceferino Gutiérrez también está procesado en esta causa por el ingreso de drogas a Almafuerte. Y es otro de los que cumple la pena máxima en el Módulo II por un asesinato. Este hombre mató a una mujer de 74 años llamada Rosa Olivi para robarle en su casa de Guaymallén el 30 de julio del 2008.
La anciana fue asfixiada en su casa de Bandera de los Andes 1854. Unos días después del hecho, el otrora fiscal especial que lo investigó, Luis Correa Llano, ordenó la detención del imputado tras la declaración de algunos testigos que lo escucharon decir que “iba a robarle a una viejita” y que “para hacerlo debía dormir a un perro”.
Cuando Investigaciones allanó su casa sobre calle Santa María de Oro 728 de San José (a unas pocas cuadras de la escena del crimen), hallaron las alhajas que le había robado a la víctima. Durante la investigación y el juicio, Gutiérrez Confesó el hecho de inseguridad fatal.
La segunda medida
Producto de la incautación de los casi dos kilos de marihuana que llegaron a la cárcel de Almafuerte ocultos en una bolsa de cemento se desarrolló otro allanamiento el 7 de junio, más de un mes después de la incautación. El procedimiento fue en la celda 205 donde dormían el citado Francisco Gutiérrez, Alberto Marcelo Morales y Ricardo Ferreyra Ervidia.
En el interior de un frasco plástico blanco, sobre una mesa repisa, hallaron 216 dosis de LSD. Ninguno de los internos se adjudicó la droga y por eso terminaron complicados, debido a que se presume que los tres tenían disponibilidad de la sustancia.
Los investigadores judiciales analizaron si esa droga era para comercialización. Concluyeron que sí estaba destinada al tráfico por la importante cantidad incautada, el alto grado de organización y el rol que tenía cada uno, la forma en la que se encontraban acondicionadas y porque ninguno se hizo cargo de las unidades.
Ricardo Ferreyra Ervidia es un reo muy conocido en Mendoza. Ganó trascendencia por ser el testigo trucho del caso Marcos Cardozo (un chico que murió ahogado en el 2009 Luján) y sicario de una organización narco que tenía base en la Triple Frontera de Godoy Cruz, Luján y Maipú. Lo apodan “Pailón” y “Grandote”.
Cometió el bautizado “doble crimen del Carrizal” en el 2010, cuando recibió la orden de ejecutar a dos empleados de la familia de Daniel Rengo Aguilera (jefe de la barra del Tomba y condenado por drogas) y cumplió la orden a la perfección. Por ese hecho lo condenaron a perpetua.
Tiene varias condenas por robos. En el 2011 recibió 11 años de cárcel; en el 2013, 14 años y también seis años en la causa federal por ser miembro de la banda que lideraba Marcelo Araya. Todas esas penas se unificaron en la máxima en mayo del 2020.
Por último, también debe responder por las dosis de LSD Alberto Morales. Llevaba poco tiempo en prisión en el penal lujanino (menos de un año de condena) cuando descubrieron esa droga en la celda 205. De acuerdo con fuentes judiciales, purga una pena de 3 años y medio de cumplimiento efectivo.
