Un médico que se desempeñaba como auditor de la obra social de la Policía Federal Argentina en Mendoza se encuentra procesado en una causa que investiga una presunta defraudación contra ese organismo. La maniobra habría consistido en la carga irregular de recetas médicas dentro del sistema interno de la institución para obtener medicamentos con cobertura total para un conocido, comisario retirado.
De acuerdo con la investigación, entre septiembre de 2018 y mayo de 2020 habría utilizado su usuario y contraseña del sistema informático “Soflex”, utilizado por la obra social para pacientes con diabetes, para cargar recetas en favor de un afiliado con cantidades de medicamentos superiores a las indicadas por los médicos tratantes.
La causa sostiene que el beneficiario fue un comisario retirado de la fuerza y afiliado voluntario de la obra social. A través de esas recetas, el ex funcionario policial habría retirado en droguerías autorizadas diversos medicamentos e insumos para el tratamiento de la diabetes, entre ellos distintos tipos de insulina, agujas, tiras reactivas y otros fármacos.
Los investigadores detectaron inconsistencias entre las recetas del médico tratante y las cargadas en el sistema de la obra social. Una especialista del Hospital Churruca declaró que las cantidades solicitadas superaban las recomendaciones farmacológicas habituales, incluso considerando posibles variaciones en pacientes diabéticos.
Además, señaló que al atender al comisario retirado en 2019, advirtió el exceso en la medicación provista y que el propio paciente manifestó que utilizaba cantidades menores a las que figuraban en el sistema.
De acuerdo con la imputación, el presunto accionar de ambos habría generado un perjuicio económico para la obra social de la Policía Federal de 295.143,66 pesos por la provisión de medicamentos con cobertura del 100% en cantidades que no se ajustaban a la condición de salud del afiliado.
En ese contexto, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza rechazó los planteos de las defensas a fines del mes pasado y del médico auditor, de 45 años, y el efectivo retirado por el delito de defraudación contra la administración pública, que prevé entre dos y seis años de cárcel.
Los camaristas Gustavo Castineira de Dios, Juan Ignacio Pérez Curci y Manuel Pizarro consideraron que existen elementos suficientes para sostener la acusación en esta etapa del proceso y que será el juicio oral el ámbito para determinar la responsabilidad penal de los imputados.