Una familia del exclusivo barrio Dalvian de Ciudad denunció este miércoles por la tarde a un albañil por un aberrante caso de zoofilia ocurrido dentro de su propiedad. El sujeto, que realizaba tareas de obra en una de las viviendas del complejo privado, fue señalado luego de que una cámara de seguridad instalada por los dueños permitiera registrar indirectamente las agresiones sexuales cometidas contra su mascota.
El caso al que tuvo acceso El Sol trascendió cuando los propietarios notaron lesiones en la vulva de la perra y decidieron revisar las imágenes captadas por un dispositivo oculto debajo de una mesa, instalado por precaución cuando no se encontraban en el domicilio. Al notar lesiones en el animal, analizaron las grabaciones y estas permitieron escuchar los momentos de sufrimiento que la mascota padeció.
Inmediatamente, la dueña de la perra radicó una denuncia penal por crueldad animal, amparada en la Ley 14.346, también conocida como Ley Sarmiento. En concreto, el Ministerio Público comenzó a investigar el artículo 3 inciso séptimo, que contempla como delito “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad”.
Aunque la zoofilia no está tipificada expresamente como delito en el Código Penal argentino, el abuso sexual de animales puede encuadrarse en las figuras de maltrato y actos de crueldad previstos en la legislación vigente. De hecho, ya hubo antecedentes que sentaron jurisprudencia. En 2012, un anciano de La Pampa fue condenado a 11 meses de cárcel por haber violado a su perra en la localidad de Toay.
En ese caso, el hombre fue identificado como Justo Tobares, de 77 años. El fallo fue dictado por el juez Daniel Sáez Zamora de Santa Rosa, quien lo responsabilizó por los abusos sufridos por Lola, una perra callejera que solía ser alimentada por obreros de la zona. La sentencia incluyó la prohibición de acercarse o tener animales, consumir alcohol o portar armas.
Si bien el Código Penal aún no contempla la zoofilia como una figura autónoma, el diputado nacional del Pro Damián Arabia, presentó el año pasado un proyecto que sí la incorpora como delito, el que se conoce como “Ley Conan”, pero la propuesta aún no fue tratada en el Congreso.
En el reciente caso del barrio Dalvian, la denuncia quedó en manos de la Unidad Fiscal Delitos No Especializados, que tiene a Martín Lucero de turno. Por la información a la que accedió este diario, los investigadores esperaban por los informes veterinarios para realizar un cotejo con lo que registró la cámara de seguridad. También conocer más sobre el trabajador denunciado, quien está identificado.
De acuerdo con lo que aportaron fuentes del caso, los denunciantes presentaron las pruebas y pidieron que el sujeto responda ante el Ministerio Público, que comenzó a trabajar la causa inmediatamente ante la gravedad de lo que describieron. La perra, en tanto, fue derivada para tratamiento veterinario.