La Justicia de San Luis está investigando un confuso hecho que involucra a una pareja mendocina radicada en esa provincia que adoptó a una bebé con papeles aparentemente fraguados en Mendoza. Los acusados son los dueños de un importante centro de estética de la capital puntana, quienes recibieron, en mayo, a una nena recién nacida, obviando los pasos legales del registro de adoptantes.

    A la menor la habrían inscripto en una oficina del Registro Civil de Mendoza, según indicaron ayer fuentes de El Diario de la República de la vecina provincia. La Justicia puntana investiga a fondo el delito cometido por el accionar de las personas implicadas en este caso particular: la entrega sin ningún asiento legal de una beba recién nacida por parte de una madre al matrimonio investigado.

    ALTERACIÓN DE IDENTIDAD. Para el juez que instruye el expediente, Jorge Sabaini Zapata, en el traspaso de manos de la recién nacida se cometió el delito de supresión y alteración de identidad a un menor de edad. Y los autores del delito fueron quienes estuvieron a punto de convertirse en los padres de la niña, un matrimonio propietario de un centro de estética. El magistrado citó a los mendocinos Marcelo Fernández y Nancy Muñoz para que el 17 de octubre den explicaciones sobre lo sucedido.

    La declaración indagatoria puede ser el primer paso hacia el procesamiento de la pareja. Según explicaron las fuentes, tanto Fernández como Muñoz no realizaron los trámites legales correspondientes para la adopción de la niña y, a su vez, la inscribieron en el Registro Civil de Mendoza bajo su apellido.

    En San Luis trascendió que, para efectuar los primeros papeles en Mendoza y anotar a la nena con el apellido Fernández, los padres “adoptivos” presentaron un certificado de nacimiento en una clínica de Lavalle. Según ese documento, el que habría sido firmado por una médica mendocina que ya está identificada, la niña nació el 16 de mayo de este año a las 21. Pero, a pesar de que estos datos son ciertos, la bebé habría nacido en la clínica Italia de San Luis, no en Lavalle.

    Además, se supo que su madre biológica es María Cristina Agüero, oriunda de Candelaria. A partir de esto, la Justicia de San Luis comenzó a investigar las razones por las que en la clínica de Lavalle se extendió un certificado con datos presumiblementes falsos. El avance de la causa se desdobló en el resguardo de la niña, la tenencia, el seguimiento de su madre biológica y la investigación de los presuntos delitos cometidos desde el nacimiento de la nena, lo que corresponde a la órbita del Juzgado del Crimen de la vecina provincia.

    SIN OPCIÓN. La pareja mendocina no tuvo más opción que entregar a la recién nacida a la Justicia. Lo hicieron luego de tener a la bebé durante 15 días y gracias a la intervención de su abogado, Eduardo Agúndez, quien se convertirá en defensor del matrimonio en la indagatoria, según señalaron fuentes de matutino citado.

    Por su parte, Agúndez, en diálogo con El Sol, negó las acusaciones y dijo que “por la entrega de la beba no hubo dinero de por medio”, con lo que descartó que Fernández y Muñoz hayan cometido un hecho relacionado con el tráfico de bebés, un delito con una pena muy grave. No obstante, la supresión de identidad prevé condenas que van de dos a seis años de cárcel. Agúndez agregó que “el matrimonio accedió a tener a la bebé ante la imposibilidad de la madre biológica de mantenerla económicamente”.

    Cuando el hecho tomó estado público, Agüero, la madre biológica, se presentó al Juzgado de Familia de esa provincia para solicitar la restitución y reclamar la tenencia legal de la niña.