El fiscal de San Isidro Franco Servidio pidió ayer la detención de dos docentes del jardín maternal Tribilín, acusadas de maltratos a niños de entre 45 días y 3 años que iban a ese establecimiento, informaron fuentes judiciales. Servidio imputó a las docentes Yanina Gogonza y Noelia Gallardo del delito de abandono de persona agravado, mientras, ahora, el juez de la causa, Rafael Sal Lari, deberá analizar y resolver la solicitud del fiscal. La fiscalía analiza, además, pedir la detención de la directora del jardín, Noemí Núñez, y de una cuarta maestra que también estaría denunciada en la causa.

El delito que se les imputa a las maestras tiene una pena de dos a seis años de prisión, en tanto, si se comprueba un grave daño en el cuerpo o la salud de la víctima la pena será de entre tres y diez años. Por otra parte, un equipo de psicólogos comenzó ayer con las pericias a los nenes que, supuestamente, sufrieron maltratos. Las pericias no se efectúan en Cámara Gesell, como se había planteado en un primer momento, sino que son entrevistas simples que les efectúa a los niños personal del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero Penal juvenil de San Isidro. La idea del fiscal al solicitar estas pericias es saber, a través del testimonio de los pequeños o de indicios que pudieran manifestar sobre el tenor de los maltratos que recibían.

La causa se inició con una denuncia del padre de una de las nenas que concurría al jardín, quien, ante la sospecha de que su hija era maltratada, colocó un Ipod con un grabador en su mochila, el cual registró todas las voces de las maestras. El hombre se acercó primero al municipio y luego a la Policía, desde donde se difundieron las grabaciones que causaron indignación en el resto de los padres, que al principio no creían que fueran las voces de las maestras las que aparecían en el audio.

A los pocos días de haber efectuado al denuncia, el fiscal ordenó un allanamiento en el jardín, donde secuestró documentación, ficheros y computadoras, al tiempo que revisó la zona de la pileta del establecimiento. En esa pileta, según los audios, se habrían producido los malos tratos más graves, cuando las maestras insultaban a los nenes y los amenazaban y encerraban por no querer estar en la pileta.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, intentó desligar a la Comuna del funcionamiento del jardín Tribilín, al afirmar que no tenía registro de su existencia y que fue el propio Municipio el que acompañó al padre a realizar la denuncia. No obstante, concejales de San Isidro descubrieron que el jardín funcionaba como tal desde 1998 y que en el 2002, la misma Municipalidad lo reconoció como un “establecimiento educacional privado” del distrito, al eximirlo del pago de impuestos a cambio de becas para las familias de los niños que no pudieran abonar la cuota.