Luciano Ortego fue el último de los tres abogados detenidos, sospechados de formar parte de la organización dedicada a cobrar coimas a cambio de favores a imputados en la Justicia federal, presuntamente liderada por el juez Walter Bento.

No es la primera vez que Ortego, que se entregó la mañana de este jueves y quedó a disposición de los investigadores de la causa, tiene un roce con la ley.

Además el abogado es conocido por haber estado casado con la sobrina del fallecido ex presidente Carlos Menem, Yanina Yoma, hija de Emir. También por su actividad como jugador de póker, tanto en competencias regionales como nacionales, en las que se jugaba por altos montos. Incluso, supo liderar rankings de salas de póker en casinos de la provincia.

En 2015, fue acusado por la Justicia provincial por estafar a una viuda, quien lo había contratado para cobrar la indemnización por un accidente vial, en San Juan, en el que su esposo había perdido la vida.

La denunciante aseguraba que, un año antes, el abogado se había quedado con 529.583,33 pesos, que eran parte del dinero que debía recibir y el cual estaba destinado para comprar una casa para vivir junto a su hija, que tenía 10 años al momento del hecho.

Ortego había sido contactado por la viuda, ya que se lo había recomendado una compañera de trabajo. Tras cobrar el resarcimiento, en concepto de seguro de vida, el abogado le recomendó a la mujer que depositara los fondos en una cuenta bancaria paralela.

El motivo que le dio el letrado a la mujer, es que ella no estaba casada con su pareja y así podría evitar reclamos por parte de una ex esposa del hombre, de la que se había divorciado.

Tras convencer a la víctima, le ofreció que el dinero quedara depositado en una cuenta de su novia, Luciana López, quien trabajaba en el Hotel Intercontinental. Días después de realizar la transferencia, la pareja del abogado se presentó en el banco y retiró 518 mil pesos por ventanilla, por lo que el dinero jamás llegó a las manos de la viuda.

En principio, la investigación recayó en el entonces fiscal de Capital Carlos Torres (ahora en Homicidios), pero luego quedó bajo la órbita del Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Ortego y López terminaron imputados por el delito de defraudación por administración fraudulenta, en calidad de coautores, por lo que a arriesgaban una pena máxima de 6 años de prisión.

En 2019, la causa llegó a debate y el letrado estuvo a punto de ser condenado y terminar tras las rejas. Sin embargo, a través de su defensa llegó a un acuerdo a través del cual debió devolver el dinero obtenido de manera fraudulenta y también pagar otros 600 mil pesos para reparar los daños provocados.

De esa forma, el juez Eduardo Martearena declaró la extinción de la causa penal y Ortego esquivó la sentencia.