La información llega desde el sur. Da cuenta que un par de delincuentes han violado el domicilio particular de la diputada nacional Liliana Paponet en momentos en que no había nadie en la vivienda. El hecho ha sucedido el lunes 12 de agosto, pasadas las 21. La precisión la ofrece una cámara de video vecinal que apunta sobre la vereda del domicilio de la diputada. Los ladrones se han llevado dos computadoras y cerca de 600 mil pesos en efectivo que la legisladora diría, más tarde, cuando descubrió el faltante, que estaban destinados al pago del viaje de egresados de una de sus hijas. El caso lo ha publicado El Diario de San Rafael, del departamento sureño.

El dinero en efectivo y otros valores que las personas atesoran en sus viviendas y el comercio informal con dinero en grandes cantidades que va y que viene como el que se desarrolla en los mercados de frutas y verduras en fresco tales como la conocida feria de Guaymallén, la de los productores del acceso Este y la de Godoy Cruz por nombrar las más importantes, demuestra un comportamiento social que pone al descubierto dos cuestiones cuanto mínimo: la primera tienen que ver, todavía, con una falta de confianza marcada en el sistema bancario que perdura, quizás, de los descalabros institucionales de comienzo del siglo; y hay una segunda que se desprende, muy probablemente, de ese constante hostigamiento fiscal, impositivo, persistente que ejerce el fisco sobre las personas y que en un contexto de crisis empuja a muchos a la informalidad.

El dinero que circula de mano en mano, en grandes cantidades y el que se cree que los mendocinos, el que puede, guarda en su domicilio y no en los bancos, se ha convertido, para el Ministerio de Seguridad de la provincia, en los nuevos/viejos atractivos del mundo del hampa local. Si allá por el 2016, cuando asumía su primera gobernación Alfredo Cornejo, el área de Seguridad tomaba como meta el ir a buscar a unos 2.000 delincuentes que se creía eran los que dominaban la actividad criminal de la provincia, hoy ese número parece haberse reducido a unos 300. Esos 300, de acuerdo con información confirmada para esta columna, son objeto de un seguimiento especial policial que incluye inteligencia, investigación y un monitoreo cercano porque se tiene el convencimiento que de sus operaciones y movimientos se derivan los golpes y atracos a viviendas, a personas y a empresas determinadas, más o menos bien programados y/o sofisticados, que alimentan el nivel de inseguridad y que preocupa a todos de acuerdo con cualquier encuesta de humor social que lo confirma.

Esos 300 son los más visibles y peligrosos. Hay otros 3.000 en observación, no tan minuciosa como aquellos. Son los que han conseguido la libertad tras pasar un buen tiempo presos en las cárceles de la provincia. En el gobierno están convencidos de que no se llegará a los estándares europeos de seguridad, de los que suele hablar Alfredo Cornejo, hasta que no se encare un abordaje integral de vigilancia específica sobre quienes han dejado las cárceles. El delito en Mendoza, de acuerdo con los datos que despiden las estadísticas, está movido por la reincidencia en un 65/70 por ciento de los casos. El porcentaje impacta. Pero no sólo vuelven a delinquir quienes dejaron los penales, sino también los que han pasado por las comisarías por circunstancias varias que la Justicia ha evitado tomar por no encontrar motivos suficientes. Hay momentos en los que la tensión entre Seguridad y los distintos niveles de la Justicia, pese a que se dice y se manifiesta discurrir por una relación armónica y en línea, alcanza picos inquietantes, además de preocupantes.

El área de la investigación es la que en Seguridad se quiere potenciar y desarrollar a una escala superior porque es la que le ha dado a la lucha contra el crimen una herramienta muy eficaz y difícil de contrarrestar como es la información. Un reciente acuerdo con las universidades le ha acercado al ministerio un puñado de estudiantes de criminalística interesados en sumarse a la fuerza, bajo el estado policial. “Queremos que los que acepten la propuesta se pongan la camiseta de la policía”, admiten en el ministerio. Quieren evitar el choque de jerarquías entre los intelectuales que se suman de afuera y los efectivos que surgen del Instituto Universitario de Seguridad, de donde salen los policías que se suman a la fuerza. Además, ese mecanismo le permite al ministerio no distraer policías que egresan del instituto a la tarea de investigación cuando los necesitan en la calle. Ahí también impacta el fenómeno de la manta corta: o están en la calle, en la patrulla o están en la investigación y seguimiento de los cabecillas que manejan el delito.

El desafío central de Seguridad está puesto en hacer descender la sensación de inseguridad. En las encuestas figura al tope de las preocupaciones y desde hace tiempo no deja de ascender en la valoración social. Con lo que el objetivo no sólo está lejos para el ministerio, sino que viaja a un ritmo mucho más rápido que las conquistas y logros que alcanza la política que se implementa y a la que se le hacen constantes cambios y modificaciones. Además de la suma de efectivos a investigaciones con gente graduada o con estudios avanzados en Criminalística, y de la incorporación de soldados que provienen del Ejército a donde ingresaron voluntariamente y que estarían de acuerdo en conseguir el estado policial para integrarse a la lucha contra el delito, el gobierno está a punto de hacer debutar el sistema de geolocalización en las llamadas al 911, con lo que se ganaría tiempo y precisión para llegar al lugar de los hechos; hechos que en su inmensa mayoría se suceden en el Gran Mendoza, en un 87 por ciento, frente al 13 por ciento del resto de la provincia.

No hace falta una encuesta de victimización para que se concluya que el vivir con miedo e inseguro crece al ritmo de la decadencia económica y de la crisis. En Mendoza se descansa en un dato que la ubica en una situación mucho mejor que otras provincias y ciudades en escalas similares. Es la tasa de homicidios dolosos que se ubica en el 3,2 cada cien mil habitantes y en descenso. Y dentro de ese número, cerca del 75 por ciento de las muertes violentas se suceden, dicen en el gobierno, en la relación interpersonal, entre conocidos, amigos, socios, familiares, venganzas y ajustes de cuentas.

Sin embargo, el gobierno no ha podido controlar el delito menor. Ha tenido avances, sí, en el área de los bienes transables en el mercado negro, en el negocio del cobre que provoca el robo de cables y en el de las autopartes. El delito menor, el robo común, el atraco en la calle sin acciones en exceso violentas, las entraderas o salideras en los barrios del Gran Mendoza se suceden constantemente. En Seguridad lo saben y lo admiten: más del 75 por ciento de los delitos que se denuncian tienen esa naturaleza: la que frustra, la que va limando las esperanzas, la que despoja de energía, la que hace crecer la incertidumbre y las ganas de salir volando.