En el Informe Mundial 2023, Human Rights Watch (HRW), de las organizaciones independientes que investigan y analizan las violaciones a los derechos humanos quizás más prestigiosas de todas las existentes en el planeta, advirtió sobre cómo se ha ido socavando y horadando en la Argentina, con políticas específicas y negaciones concretas animadas desde el gobierno, la transparencia de las instituciones, en general, y la autonomía de la Justicia como uno de los pilares de los poderes republicanos. Las primeras revelaciones periodísticas del informe, las que trascendieron el jueves, han puesto el foco en los ataques reiterados del gobierno de Alberto Fernández a la Corte y a su permanente “retórica hostil”.

Pero, el documento sobre el apartado de Argentina, ha ido mucho más allá, para internarse en demoledoras observaciones de irregularidades que han abarcado las situaciones económicas; las violaciones a la libertad de expresión; la crítica situación de las cárceles federales; la inaceptable impunidad que se ha extendido por tantos años por el atentado a la AMIA; la vacancia de la Defensoría del Pueblo; las constantes violaciones de los derechos de las mujeres y niñas; las persecuciones y falta de investigaciones de delitos por casos de orientación sexual e identidad de género y las llamativas posiciones asumidas por la administración de Fernández para no permitir las comisiones de investigación de supuestos delitos de torturas y violaciones de derechos tanto en Venezuela como en China.

El informe de HRW, una organización que comenzó con sus trabajos de investigación hacia fines de la década del 70, desde Estados Unidos, describe en tono crítico la continuidad de una “larga crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus” que concentró sus perjuicios y dramas sobre las personas de más bajos recursos y de forma “desproporcionada” hacia el sector de la ciudadanía que se ha visto “severamente” limitada para ejercer sus derechos económicos. La visión echa por tierra lo que el gobierno de Alberto Fernández cree que hizo bien en un período, el de la pandemia en sí mismo, en el que toda la administración se ufanó de haber tomado buenas y acertadas decisiones. Y eso que no se menciona, en el trabajo, las violaciones propias que cometió el presidente al decreto que obligaba al encierro de las personas.

Niños y niñas, dice el trabajo, se vieron particularmente afectados: más de la mitad de los menores de 14 años se ha sumergido en la pobreza y más de 1 de cada 10 en la indigencia. Es más, como ilustración y encabezado del trabajo, HRW utiliza una imagen que se tomó el 28 de julio del año pasado a un carretelero recogiendo cajas de cartón para luego venderlas en un centro de reciclado de Buenos Aires. En toda esa enumeración de desaciertos, el trabajo recuerda los niveles de inflación que para todo el año cerraron en 94,8 por ciento, la más alta para todo un año desde 1991 a la fecha.

Sobre las violaciones a la libertad de expresión, se recuerda el atentado con explosivos a la sede de Clarín de noviembre del 2021, sin que se sepa quiénes fueron los responsables, el espionaje ilegal hacia medios y periodistas y el hecho de que en algunas provincias todavía no se haya sancionado una ley de acceso a la información pública, disminuyendo la transparencia sobre los actos de gobierno.

Otro punto se ha referido a la situación en los centros de detención y los casos de abusos de las fuerzas de seguridad: 233 casos de torturas denunciados en el 2021 y 117 casos entre enero y junio del año pasado; 43 muertos en las cárceles federales en el 2021, 9 violentas y 9 por COVID. Además, ha puesto en valor en tono crítico el hecho de que la mitad de los 11.280 presos federales se encuentra en prisión preventiva. También destaca que cinco policías de la Bonaerense fueron detenidos por el asesinato de una mujer que habían hecho pasar por suicidio. Por eso se pone el acento en el abuso policial, en las malas condiciones carcelarias y en las crecientes expresiones de violencia contra la mujer que la llega a calificar de “violencia endémica”.

En el tramo destinado al atentado a la AMIA de 1994, se destaca la no resolución del hecho y la impunidad extendida por tantos años, sin condenados. Recuerda también que la Justicia de apelación, en el 2018, determinó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado, mientras que Fernández, en agosto del 2022, sostuvo lo contrario: que Nisman se había quitado la vida y que esperaba que el fiscal que acusó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no hiciera los mismos.

Sobre la Defensoría del Pueblo, ese órgano independiente y autónomo de la Presidencia que debiese concentrarse en denunciar e investigar los actos de gobierno, continua vacante desde el 2013, momento en que su capacidad sin responsable se vio notablemente reducida.

También se observa que, pese a que el país logró sancionar en el 2020 la histórica ley del aborto legal, su desconocimiento y el hecho de que no se permita un acabado acceso a toda su información, ha provocado que sólo en el 2021 se registraran 64.000 abortos ilegales y que en agosto del 2022 la justicia liberara a una mujer que había estado injustamente detenida desde noviembre del año anterior, en Corrientes, acusada de homicidio tras experimentar una emergencia obstétrica. Además, a todo esto, el informe agrega que en el 2021 se registraron 231 femicidios, pero sólo 6 terminaron en condena.

HRW pone el acento, también, en las persecuciones comprobadas por orientación sexual e identidad de género. Recuerda el asesinato de Octavio Romero, un oficial de la Marina, que no fue debidamente investigado y que, al llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se llegó a un acuerdo amistoso. Claro que se presume que Romero, asesinado en el 2011, fue atacado por su orientación sexual.

Y, por último, el informe advierte, además de recordarlo al mundo entero, que cuando a Argentina le tocó presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se abstuvo de votar por la renovación del mandato del grupo de expertos de la ONU que investiga las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y otra para debatir la situación de la región autónoma Vigur del Xinjiang en China. Y como broche de tanto dislate internacional, la organización recuerda aquellas declaraciones tan controversiales del presidente Fernández del 2022, cuando dijo que había que remplazar a la OEA por la CELAC, porque la OEA, según su criterio, ya no representaba a América Latina y el Caribe.