El Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) está cerca de hacer pie en Mendoza. La organización, conformada por un grupo de empresarios al frente de emprendimientos de diverso calibre –pequeños, grandes y medianos–, se constituyó para enfrentar penalmente a lo que denominan “las mafias” gremiales, en particular del sindicato de Camioneros, que de un buen tiempo a esta parte han tenido en ascuas y a maltraer a decenas de firmas en distintos puntos del país a las que han sometido a bloqueos como método de lucha en medio de negociaciones muy duras por salarios y condiciones de trabajo.

Ha sido Daniel Ariosto, de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), quien ha comenzado a bajar la idea de la llegada del MEAB al territorio provincial. El empresario, que este lunes develó la propuesta que se encuentra en estado embrionario al ser entrevistado por LVDiez, supone que, en la semana, la UCIM contaría con la documentación de base para sostener desde lo jurídico la conformación de la nueva organización y su funcionamiento y representación en Mendoza. La intención de hacer operativo el movimiento en la provincia fue tomada por Ariosto luego de haber sido parte de un encuentro de la Cámara Argentina de Comercio y de Servicios (CAC) en Buenos Aires, con todas sus delegaciones regionales.

Todo indica que después de las últimas experiencias que han tenido como protagonistas a los trabajadores del rubro lácteo representados por la Asociación de la Industria Lechera (Atilra) y la empresa Lácteos Vidal, de Carlos Casares, en Buenos Aires, donde un bloqueo sindical ha mantenido en crisis la actividad fabril y comercial de la planta por más de dos meses, los empresarios mendocinos han decidido adelantarse ante cualquier foco de conflicto y curarse en salud. El MEAB actúa con asesoramiento legal y el apoyo de sus profesionales cuando una empresa es bloqueada. Para evitar el contacto directo del dueño de la firma con los activistas, que muchas veces termina más que mal, con violencia extrema y sin posibilidad de acordar nada en una mesa de negociación, el MEAB pasa a representar legalmente al empresario, cuando la acción de bloqueo se ha materializado y llevando a la Justicia un típico caso de extorsión con derivaciones penales graves.

El MEAB se conformó promediando el 2020 en Santa Fe, luego de que el sindicato de Camioneros de Hugo Moyano y su hijo Pablo bloqueara durante semanas el ingreso y la salida de camiones de la empresa Razzini Materiales, de la ciudad de Rosario. Las denuncias y los reclamos airados de la dueña de la empresa, Verónica Razzini, rápidamente ganaron estado público y su caso se extendió por todo el país. Incluso, Razzini tomó la decisión drástica de despedir a buena parte de su planta de personal y su enfrentamiento con el sindicato se convirtió en viral, además de frontal y por demás virulento. Aquellos episodios motivaron a un grupo de empresarios a solidarizarse con Razzini. También lo hizo la abogada y dirigente política del Pro Florencia Arietto, quien rápidamente acordó con Razzini la conformación de un movimiento para frenar a las “mafias sindicales”. Hoy, buena parte de la oposición política al kirchnerismo nacional se ha encolumnado con el movimiento para resistir, incluso desde la acción política, los bloqueos que no pocos gremios han tomado como estrategia de lucha para sus reclamos salariales a muchas empresas de rubros varios.

El radicalismo también se ha sumado a la cruzada antibloqueos con el proyecto de ley que presentó la senadora santafesina Carolina Losada para imponer penas de cárcel a los trabajadores que sean parte de piquetes que impidan el normal movimiento de personas y automóviles en los ingresos a las plantas empresariales. La iniciativa ha sido acompañada por otros dirigentes del radicalismo, como Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Luis Naidenoff, de Formosa. Los gremios santafesinos ya advirtieron que saldrán a la calle para impedir la aprobación del proyecto de ley al que consideran antidemocrático.

Y, como si se tratase de una premonición de lo que se está por presentar en Mendoza, el último fin de semana y por medio de una declaración conjunta, la CGT Renovadora Regional Oeste Mendoza y Camioneros Mendoza, repudiaron el proyecto de Losada. “Bajo el pretexto de resolver conflictos y restablecer la paz social, se pretende criminalizar el legítimo ejercicio de derechos, pretendiendo trasladar a la órbita penal materia estrictamente laboral”, dice el comunicado de Camioneros y la confederación gremial. En efecto, si el proyecto prosperara, prevé penas de hasta 6 años de prisión a quienes bloqueen. Pero no se trata de resolver penalmente un conflicto de materia laboral, como dicen los sindicatos, sino de evitar o impedir la paralización extorsiva de la actividad de la empresa. Precisamente, Arturo Díaz, de la Lácteos Vidal, en declaraciones de este lunes a LVDiez, planteó el problema: “Todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero dialogando. No puede ser que hayan bloqueado la planta y que impidan su funcionamiento. Mientras trabajamos se puede negociar y dialogar, pero no, lo impiden”, dijo el directivo. Esta empresa, de unos 50 trabajadores, tomó la decisión la semana pasada de despedir a 26 operarios, entre ellos, a 3 delegados gremiales.

Pocos días atrás, la propia Arietto, en sus redes sociales salió a bancar públicamente la resistencia de la firma ubicada en la localidad de Moctezuma, en Carlos Casares, en el interior de la provincia de Buenos Aires, al manifestar. “Lácteos Vidal resiste, no están solos: el movimiento empresarial antibloqueo ya está interviniendo”.