En los últimos 30 años la pobreza en la Argentina no ha logrado descender o perforar el piso del 25 por ciento. Hoy, con diez puntos más arriba de aquel 25 el que se convirtió casi un número mágico y en la mejor marca que se pudo haber conseguido desde la recuperación de la democracia que Raúl Alfonsín –su padre político–, defendía, asegurando que entre otras virtudes con la democracia se curaba, se educaba y se comía, la CGT vuelve a parar las actividades de un país que lo que más necesita, sobre todas las cosas, es decencia, honestidad, sacrificio y, claro, más trabajo.
La conducción cegetista a nivel nacional, presionada por los gremios K, se prepara para llevar adelante la tercera medida de fuerza contra un gobierno como el de Javier Milei que lleva cumplido menos de un año y medio en su administración.
Está claro que ese conglomerado de sindicatos y expresiones que suponen representar la voz de los millones de trabajadores argentinos, más la defensa de los mismos frente al abuso, las injusticias y el avasallamiento que hace de sus garantías la patronal, no siempre ha visto o interpretado lo mismo que la mayoría de los ciudadanos respecto de la marcha de la economía y del país. Esto es, lo que se sabe de memoria respecto de su comportamiento: para la CGT, durante los gobiernos no peronistas, todos los demonios y fuerzas malignas del cielo se ensañan y se obsesionan con el pueblo al punto tal de no tener más opción que dejar sus poltronas, salir a la calle, manifestar la oposición y parar por algunas horas el país porque por ese camino se cambian las cosas. ¡Cómo no hacerlo! si recordamos con nostalgia imborrable e interminable lo bien que se estaba con Alberto Fernández y ni hablar de la época de Cristina Fernández de Kirchner.
La definición o esa catalogación de que “el paro es político” parece perder el valor del significado por su uso remanido y habitual. ¿Pero acaso no es político? Más allá de las razones objetivas que existen sobre la preocupante situación general por la que atraviesa el empleo en el país, y cada uno de los trabajadores a los que sus ingresos ni siquiera pueden garantizarles una salida digna que los aleje de la pobreza, lo lamentable es que nada de eso es inédito, a excepción de que por primera vez se ha dado en el país que quien tiene un ingreso regular no necesariamente se salvará de caer en la pobreza, una mácula distintiva que apareció durante el último gobierno K, el de Alberto Fernández y como producto, hay que reconocer también, del desastre social y económico provocado por la pandemia que atravesó aquella gestión.
Uno de los problemas, según sale a luz en función de su comportamiento al menos público, es que la CGT no ha sido una herramienta potable y dispuesta a ser parte de las soluciones, técnicas y políticas claramente, que necesita el país para hallar una salida. Está claro que ha sostenido, históricamente, una base de acción filosófica e ideológica que se basa en la total injerencia del Estado en la relación entre trabajadores y empleadores, donde el Estado es interpretado y reconocido mucho más allá de su posición de árbitro y garante de la salud de ese vínculo; sino como socio de todas las acciones de las partes; y al gobierno que administra ese Estado como el ejecutor de las medidas de neto corte populista, desde sus formas y modos (por los gestos y apariencia) hasta en el manejo de la economía y de los fondos públicos con total dispendio irresponsable.
Y lejos de entrar en un juicio de valor harto conocido sobre la receta cegetista, vale preguntarse qué ganaron los trabajadores en su conjunto cuando las políticas que reclama y que ha defendido la representación madre se llevaron a la práctica.
Y más preguntas: ¿por qué la cerrazón absoluta a que se prueben otros caminos, incluso mostrándose y presentándose en contra de una mayoría de argentinos que así lo prefieren al menos como una prueba, como una oportunidad para ver qué pasa?
Hay otros que entienden que hay que trabajar, así de contundente y lejos de un significado ramplón, simplón o naif: “Nos preparamos descansaditos, normalmente, para trabajar como corresponde. Nosotros no adherimos al paro, vamos a trabajar y a darle la posibilidad de transportar a todos aquellos trabajadores que quieran hacer lo mismo. Nuestra visión es muy particular: Creemos que la Argentina y nuestra provincia se sacan (adelante) trabajando”, dijo ayer en LV10, entrevistado en Opinión, José Micca, el secretario general de Sipemon, el gremio que nuclea los choferes del transporte público de pasajeros de la provincia. Y también, dejando afuera cualquier cuestión coyuntural que lleve a Sicca a defender el derecho de trabajar de sus representados y la decisión de trabajar efectivamente, hay en sus palabras un dejo de sentido común potente.
Los cerca de 100 mil mendocinos sin empleo necesitan que la política, el gobierno, las organizaciones sociales, la academia, los empresarios y todo el mundo se ocupe de las razones que han llevado a contar con más de diez años de ausencia de crecimiento y desarrollo económico, más que un acto de oposición intransigente que no ha conducido a nada, claramente. Por meras cuestiones ideológicas, claramente, la CGT se opone a la reforma laboral y a quien la esboza o la plantea (como ahora, por caso), se lo tilda de cipayo, neoliberal, destructor de los derechos de los más vulnerables, defensor de las minorías enriquecidas que siempre le han valido del pobre para alimentar sus riquezas personales y sectoriales.
Sin embargo, una buena reforma laboral, a la que se niega la CGT, debiese contener un capítulo prioritario destinado a la mejor educación y capacitación acorde los nuevos tiempos, dos aspectos necesarios para mejorar la producción y la productividad, requisitos indispensables para la eficiencia, lo que se entiende, a su vez, como mejor salario. Cuanto menos hay que probar si ese no es el camino correcto como parte de la oposición lo rechaza y, claro está, también la histórica CGT, tradicional brazo gremial del peronismo, hoy bajo el influjo omnímodo del kirchnerismo.