Tras la Vendimia, la agenda tiene que volver a concentrarse en los asuntos vinculados con la economía y en la resolución de sus problemas para alimentar una esperanza, lejana, pero esperanza al fin, de frenar la caída de los indicadores y que se provoque, aunque incipientemente, la generación de empleo en Mendoza. 

Según los datos oficiales y el monitor y seguimiento de la actividad económica que realizan las cámaras empresariales, Mendoza no produce trabajo genuino de forma sostenida y a una escala aceptable desde más de una década. Y, así como ha sucedido en otras provincias –en algunas más que otras–, el Estado ha sido el que ha absorbido parte del desempleo. 

Si bien la actual administración de gobierno muestra cifras e indicadores que reflejan un sostenimiento del número total de empleo público, sin mayores variaciones, desde un sector de los industriales mendocinos, quizás de los más ansiosos por la demora en la concreción de grandes emprendimientos que vienen demorados, señalan que el crecimiento de la planta de personal público oscila año tras año entre unos cinco mil y siete mil nuevos puestos de trabajo a cargo del Estado, al absorber parte de lo que el sector privado no hace por falta de condiciones que lo permitan.

Sin que ningún integrante del Gobierno lo admita con entusiasmo, ni mucho menos con vehemencia, las miradas oficiales están puestas en lo que queda de marzo. El fin de los actos de la Vendimia ha puesto a trabajar a las áreas de Economía y de Infraestructura en la cristalización de los dos proyectos más importantes en carpeta, ambos en el Sur, tales como la puesta en marcha del polo logístico petrolero, que funcionará en las instalaciones de la mina de sales de potasio, y la finalización del proceso licitatorio para la construcción del dique Portezuelo del Viento, los dos radicados en Malargüe.

El interés oficial para darles aire a tales proyectos e imprimirle velocidad en su realización es mayúsculo. El Gobierno no tiene otras herramientas a mano que permitan darle un giro a la quietud reinante. Lo que hay alrededor sólo sirve para evitar que el desánimo y la caída de la actividad sean más graves de lo que ya son. Por ejemplo, allí están los programas de Mendoza Activa, tanto para la construcción como para la inversión petrolera; o ese plan que se financiará junto con la Nación para la construcción de unas 1.300 viviendas, que viene de cerrarse entre el gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, y que demandará unos 4.500 millones de pesos.

Pero, en verdad, no logran mover la aguja con la intensidad que se necesita. En esos veinte minutos que Suarez y el presidente Alberto Fernández pudieron cruzar algunas palabras, cuando se dirigían desde el Aeropuerto hasta las instalaciones del INTA, en Luján, para el acto de la Coviar, el gobernador –según admitiría más tarde– le pidió al presidente, una vez más, por Portezuelo.

Es que Portezuelo se acerca a la etapa de las definiciones. En la semana, la comisión evaluadora de la única oferta que se presentó, la que está representada por la empresa china Sinohydro en asocio con las locales Impsa, Ceosa y Obras Andinas, estaría en condiciones de dar el resultado del análisis de la oferta técnica e, inmediatamente, se abriría el sobre con la oferta económica. 

En el Gobierno se muestran optimistas. Creen que el sobre técnico terminará pasando la prueba y que no encontrarán sorpresas en el definitivo. 

La expectativa en torno al desenlace de Portezuelo va en crecimiento. El Gobierno necesita que se resuelva en los términos que lo programó, sin fisuras y sin dudas. La oposición también espera respuestas. 

Los sectores críticos al gobierno de Suarez y a la forma en que se desenvolvió el proceso todavía no terminan de comprender por qué se perdió la chance de hacer una licitación de la que se estaría hablando en el mundo. Deslizan que se confeccionó un pliego a la medida de Impsa y que, por beneficiar a la empresa mendocina, por arraigo y trabajo local, se condujo, además, el proceso hacia las gigantes chinas. Y así fue como, en conclusión, las grandes constructoras nacionales fueron marginadas como otras distintas de las chinas y de otras partes del mundo que podrían haber mejorado, en la competencia, la oferta y lo que se terminará pagando una vez que finalice todo.

Son puntos dudosos que el gobierno de Suarez nunca terminó de explicar del todo. Por eso es que depende, también, de que todo lo que venga por delante resulte más que bien. Entre lo que espera, además, un laudo arbitral del presidente favorable a la construcción del dique. Sobre esto, en el Ejecutivo creen que Fernández avalará seguir con el proceso, aunque no descartan que se tengan que adicionar otros informes del tipo ambiental, lo que podría retrasar un poco el inicio de las obras una vez que se adjudique y se firme el contrato.

Sobre el yacimiento de sales de potasio, el Gobierno parece tener un poco más de claridad. En primer lugar, está cerca de convertir las instalaciones en un centro de atención y de servicios para todas las petroleras del Sur, además de un centro de residencia temporal para los empleados de las empresas. En Economía destacan el hecho porque, entre otras cosas, les permitiría a los trabajadores petroleros mendocinos y a las empresas regularizar los variados conflictos gremiales que afrontan de una provincia a otra, entre Neuquén y Mendoza. Un poco más lejos está el objetivo final tras la toma de posesión definitiva de la mina, la que se concretó recientemente: conseguir un inversor y socio que aporte, nada más y nada menos, unos 200 millones de dólares para poner en marcha lo que se ha presentado como una oportunidad y un negocio para Mendoza.