A pocas horas de aparecer en lista y cuando era inminente el inicio de su recorrido por los despachos de la Corte, una misteriosa y sorpresiva maniobra ordenó retirar la acción colectiva de inconstitucionalidad que se había presentado en lo más alto de la justicia mendocina impugnando el decreto por el cual el gobierno de Rodolfo Suarez dispuso extender por 20 años más la concesión del servicio a los empresarios controlantes de Edemsa, disminuir el canon de concesión del 10 a 6 por ciento y autorizar un plan de obras por los 17 mil millones de pesos que la compañía le adeuda a Cammesa, el mayorista al que le compra la electricidad que distribuye, pero a cargo de los usuarios que lo solventarán con aumentos tarifarios.
En efecto, hacia fines de la semana pasada, la presentación de Justicia Colectiva, Asociación Civil de Defensa de los Consumidores y Usuarios –una ONG con origen en La Plata y que en Mendoza es representada por la abogada Alicia Barrionuevo, cercana políticamente al diputado José Luis Ramón y ex líder de los consumidores–, contra el decreto 70/2023, el que se dio a conocer en los primeros días de enero del año, ganaba relevancia entre lo más llamativo de la semana. Pero a las pocas horas de aparecer en lista tal medida cautelar fue retirada. ¿Razones? En apariencia fue producto de una orden emanada desde la sede central de la ONG.
Al decir de la abogada Barrionuevo, la firmante del pedido de inconstitucionalidad, la renuncia al planteo surgió desde La Plata por un cambio de estrategia: se seguirían los pasos de una de Acción Procesal Administrativa (APA) presentada sobre el mismo asunto en Buenos Aires y, porque además “en la Corte mendocina el planteo estaba perdido por el 4 a 3 que funciona a favor de los intereses del gobierno”, según la profesional. Barrionuevo fue candidata del partido de Ramón, Protectora, en las últimas elecciones de medio término. Ramón reconoció estar al tanto de la impugnación y también de la desestimación: “Es muy difícil romper esa garantía radical; es como tirarse a una pileta sin agua; esa acción no iba a pasar”, comentó, aunque se deslindó de la demanda.
En los tribunales y en el mundo político informado, llamó la atención la aparición de la demanda y el rápido retiro. Todos miraron con dirección a Ramón, al ministro Sergio Massa y hacia los dominios del grupo Vila-Manzano, los controlantes de Edemsa y claros beneficiarios de un acuerdo al que le habrían sacado el jugo satisfactoriamente. Una coincidencia ésta última, la de los beneficios, compartida con el gobierno de Suarez que ha defendido el acuerdo, el decreto y que promete dar todas las explicaciones para pasado mañana cuando se lleve adelante la nueva audiencia pública por el nuevo cuadro tarifario. En ese encuentro, dicen en la gobernación, se aprovechará y se pondrá a consideración el pacto con Edemsa y el mentado decreto que los consumidores quisieron impugnar, pero por sugerencia de sectores más influyentes, desistieron.
Esta asociación civil, Justicia Colectiva, no ha sido la única en poner bajo sospecha el convenio entre la provincia y Edemsa. En la misma línea ha ido Protectora, precisamente la ONG que creó Ramón y de la que ya se alejó, y la que le permitió acceder y saltar a los primeros planos de la política nacional y local. Para Protectora, el gobierno dilató la resolución del viejo problema de los “ingresos no percibidos” reclamados por Edemsa, también en la política de “canjear” multas por obras y en no presionar para que la compañía pagase la deuda con Cammesa “porque Edemsa tiene los fondos para hacerlo”. Protectora también ha cuestionado que se le reconociera a la empresa retrasos tarifarios, cuando en Mendoza “al menos en el tramo del VAD, no hubo atraso alguno”. Y sobre el acuerdo, que Protectora llama “maxi acuerdo”, se critica el hecho de que Edemsa esperó años para pagar sus deudas y ahora fue beneficiada, que no hubo audiencias públicas y que tampoco el tema haya pasado por la Legislatura.
El convenio con Edemsa que cuestionan los consumidores y que defienden tanto el gobierno como los empresarios, fue firmado el 3 de enero pasado y se dio a conocer por el decreto 70/2023, el 30 de enero. El gobierno de Suarez lo sostiene al decir que Edemsa venía reclamando “ingresos no percibidos”, es decir mayores costos en la prestación de servicio no reconocidos por tarifa, por unos 146 mil millones de pesos al 31 de diciembre pasado. Y que el arreglo ha evitado, afirman en la provincia, que la compañía fuese a reclamar un arbitraje internacional que siempre resulta inconveniente para el país y la provincia. Por caso, en el 2012, luego de un reclamo iniciado por los anteriores dueños de Edemsa, el grupo francés Électricité de France, se tuvieron que pagar por no reconocer tales costos unos 130 millones de dólares. Y que lo que hoy se está llevando Edemsa por el convenio, asciende al 48 por ciento de lo que podría embolsar en caso de que se siguiera la vía del reclamo internacional.
Entonces ¿por qué razón Edemsa no ha optado por el reclamo si podría obtener más beneficios por esa vía? Quizás porque entre otras razones se le extendió la prórroga de concesión por 20 años más, a partir del vencimiento de la actual que opera en el 2028. Sin embargo, en el gobierno le restan importancia a ese factor porque el valor de la concesión, de acuerdo con el EPRE, es de un poco más de 64 mil millones de pesos.
El acuerdo también ha previsto que los 17 mil millones de pesos que Edemsa le adeuda a Cammesa, el mayorista a quien le compra la energía, serán invertidos en un plan de obras que la compañía debe planificar junto al Epre. El punto es que esos 17 millones no saldrán de la cuenta de la compañía, sino de los bolsillos de los consumidores porque se sostendrán con un aumento de tarifa, de acuerdo con lo firmado. Esos aspectos son los que deben discutirse en la audiencia pública que empieza el martes. Las ONG cargan contra el gobierno por tomar decisiones que deben ser o bien resueltas por la Legislatura o bien pasar por una audiencia pública. Pero en el gobierno responden que nada del acuerdo tiene efecto todavía, como tampoco el decreto, y que por eso la audiencia de este martes tiene importancia y que está dentro de la norma.
“¿Con qué derecho el gobernador, por un mero decreto administrativo, dispone que los habitantes de esta provincia deban resignar su patrimonio al pago de la deuda de terceros, sin siquiera una ley de la Legislatura de la provincia? ¿Por qué un usuario que pidió el servicio el 1 de enero del 2023 tendrá que pagar la deuda de una distribuidora por años de endeudamiento consolidado hasta el 31 de diciembre del 2022 según el convenio transaccional? Los usuarios no son meras billeteras que solventan el desendeudamiento del Estado o el enriquecimiento de la distribuidora”. Estas son sólo un par de preguntas y una afirmación que se hacía la asociación que presentó una demanda para que se declarase inconstitucional el decreto del acuerdo y que, a las horas, la retiró, empujada por manos mágicas que decidieron, sorprendentemente, “un cambio de estrategia”. Raro.