El gasoducto de San Rafael y cerca de un millar de viviendas repartidas por puñados en varios departamentos de la provincia y que quedaron afuera del reciente acuerdo de reactivación de obras con la nación, alimentan la tensión política y presionan sobre el gobierno de Alfredo Cornejo. Un gobierno que, además, está obligado a no desentenderse de la discusión nacional concentrada en la Cámara de Diputados, protagonista de aquí a la próxima semana de fuertes debates para restablecer y recuperar parte de lo que le sacó el Senado a la Ley Bases y el Paquete Fiscal, las normas llamadas a una refundación heroica del país. Cornejo y otros gobernadores irán por la restitución de Ganancias, eliminada en la Cámara Alta. Mendoza ha perdido este año unos 75 mil millones de pesos por el no ingreso de ese recurso coparticipable, un poco más de una nómina salarial mensual del empleo público. El año pasado, desde que comenzó a operar la eliminación de la cuarta categoría del impuesto en medio de la campaña electoral presidencial, la Provincia perdió 144 mil millones de pesos, casi un punto de su PBG.

Las expectativas sobre los cambios en Diputados a la ley de Javier Milei se extienden sobre la mayoría de las provincias. Sus gobernadores parecen haber puesto toda la presión en una cámara que por naturaleza no suelen dominar ni condicionar con su influencia, como el Senado, la que sí es la casa parlamentaria de las provincias. Pero la nueva configuración política ha obligado a todo el mundo a un cambio de estrategias y de orientación de sus análisis. De lo que se resuelva en Diputados la semana próxima quedará escrita una nueva realidad en las provincias y también la suerte del equilibrio fiscal buscado por el gobierno de Milei, la custodia del plan de ajuste y la salida del estado recesivo de la economía. Bajo la lupa, y junto al restablecimiento de Ganancias, se enumeran otras de las medidas originales contenidas en la ley, como la eliminación de moratorias previsionales, la reincorporación de Aerolíneas Argentinas, del Correo Argentino y de los medios públicos y algún nuevo retoque al RIGI, el programa de incentivos a las grandes inversiones. Todo sujeto a un mundo de negociaciones que se irán cocinando en medio de la sucesión de feriados que dominan la semana.

Uno de los argumentos que esgrimió la senadora K Anabel Fernández Sagasti para oponerse a la ley, en los momentos previos al debate en el Senado, fue que Mendoza perdería 25 mil millones de pesos por las modificaciones en el paquete fiscal, tanto en Ganancias como en Bienes Personales, pero además incluyó una mención a la decisión política del gobierno de Milei de frenar la obra pública. Fue allí en donde castigó al libertario por intentar conseguir el objetivo del déficit fiscal merced a una medida “ruinosa” para el país en el corto, mediano y largo plazo “para los intereses económicos, estratégicos y sociales del país”. Como ejemplo cuestionó la paralización del gasoducto de San Rafael del que dijo se encuentra en un 90 por ciento de ejecución.

Fernández Sagasti, hay que decir, junto al presidente MIlei cuando era diputado, fueron dos de los legisladores que votaron por la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, lo que llevó al quebranto en las provincias. Y en Mendoza le recordaron, también, desde el oficialismo, que el gasoducto se frenó en épocas de Alberto Fernández en la presidencia y de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

Desde San Rafael, tierras de los hermanos peronistas Omar y Emir Félix, creen –no lo han hecho oficial– que hay cierta discrecionalidad política de parte de la Provincia por diferencias ideológicas y “olvido” al no estar incluido el gasoducto en el acuerdo alcanzado por Cornejo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la reanudación de las obras nacionales en el territorio provincial. Es la misma línea de Fernández Sagasti. “Ese gasoducto es un convenio entre San Rafael y la Secretaría de Energía. Está por fuera de Obras Públicas que es con quien hemos llegado al acuerdo. De todas maneras, el gobernador junto al intendente está buscando la forma de que continúe”, dice Natalio Mema, el ministro de Gobierno de Cornejo, cuando se le ha pedido una respuesta a ese reclamo que no es sólo sanrafaelino; se le han sumado otros de Maipú y de todo el peronismo por las obras de las viviendas que se venían haciendo con fondos nacionales.

Aunque no haya sido deliberado, en la búsqueda por destrabar las obras frenadas han quedado afuera todas aquellas que la administración peronista de Fernández, Cristina Fernández y Massa habían “arreglado” llevar adelante con los intendentes del mismo color político. Salvo el gasoducto del sur, en su mayoría se trata de barrios sociales. Se trata de un millar de viviendas que se fueron construyendo y que quedaron inconclusas con un variado porcentaje de cumplimiento. “Fueron todos contratos directos, sin intervención de la provincia”, responden en el gobierno de Cornejo. Las obras reactivadas responden a las que inició Nación por su cuenta. La Provincia, agregan las fuentes, no tiene contratos propios. Y en la aclaración provincial, en el Gobierno le aportan algo de pimienta a la situación cuando recuerdan que todas las obras paralizadas, con la excepción de los dos puentes de la ruta 40, habían sido comenzadas durante la gestión de Mauricio Macri, entre el 2015 y 2019. Allí está la Variante Palmira de la ruta 7 con más del 85 por ciento de avance, la intervención del túnel Caracoles en el límite internacional, la ruta a San Juan, entre las más relevantes. Obras que ya Fernández había ralentizado o directamente paralizado, como el gasoducto sureño.

De las 1.000 casas paralizadas, Cornejo se preocupó por reactivar 176 que Nación debía garantizar con sus fondos. Había un acuerdo entre el IPV y Nación para su construcción. Para reanudarlas, como ya se anunció, la Provincia debe aportar el 60 por ciento del costo.

En el Ejecutivo local prometen ahora ocuparse de las obras sin movimiento localizadas en los departamentos. Es un “vamos a ver qué podemos hacer”. Y con el gasoducto una manifestación que se asemeja a algo así como de un oficio de buena voluntad: “Vamos a identificar bien en dónde está ese acuerdo (hemos estado ajenos como Provincia) y lograr con el área (Energía) una solución para que hagan el desembolso que falta. En eso estamos”, aducen.