Si bien la información que rodea a casi todo el proceso es confidencial, como la identidad de las tres firmas que compiten entre sí para asociarse a la provincia y quedarse con la explotación de potasio de la mina ubicada en Malargüe, es un secreto a voces que el negocio es merodeado por José Luis Manzano, el que contaría con una porción minoritaria de una de las propuestas bajo análisis por parte de un equipo técnico y político del gobierno de Rodolfo Suarez.
Las tres firmas, las que han sido certificadas en cuanto a la calidad de sus ofertas y antecedentes por la Unión de Bancos Suizos (UBS), en su carácter de agente consultor contratado para la búsqueda y selección del potencial socio, han presentado proyectos de explotación similares, de acuerdo con los primeros trascendidos de un mes atrás, cuando desde el gobierno se anunció oficialmente de las mismas. Se trata de una oferta de inversión de alrededor de 1.000 millones de dólares, aunque se desconocen, al menos públicamente, los detalles y el contenido específico de las ideas alrededor de la inversión prometida.
En principio, las tres compañías cuentan con una pata local. Dentro de ese contexto aparece el influyente ex ministro de Interior de Carlos Menem, actual empresario multirrubro y de los considerados fuertes y poderosos en el área energética en general. Claramente, en Mendoza su presencia no puede ser soslayada en la explotación petrolera y, particularmente, como controlante de la distribuidora eléctrica Edemsa.
La confidencialidad parece acompañar los negocios de Manzano, como se corresponde con la envergadura de los emprendimientos que conduce. En secreto está, como se sabe, parte de la renegociación del contrato de concesión que ya se ha firmado entre la provincia y Edemsa y que incluye, como se ha informado, una extensión por veinte años más de aquel primer acuerdo de 1998 que vence en el 2028. Como parte de lo que se discute aparece esa suma de 146.000 millones de pesos que Manzano reclama como beneficios no percibidos entre el 2009 y el 2022.
La confidencialidad, como clave y condición sine qua non para el proceso sobre Potasio Río Colorado, arrancó en abril del 2019 cuando se firmó el primer acuerdo con la minera Vale al momento de negociar el traspaso de los bienes y dominios sobre la mina al Estado provincial. En aquel momento fue para preservar la información contable y legal de la compañía que acordaba con Mendoza la transferencia del yacimiento que en el 2013 había decidido abandonar. Y esa característica ha continuado hasta hoy con la información clasificada sobre las empresas interesadas en entrar al negocio.
Aquel primer contrato de confidencialidad suscripto el 17 de abril del 2019 tiene una vigencia de cinco años para levantar el secreto de su contenido. El 25 de junio del mismo año se firmaría el decreto homologando lo firmado y el 30 de diciembre del mismo año, ya en la gestión de Suarez, se publicaría en el Boletín Oficial. Lo que está en secreto tiene que ver, específicamente, con las actividades comerciales, impositivas, laborales y judiciales de PRC cuando estuvo bajo el control de Vale y, además, incluye aspectos del proyecto en sí.
El 19 noviembre del 2020 se firmó el contrato de traspaso de la mina a la Provincia y se activó el proceso de búsqueda de un socio. Un proceso de selección que quedó en manos de UBS con las tres firmas seleccionadas que están en plena competencia con ofertas vinculantes; esto quiere decir que si no cumplen con lo que se comprometieron, serán penalizadas con el pago de una multa varias veces millonaria en dólares.
Mientras se está llevando adelante el proceso de selección de la empresa, el que podría quedar terminado hacia los últimos meses del año, de acuerdo con lo informado por el propio gobierno, de forma paralela se está llevando adelante una serie de subastas públicas con los bienes que dejó PRC y que no serán utilizados para la nueva etapa porque se considera que están obsoletos. Pero lo que seguramente será utilizado es el campamento que levantó Vale para unos 3.000 operarios, el material para la construcción de una línea de alta tensión que unirá el yacimiento con la línea Comahue-Cuyo, parte del material ferroso que se acumuló para lo que sería la construcción de una línea férrea para sacar el material por el puerto de Bahía Blanca, una ambulancia, una planta potabilizadora de agua y una autobomba, además de una pista de aterrizaje en condiciones de ser utilizada, aparentemente.
Con el resto de los bienes en desuso, el gobierno cree que puede llegar a recaudar entre 250 y 300 millones de dólares. El remate más próximo de parte de los artículos se llevará adelante el 31 de marzo próximo, y comienzan a ser exhibidos el 29. Son varios lotes que contienen desde una camioneta Toyota del 2012 con 143.000 kilómetros con una base de 2,4 millones de pesos. El valor, en principio, parece conveniente y apetecible, aunque el edicto aclara algunas observaciones a tener en cuenta: “Paragolpe trasero oxidado y con golpes y falta de pisaderas de goma en los extremos. Interior con faltantes, advertencia de ABS y aire acondicionado no enfría. Dirección ruido y golpe al girar. Motor falla de turbo. Caja cruje la segunda marcha y vibra el embrague”. Los demás lotes están constituidos por caños y tubos, cables varios, rollos de fibra, indumentaria de trabajo, accesorios, chatarra, mobiliario, elementos de protección, sistemas de red, teléfonos y hasta módulos habitacionales. De todo, como en botica.