El gobierno de Javier Milei acaba de cerrar un viejo litigio con las distribuidoras de energía del país, las más importantes ubicadas en el AMBA, Edenor y Edesur, mediante un mecanismo de compensación que alcanza a unos 1.842 millones de dólares de deudas que las empresas mantenían con Cammesa, el mayorista eléctrico controlado por el Estado. A cambio, las compañías deben desistir de los reclamos judiciales y administrativos vinculados con los períodos de atraso tarifario y con los denominados activos regulatorios, es decir, los ingresos que sostienen haber dejado de percibir durante los años en que las tarifas quedaron por debajo de los valores previstos en sus contratos.

El número, de por sí enorme, adquiere otra dimensión cuando se mira quiénes están detrás de él. Edenor concentra una deuda con Cammesa de unos 438 millones de dólares; Edesur, otros 345 millones, mientras que las cinco distribuidoras que integran el Grupo DESA –Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa– acumulan otros 474 millones. Entre los tres grupos reúnen 1.257 millones de dólares, alrededor del 69 por ciento del total involucrado. Es decir que una parte sustancial de la discusión por la regularización del sistema eléctrico tiene nombre y apellido empresario.

Los argumentos del Gobierno han hecho foco en el fin del conflicto. Desde lo estrictamente técnico, se sostiene que el Estado arrastraba una deuda con las distribuidoras por los ingresos que no percibieron durante los años de congelamiento tarifario y que, de avanzar los reclamos en la Justicia, el país quedaba expuesto a fallos de una magnitud difícil de determinar. La salida elegida consistió entonces en cruzar las cuentas: el reconocimiento de esos créditos regulatorios hasta el límite de las obligaciones de cada distribuidora con Cammesa y, a cambio, cerrar los reclamos pendientes.

El Gobierno lo presenta como una regularización extraordinaria del sistema eléctrico y como un “borrón y cuenta nueva”. Desde esa perspectiva, la operación no sería simplemente una condonación de deuda, sino la compensación entre dos obligaciones que nacieron de un mismo problema: durante años, las tarifas no acompañaron los costos y las condiciones contractuales, mientras las distribuidoras acumularon deudas con Cammesa. La discusión, naturalmente, está en cuánto vale realmente cada una de esas obligaciones y quién terminó soportando el costo de que durante tanto tiempo no se sincerara el sistema.

Como suele ocurrir, las sospechas de que pudo haberse avanzado en un proceso pernicioso para el Estado siempre están a la orden del día. Pero también hay que darle la derecha a la intervención del Parlamento, porque más allá de detener el debate para analizar el cómo y el porqué de quienes votaron a favor y quienes lo hicieron por la negativa, se trata de una medida que pasó por otro poder del Estado clave y que ahora tiene fuerza de ley. Eso no resuelve la discusión sobre el contenido del acuerdo, pero sí obliga a analizarlo como una decisión institucional y no simplemente como una resolución administrativa del Gobierno.

Una de las primeras dudas surge en torno a los motivos que llevaron a estas distribuidoras, en manos de empresas y empresarios poderosos, a aceptar un pacto que a primera vista podría parecerles perdidoso: Edenor, vinculada a Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti; Edesur, perteneciente al grupo italiano Enel; y las empresas del Grupo DESA, de Rogelio Pagano, que reúnen buena parte de la distribución eléctrica bonaerense y del resto del país. Las compañías resignan la posibilidad de continuar reclamando por los ingresos regulatorios que consideran adeudados y, a cambio, se les permite cancelar con esos créditos la deuda que mantienen con Cammesa.

La respuesta, probablemente, esté menos en mirar solamente el número que se perdona que en observar qué se consigue a partir de ahora. Para una empresa distribuidora, cerrar definitivamente una disputa que puede prolongarse durante años, eliminar el riesgo de litigios y quedar dentro de un esquema tarifario que pretende normalizar sus ingresos puede tener un valor económico considerable, aun cuando implique resignar una acreencia que en los papeles podría ser mayor.

Mendoza ya pasó por un acontecimiento similar cuando en 2023 llegó a un acuerdo con Edemsa por el que se pusieron sobre la mesa las obligaciones incumplidas de la compañía en materia de inversiones en la red y en el sistema que debía realizar y no había realizado, junto con su reclamo por tarifas atrasadas.

La solución también fue un cruce de obligaciones: la Provincia extendió la concesión por 20 años (vencía en el 2028 y se prorrogó hasta el 2048), redujo el canon del 10 al 6 por ciento y Edemsa asumió un plan de obras de 17.000 millones de pesos para ejecutar durante una década. Pero hubo una particularidad decisiva: el propio acuerdo estableció que ese plan de obras sería incorporado a los cuadros tarifarios y actualizado junto con ellos. En otras palabras, los usuarios terminaron financiando a través de la tarifa las inversiones comprometidas por la empresa.

Y hay otra semejanza que no es menor. En el acuerdo provincial, los accionistas de Edemsa también renunciaron a reclamos iniciados o futuros ante el CIADI por ingresos que consideraban no percibidos. La lógica de fondo vuelve a aparecer: cerrar litigios, ordenar las cuentas acumuladas y establecer hacia adelante nuevas condiciones de funcionamiento del servicio.

Las malas decisiones se terminan pagando caro. La regularización de un sistema que padeció durante años una falta de control suficiente por parte del Estado, la ausencia de reglas claras y una buena dosis de demagogia y populismo por parte de los gobiernos responsables terminan haciendo mella y eclosionan cuando alguien dispone su normalización, en medio de un festival de hastío e indignación social del que la misma política intenta valerse cuando años atrás, cuando debió velar por reglas claras para todos, no lo hizo por el mero hecho de sacar una ventaja electoral transitoria o extender un poder que creyó para siempre.

La construcción de un nuevo país no sólo demanda que la mayoría de la sociedad acompañe el sacrificio, como esa decisión mayoritaria que se tomó hacia fines de 2023 encumbrando a Milei en el poder y que todavía se mantiene, aunque con algunas flaquezas y renuncios. También necesita de una dirigencia responsable y autocrítica, capaz de reconocer que las decisiones que durante años parecen resolver un problema pueden terminar simplemente trasladándolo hacia adelante. Y necesita, claro, de un Estado que no vuelva a repetir el mismo error desde el otro lado: que no confunda la normalización de un sistema con la ausencia de controles, ni la necesidad de recuperar inversiones con la obligación de garantizar que las tarifas y las concesiones respondan a reglas transparentes y verificables. En su momento se festejó el congelamiento de una tarifa, como antes se hizo en el mismo Parlamento con el anuncio del no pago de la deuda externa en el arranque del 2002. Y con todo eso se postergó una decisión y se permitió que una obligación se acumulara durante años y muchos creyeron que la cuenta desaparecía cuando simplemente quedó esperando.