El desprecio por los problemas más acuciantes de los ciudadanos es, cuando menos, obsceno y escandaloso.

Apenas llegado de Brasil, adonde fue para participar de la asunción de la tercera presidencia de Lula, el presidente Alberto Fernández se reunirá con los gobernadores peronistas y afines, a quienes convocó para discutir con ellos los términos del pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Es una verdad de perogrullo, pero no por eso, no porque signifique una obviedad que todo el mundo está identificando de primera mano, no merece ser señalada tal miopía, confusión y arbitrariedad al momento de definir, desde la primera magistratura del Estado hacia abajo, las prioridades.

Fernández no ha llamado a los jefes de Estado provinciales para discutir un plan contra la pobreza y la miseria extrema; no para compartirles alguna idea sobre cómo llevar adelante un programa educativo que mejore el nivel de los conocimientos que los chicos están adquiriendo en una escuela que ve sistemáticamente perder calidad en los contenidos que se imparten porque las exigencias en el mundo desarrollado son cada día más sofisticadas; no para preguntarles sus pareceres para que en cada provincia, todas con características particulares, se promueva la inversión de capital para generar riqueza y ofrecer más y mejores empleos dignamente remunerados; no para idear un plan estratégico de crecimiento y desarrollo federal tomando y promoviendo las potencialidades de cada región; tampoco irán los gobernadores a la Rosada animados porque se les haya pedido alternativas para bajar el gasto público que se está esfumando en plantas de personal estatal ñoqui y en estructuras burocráticas improductivas e inconducentes; tampoco para estudiar por qué el país tiene más de 40 por ciento de sus trabajadores en negro sosteniendo y multiplicando una situación apremiante para las víctimas de tal sistema que cuando les llegue el momento del retiro no tendrán con qué subsistir; estos mandatarios no han sido llamados para frenar, producto de la informalidad y la precariedad laboral que se expande en el país como una mancha de aceite, el hecho de que sólo 1 de 10 mujeres con 60 años está en condiciones de jubilarse con los 30 años de aportes que requiere la ley, y sólo 3 de 10 para el caso de los varones; tampoco el presidente los ha llamado para intercambiar alguna que otra impresión sobre las exportaciones de cada región; para buscar incentivos que le permitan al privado producir más si es que ese es el camino para este gobierno con el fin de ir derrotando la inflación y tantos otros motivos más que suficientes como para tener intranquilo a cualquiera administración de gobierno responsable que se precie.

La agenda del presidente no es la de la clase media y media baja, que es la que sostiene con su esfuerzo lo poco que queda en pie de una economía devastada. Ya se sabe de quién es la agenda y se sabe, claramente, cuáles son los temas que mantienen la mente ocupada de un gobierno que, al arrancar su último año de gestión, cuando menos debiese demostrar algo de empatía con los sufrientes argentinos.

El presidente está en su derecho, cuando habla en público y ofrece entrevistas, de decir lo que quiera y de responder las preguntas que quiera. Como contrapartida, a quien lo escucha y lo lee, le asiste el mismo derecho de interpretar como mejor le plazca lo que está señalando. Pero lo que no se puede poner en discusión son los hechos. Para el presidente, en sus últimas declaraciones en Brasil, el Frente de Todos está competitivo para afrontar el proceso electoral clave de mediados de año porque, a su modo de ver, se han mejorado todos los indicadores de aquel país que recibió en el 2019, tras el paso de Mauricio Macri por la presidencia. Ahora, que Fernández no reconozca ni tan siquiera un error y se limite a señalar a los 2 años de pandemia y a la guerra que desató Rusia en el Este europeo al invadir un año atrás a Ucrania, es, cuando menos, un golpe a la paciencia y serenidad que ha demostrado tener buena parte de la población del país que sólo vive para lamentar tanto desaguisado manifiesto.

Pero, también hay que destacar que el presidente no sólo se está ocupando de la preocupación que tiene el kirchnerismo con la Justicia y, en particular, con la Corte, un organismo que tendrá que resolver en poco tiempo más una serie de causas angustiantes para la situación personalísima de la vicepresidenta de la Nación. Hay otros asuntos que Economía, en manos de Sergio Massa, va resolviendo en línea con lo que algunos intuían sucedería en el negocio del mercado eléctrico. De los más de 400.000 millones de pesos en números gruesos que las distribuidoras eléctricas acumularon de deuda con Cammesa, el operador mayorista a quien cada una de ellas les compra la electricidad, se redujo a menos de la mitad luego de una refinanciación de deuda de la que se eliminaron los intereses punitorios, de acuerdo con lo informado este lunes. Las mayores beneficiarias del acuerdo han sido Edenor y Edesur, las empresas más grandes y las que más deuda fueron sumando por no hacerse cargo de la energía que compran para venderles a sus clientes; clientes que, como era necesario llevar a la práctica, se están quedando sin subsidios, comienzan a pagar a un valor cercano a la realidad, pero que no ven que las cargas del esfuerzo estén bien distribuidas o, cuando menos, con justicia. Como siempre.