Por un exceso de corrección política o por temor a las amenazas y persecuciones constantes a las que podría estar sometido, es común que, tras una declaración o comentario por el que algún universo o colectivo determinado se pueda sentir afectado, de inmediato suele aparecer el pedido de disculpas y las aclaraciones consabidas de quien hizo la declaración. Y se afirma, por caso, que no se quiso decir tal o cual cosa, o que en medio del fragor de una discusión o de una charla animada y agitada, se construyó mal una frase y se terminaron manifestando cosas desafortunadas o poco felices.

Cada uno, desde ya, es dueño de lo que dice y de lo que hace, y mucho más cuando se es un adulto propietario de sus palabras y más cuando se está al frente de un cargo público de relevancia. Y si, tras una descripción objetiva y ajustada a la verdad, que ha provocado reacciones en contra, pedidos de explicaciones y presentaciones ante la Justicia en su contra, siente o percibe que debe salir a pedir disculpas o a aclarar que no quiso decir lo que, en verdad, dijo, también corre por su cuenta. Y se trata de un comportamiento muy común, que suele ser propio de un político en actividad y que se está jugando el pellejo en una contienda electoral.

Miguel Ronco, el intendente de Rivadavia, movido por la pasión, el ánimo exaltado y la ebullición propia de un acto de campaña, decidió defender enfáticamente el ítem aula, que se instrumentó en la provincia en el 2016, bajo la administración radical de Alfredo Cornejo, manifestando: “¿Qué pueden decir, los que a lo mejor siempre fueron tramposos? Lamento aquellos que no saben entender que en la vida hay que ser cumplidor, hay que ser honesto. No hay que tapar. Imagínense que tuvieran cuatro intendentes en Rivadavia porque yo me tomé licencia, porque me duele el pie; porque el otro se tomó licencia porque había estornudado, porque el otro se tomó licencia porque iba a ser mamá, cuatro intendentes en un aula”.

La historia es conocida. Tras un aluvión de críticas de dirigentes opositores a su pertenencia política y una denuncia en su contra en el Inadi por discriminación, Ronco salió a pedir disculpas.

Todo indica que el problema con el ítem aula lo estaría teniendo la dirigencia gremial desde el vamos y, en primer lugar; los dirigentes de la oposición al gobierno que lo impulsó y lo implementó y mucho docente al extremo ideologizado y militante político.

El grueso, de un total aproximado a los 50.000 docentes, sin bien no se muestra indiferente ante un ítem o adicional que le significa un 10 por ciento de su salario, no estaría manifestando ni temor ni preocupación extraña alguna, porque entiende que su misión es estar en el aula. Lo propio ocurre para un enfermero, para un obrero de viña, para un empleado de comercio, para un empleado de una agroindustria, de una metalúrgica, de un banco, de una oficina administrativa, para un periodista, etcétera, etcétera. La norma es ir al trabajo y cumplir, capacitarse y buscar ser el mejor en lo suyo, para ganar un sueldo y exigir en consecuencia. La norma es que un perro muerda en todo caso a un hombre, y no al revés.

La corrección política al extremo lleva a muchos candidatos en épocas electorales a evitar hablar con todas las letras y a decir cuando es necesario todo lo que sabe y lo que se debe hacer. La corrección política a veces se confunde con la prudencia. Con lo que no debiese escudarse en la prudencia el negar una realidad que es necesario o mantenerla o modificarla, pero no travestirla. O se dice o no se dice. Y en una campaña, el político suele pecar en eso de buscar los mejores modos y las formas determinadas producto del marketing y la parafernalia.

En el informe de gestión del área educativa de la administración que aplicó el ítem aula, entre el 2015 y el 2019, se puede leer: “Hasta el 2015, un cargo docente podía tener hasta cinco o seis suplencias por un cargo titular, en donde el Estado, sin control administrativo, sumado a un caos financiero, pagaba y pagaba por un gasto público de crecimiento sostenido sin mejoramiento del servicio”.

Y, más adelante, tras hacer foco en lo que significó “un no mal gasto” de unos 1.000 millones de pesos en el primer año de vigencia del ítem y de sostener que las ausencias cayeron de 18 y 20 por ciento a 5 por ciento en un año, el informe describe un costado poco conocido de una consecuencia positiva del ítem: el de la disminución de los juicios civiles iniciados por los padres de alumnos por daños y perjuicios sufridos en las escuelas mendocinas.

Dice el trabajo: “Entre el 2014 y 2015 ingresaron 60 juicios civiles por daños y perjuicios, mientras que para el 2019 se redujo a 19 juicios civiles, lo que permite observar una marcada disminución de los daños y perjuicios sucedidos dentro de los establecimientos educativos. El docente –agrega–, al estar ejerciendo en forma activa su función, repercute en una clara disminución de las caídas o daños sufridos por parte de los alumnos, lo cual permitió reducir la cantidad de juicios civiles”.

La información de números duros da cuenta de que, en el 2015, las inasistencias totales sumaron 13.856, mientras que el 2019 terminó con 8.911; que las licencias gremiales también disminuyeron de 49 en el 2015 a 15 en el 2019; también las inasistencias por razones particulares, que fueron 4.885 en el 2015, disminuyeron a 3.137 en el 2019 y las inasistencias injustificadas, que alcanzaron las 1.861 en el 2015, bajaron a 678 en el 2019.