Aquel famoso proyecto que los empresarios fogonearon con entusiasmo para dar empleo a cambio de rebajas o eliminación de Ingresos Brutos y que impulsaron en una mesa amplia de discusión en la que estaban sentados junto al Gobierno, académicos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, parece haber pasado a cuarteles  de invierno. Y, si bien la iniciativa está ahí, latiendo todavía, aprobada en términos generales, muy probablemente será olvidada luego de que la Comisión Económica del  Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) no la tuviera en cuenta y se decidiera por otra, aquella que apunta a la eliminación de trámites burocráticos en las  oficinas públicas. 

El CEAS se reunió el viernes para definir las primeras propuestas que tendrá para llevar adelante el Gobierno. De las siete comisiones en las que se dividió el trabajo del  órgano multidisciplinario, sin dudas que la de Economía había generado las mayores expectativas en medio de la crisis y dificultades de la provincia. La decisión de no  llevar adelante la reducción de impuestos a cambio de empleos resintió la relación entre los empresarios nucleados en el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y el  gobierno de Rodolfo Suarez. Unos y otros se han sacado chispas: en el Gobierno aducen que, como a los empresarios no les gusta el programa de incentivos a la  creación de empleo que Economía llama Enlace y Enlazados, lo boicotean solapadamente; los empresarios reaccionan –siempre en estricto off– e indican que, pese a las  bajas que se han venido disponiendo en las alícuotas del impuesto que más daño hace a la actividad económica, las tasas son altas y que no hay ánimo ni de bajarlas  más ni, mucho menos, de eliminar el gravamen. Como sea, la relación se ha resentido y a algunos de los representantes que los empresarios tenían sentados en el CEAS hace ya algún tiempo que no se los ve.

Hasta mediados del año pasado, tanto el Gobierno como los empresarios venían dando señales, dentro del CEAS, de ir en la misma dirección. Habían convenido que  aprovecharían el ámbito para darles rienda suelta a los asuntos estratégicos y estructurales que Mendoza no trabaja, ni aborda seriamente, desde bastante tiempo a esta parte. Se señala que, en agosto del 2021, la asamblea había aprobado avanzar en la reforma de Ingresos Brutos que los empresarios proponían, pero también estudiar una reforma más o menos profunda del empleo público, incorporando incentivos, premiando el mérito y la productividad. También se había acordado rediscutir la estrategia para impulsar la minería dentro de la ley 7.722 y desplegarla con énfasis en aquellos departamentos que la piden, como Malargüe.

Cerca de fin de año, en noviembre, el Gobierno solicitó a las comisiones que volvieran a votar y revisar los proyectos que habían estudiado y que habían sido identificados en agosto, con lo que cada comisión volvió a enfrascarse en ellos. No hubo sorpresas grandes, salvo en Economía, donde la iniciativa de Ingresos  Brutos fue dejada de lado. El viernes, la asamblea del CEAS oficializó las iniciativas propuestas a Suarez.

Los empresarios cuestionan la falta de firmeza y decisión para discutir lo que, ellos entienden, son los temas centrales, estructurales, en un ámbito que ha sido creado  para imaginar la Mendoza de los próximos treinta años. Pero, dicen que, pese a que están viendo más adelante desde el CEAS, la política interfiere con sus urgencias y  su mirada especulativa.

Ya está en el horizonte el escenario electoral del 2023. Por eso, no habrá reformas económicas ni financieras de fondo, a excepción de todo lo que está impulsando  Suarez, como la boleta única, esa serie de modificaciones en el ámbito judicial y la posible vuelta por la Ley de Educación y la reforma institucional. En el CEAS –dicen  en voz baja– sólo avanzarán los temas menos conflictivos. Son todos buenos, agregan, y necesarios, pero aquellos que merecen asumir algunos costos y riesgos  quedarán postergados. El Gobierno tiene otra mirada sobre el punto de Ingresos Brutos. Sostiene que esa medida, la de bajar el impuesto a cambio de empleo, se  implementó en el pasado y no tuvo impacto real. Y defiende Enlace y Enlazados, el programa que ofrece el Salario Mínimo Vital y Móvil por cada empleo nuevo creado y  por el término de siete meses. Hoy, ese subsidio es de 33.000 pesos y hacia fin de año será de 48.000 pesos. Según Economía, en ocho meses se llevan creados 4.200  empleos nuevos. Además, las críticas oficiales a la rebaja del impuesto se asientan, también, en el hecho de que las actividades que pueden crear empleo tienen alícuotas bajas o relativamente bajas, con lo que no ven incentivos importantes ahí. Por ejemplo, enumeran el caso de las bodegas, que tienen una alícuota de 0,75 por  ciento; la industria del conocimiento, con cero por ciento; el agro, también cero, y los hoteles y restaurantes, 2 por ciento. Y a las que les pudiese interesar por la  alícuota alta, como el sistema financiero, las compañías de seguro o las telefónicas, no lo hacen.