Hay mendocinos, muchos más de lo que se podría creer, que sueñan con una Mendoza desenganchada de la Argentina, afuera de ella como si de una comunidad autonómica e independiente se tratase y lejos del influjo negativo y perjudicial que suele emanar del poder central o administración del Estado nacional por sobre la mayoría de las provincias. No todas, es cierto. Pero sí por sobre las más productivas, dinamizadoras de la economía y generadoras de riqueza diversificada.

El meneado asunto del MendoExit –término con el que se comenzó a llamar y describir a los deseos independentistas de los mendocinos–, cobró cuerpo promediando el 2021, cuando se metió de lleno en la campaña electoral de medio término. Un grupo de libertarios, liderados por Hugo Laricchia, el mismo que viene de cosechar alrededor de un 20 por ciento de los votos en Capital, fue el primero en levantar las banderas que más tarde nacionalizara, como metáfora, Alfredo Cornejo, cuando al quejarse por el trato discriminatorio de parte de la nación hacia la provincia gobernada por Rodolfo Suarez, durante una entrevista periodística terminó reconociendo y admitiendo ese sentir y pensamiento de parte de muchos mendocinos.

En el libro GildoKracia, el propio Cornejo y el economista Alfredo Aciar sobrevuelan el asunto, aunque se entiende que para demostrar que no sólo Mendoza, sino otras provincias en la misma situación, las de mayor desarrollo económico e industrial le aportan a la nación mucho más de lo que la nación les devuelve. En esa lista también aparece Buenos Aires, la más grande de todas, la más potente, la más rica, la de mayor peso electoral y la que concentra, además y como contrapartida, el conglomerado de personas más voluminoso de todo el país y, a la vez, el más pobre. Una Buenos Aires que pierde en la relación, recibiendo sólo el 30 por ciento de lo que aporta; o como Córdoba, en el orden del 27 por ciento; o Santa Fe, en el 24 por ciento y Mendoza oscilando el 40 por ciento. Son datos que confirmó Aciar, cuando entrevistado en LVDiez comentó el objetivo, la línea, el contenido y la dirección de GildoKracia, no sólo en términos técnicos, sino políticos, sobre todo.

El sistema de coparticipación federal de impuestos, cuando surgió, hacia fines de los 80, tuvo como objetivo central ordenar el reparto de los impuestos en el país acercándole oportunidades de crecimiento y desarrollo a provincias más postergadas y deprimidas.

Con el tiempo, las consideradas más ricas y que sostenían el modelo, fueron quedando marginadas. Y Mendoza quedó entrampada entre las provincias más ricas de las pobres y la más pobre de las ricas. Pero no le otorgó equidad, sino todo lo contrario frente a provincias vecinas que, además, comenzaron a ser beneficiadas con diferentes regímenes de incentivos como la promoción industrial, pactos fiscales diversos y repartos de fondos sujetos a la decisión política del Ejecutivo nacional. Por su lado, las beneficiadas, entre ellas la mayoría de las provincias del NOA y NEA, con Formosa y Catamarca como estandartes, también Santiago del Estero y La Rioja, no lograron el despegue que se proponía el sistema de reparto. Por el contrario, esos estados lucen devaluados y en decadencia como la Argentina en un sentido más genérico.

Formosa, el caso paradigmático del feudalismo, la prebenda y el populismo demagógico de la Argentina, lleva años dependiendo pura y exclusivamente de las partidas que le envía la nación y que aporta el resto de los estados más productivos y desarrollados del país. Pero no sólo por ser los más favorecidos en cuanto a recursos naturales, geografía y demás; sino por un proceso de desarrollo e industrialización que apoyó la capitalización y uso de tal riqueza. En GildoKracia, Aciar sostiene que más del 75 por ciento de los fondos que requiere Formosa para subsistir provienen de la nación.

El nuevo período de recambio institucional debería contemplar un análisis a fondo del sistema de coparticipación. Es cierto que su revisión tiene un escollo insalvable que es la condición de que todas las provincias deben expresar su apoyo, es decir, en un contexto de unanimidad absoluta. Y está claro que algunas de las provincias, cuando se vaya a un nuevo sistema, podrían percibir un retroceso con lo que se opondrían, como es lógico. A excepción que los cambios tengan como foco los recursos que se queda la nación en el reparto primario, antes de calcularse lo que debiese ir a las provincias. Que la nación soporte con sus recursos todo lo que las provincias debiesen resignar detrás de un sistema más justo y objetivamente real.

Hay, de todas maneras, muchos proyectos para darle una vuelta a un asunto central para la Argentina. Si hay provincias, como probablemente Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba que podrían vivir con lo que producen –“con lo nuestro”, al decir de Aciar–, y que hoy resultan perdidosas por el peso que el Estado nacional imprime sobre ellas, se está dejando al descubierto las partes de un modelo inviable que agudizan las diferencias sociales y que se han convertido en el combustible que la política ha utilizado, incluso, para alimentar la grieta ideológica y social, lo que más preocupa.

Y entre las ideas que dan vueltas aparece una tomada de los orígenes de la república, de la época en la que las provincias percibían sus impuestos coparticipando a la nación, mientras que la nación se quedaba con la administración del comercio exterior. Quizás por ese lado, si se logra construir un acuerdo mayoritario con el paso de los años, se consiga algo más alentador, equitativo y justo que lo que existe hoy.