El primer presupuesto del gobierno libertario de Javier Milei está lleno de interrogantes e incertidumbres. Desde el momento en que el presidente, cuando lo presentó aquel domingo al caer la noche, anunció que había llegado el momento en el que las provincias tendrían que hacer su ajuste del orden de los 60 mil millones de dólares, no fueron pocos los que se imaginaron estar frente a un bolazo y a un plan de gobierno hacia el 2025 algo disparatado. Y si bien a las pocas horas fue José Luis Espert –el diputado libertario que preside la comisión de Hacienda y Presupuesto–, el encargado de corregir la extraña cifra lanzada por el presidente, al establecerla en unos 20 mil millones de dólares, de igual manera quedó en el aire una atmósfera espesa y maloliente sin disipar, aportando un condimento más al por demás confuso escenario político del país, ahora en el campo de los números que debieran ser más precisos.

Cualquiera de las dos cifras que han cuantificado el ajuste en gastos que tendrían que llevar adelante las provincias está lejos, muy lejos, de la realidad que tendrán que afrontar los estados sub nacionales. Es que, según el proyecto de presupuesto, las provincias en su conjunto, todas, estarían recibiendo el año próximo con el sistema vigente, unos 58 mil millones de dólares entre fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) y los que se giran por afuera del sistema automático de reparto, como los recursos que financian las obras de Vialidad Nacional o el Fondo Nacional de Viviendas (Fonavi) que surgen de lo recaudado del impuesto a los combustibles. Tales cifras, unas y otras, están dentro de los denominados RON, o recursos de origen nacional, que son los que primero ven los ministros de Hacienda o de Finanzas de las provincias. Lo propio habría pasado en Mendoza.

Quizás porque se trate de una cifra, la de los 60 mil o 20 mil millones de dólares, como sea, fuera de control y de una dimensión desconocida; o porque se crea o se tenga el convencimiento de que Mendoza ya hizo lo que ahora entretiene a la administración de Milei con los recursos que se tienen para el funcionamiento del Estado, en el gobierno no le han prestado demasiada atención a la exigencia.

Pero claro que, a los efectos de alimentar hacia adentro un discurso que al gobierno de Alfredo Cornejo le ha significado apoyos generales, tanto en las épocas electorales como para cualquiera reflejada en los sondeos de humor social: eso de concentrarse en un manejo administrativo del Estado ajustado a los recursos con que se cuenta, el Ejecutivo de la provincia se ha mostrado más que partidario al déficit cero proclamado por Milei y en la meta del equilibrio fiscal absoluto. Pero se confrontará, como es posible que lo hagan todos los gobernadores, la rígida dirección ideológica del gobierno nacional de hacer desaparecer al Estado de todas las funciones, en particular de aquellas que hacen al financiamiento de obras de infraestructura que habilitan al desarrollo económico y al comercio bilateral internacional. Y es que con cifras ridículas aparece ese puñado de obras viales que quedaron inconclusas durante la gestión de un hoy inclasificable Alberto Fernández. Poco más de 23 mil millones de pesos destinados a Vialidad, entre recursos del Tesoro, de los provenientes del crédito internacional y de las transferencias. Allí están las obras de la Variante Palmira – Agrelo y los cercanos a la frontera con Chile, además de los de la ruta 40 a San Juan.

Y un dato adicional a todo el análisis, aunque más que trascendente, es lo que le correspondería a Mendoza de todo el reparto previsto para el año próximo de fondos de origen nacional, los mencionados RON: la planilla elaborada por el gobierno de Milei establece que por todo el año la provincia recibiría 2.283 millones de dólares, o 2.2 billones de pesos. Y si la provincia mantiene para el 2025 la relación de financiamiento que ha tenido hasta ahora, es probable que tal cantidad de fondos signifique el 54 por ciento de la totalidad de los recursos que requiere para funcionar en el año. El resto de los recursos tiene origen provincial, y son los que provienen de la recaudación de ingresos brutos, sellos y automotores entre las fuentes más relevantes.

Son días en los que se habla de cambio de época, desde ya, y de la búsqueda o exploración de incentivos que fomenten la inversión. Los más de 6 puntos de desempleo en Mendoza y el elevado porcentaje, casi 20, de personas que buscan otro empleo para sumar recursos que le permitan llegar con algo más de dignidad y alivio a fin de mes; más los valores de la pobreza e indigencia, obligan a ir por alguna medida que mitigue al menos la desazón y el estado de angustia y preocupación permanente. Esa alternativa que nació en Mendoza quince días atrás cuando se realizó el encuentro de los ejecutivos de finanzas (IAEF) y al que asistió Milei, vinculada con el alumbramiento de un mini RIGI destinado a Pymes, emerge como una de las apuestas más cercanas a la realidad del universo de personas sin trabajo, o con empleos precarios o disconformes por una situación que, al menos en ese nivel, en el de la vida real no ve los cambios positivos que el gobierno afirma ya se están dando en la macro economía. En ese estadio de la sociedad, el más numeroso, todavía se pena por una recesión impiadosa.

Ese mini RIGI no es otra cosa que la meneada ley para las Pymes. El proyecto que surgió en Mendoza contiene incentivos y beneficios fiscales y tributarios para las nuevas inversiones que puedan realizar este tipo de empresas, de una escala menor, desde ya, que las que contempla el RIGI con inversiones que parten desde los 200 millones de dólares. El piso de inversiones del mini RIGI es lo que falta fijar y establecer, pero todos parecen estar convencidos que, mientras se espera a los grandes, hay que ir por las más chicas, las de las Pymes, que son las que podrían provocar en verdad una revolución del empleo; una revolución que no asoma, hoy, ni en las visiones más optimistas hay que decir.

El plan para activar a los pequeños y medianos inversores, locales por sobre todo, supone idear una simplificación tributaria con la creación de una cuenta única en la que se compensen los saldos a favor con impuestos nacionales como IVA, Ganancias y Anticipos; también que la única alícuota de Ganancias sea del 25 por ciento y una estabilidad fiscal que garantice que dentro del programa la nación, las provincias y los municipios no creen ni aumentos impuestos y tasas.

El proyecto también prevé reducir las contribuciones patronales, no sólo para los posibles nuevos impuestos sino para los de la nómina actual; para los nuevos, el plan apunta a que el empresario tenga una disminución de esa carga del 75 por ciento para el primer año y del 50 por ciento para el segundo.

También cuenta con un capítulo que facilite la internacionalización de las Pyme o Mipymes eximiéndolas de los derechos de exportación, aumentos de los reintegros y herramientas más accesibles para la financiación de operatorias.