Desde varios años atrás, hasta se podrían mencionar décadas, dos o tres cuanto menos, las columnas semanales de análisis político en Mendoza se la pasan anunciando –como si estuviesen entrampadas en un loop sin solución y sin salida–, “la Mendoza que se viene” y hablan además de “los desafíos del futuro” y por supuesto que de la remanida “necesidad de transformaciones”. Han descrito y explicado, de alguna manera, expresiones de deseo de la sociedad en diferentes momentos históricos, políticos y económicos de la provincia, sin dudas. Pero también han sido la manifestación contundente de una necesidad colectiva constante e insatisfecha.
Una revisión histórica muy general, rápida, a vuelo de pájaro, da cuenta que el desarrollo y el progreso de Mendoza se han dado en oleadas, algunas de ellas inesperadas, otras más o menos pero nunca garantizando un período de crecimiento sostenido y sereno.
La visión política oficial gubernamental, en general, incluyendo en esto a administraciones de igual o distinto color político, han coincidido en aquello que cuando a la Argentina le ha ido bien, con las variables de su economía estables por un tiempo, Mendoza ha volado. Cuando ha sido al revés, ese detenimiento de los motores de la producción le ha pasado una factura demasiado cara a una provincia que ha debido lidiar con demandas complejas y sofisticadas justificadas, producto de una inversión de esfuerzo y compromiso colectivo muy distinto al de otros estados de su misma escala, y sin poder satisfacerlas.
Que el empleo privado y formal sólo haya crecido alrededor de un 3 por ciento en el lapso de casi una docena de años, da cuenta por si sólo de la magnitud del parate y estancamiento. Cuando la maquinaria particular y privada se ha visto afectada, Mendoza se ha detenido casi a cero y se ha notado mucho más que en otros territorios que han podido responder a este tipo de crisis con un mix de commodities siempre demandados en el exterior o en el mismo mercado interno, por un lado; por otro, han sumado a su favor una configuración también diferente del reparto de fondos coparticipables. Sólo en este último punto Mendoza camina al fondo de la tabla en los ingresos per cápita por coparticipación federal de impuestos. Y en la actualidad se le adiciona, además de ese fenómeno pernicioso con el que carga desde casi 40 años atrás cuando se discutió el reparto de impuestos entre la nación y las provincias y se interpretó de forma errónea una riqueza superior de Mendoza sobre otras que en rigor nunca fue tal, la política de abandono del Estado nacional con el fin de las transferencias que financiaban obligaciones recíprocas que han sostenido la salud, la educación y la infraestructura pública, lo básico.
Alfredo Cornejo viene de alzar la voz en un foro empresarial vinculado con el negocio del seguro, en Bariloche, sobre el debate que se abrirá en breve por la reforma fiscal y tributaria. Lo hizo al lado de otros gobernadores como Martín Llaryora de Córdoba y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Por los dichos, al mendocino se lo vio cuidando el tono quizás para evitar una confrontación directa con el gobierno de Javier Milei, pero tampoco guardó reparos para plantear un par de cosas: que la nación se sigue financiando con el cobro de un impuesto que había sido creado para mejorar la infraestructura vial en el país (combustible), obligación que su gobierno dejó de cumplir y el hecho de que –a modo de ver de Cornejo–, la nación caza en el zoológico al cobrar retenciones y mantener en vigencia el impuesto al cheque.
Las provincias, dijo Cornejo, “están solas” y consideró como injusto que se critique a Mendoza por su presión impositiva que flota entre 6 y 7 por ciento cuando otras provincias se pueden permitir bajar alícuotas de impuestos porque viven, esencialmente, de los fondos que le llegan de la nación por coparticipación.
¿Qué querría decir Cornejo? Que Mendoza sigue perjudicada por el reparto nacional que hay que revisar y que no puede darse el lujo de bajar bruscamente los impuestos porque en gran medida se sostiene con la recaudación que proviene de la actividad privada. Una ironía y el gran dilema a resolver: cómo estimular la inversión de los privados para poder sostener el funcionamiento básico del Estado vía la recaudación de impuestos sin bajar las alícuotas de los gravámenes como para que en verdad valga la pena la inversión. Bajar sostenidamente las alícuotas, la eliminación de algunos de los impuestos más retrógrados como Ingresos Brutos y ajustar el gasto del Estado a lo mínimo dibujan el camino a seguir. Y no hay una discusión pública sobre el asunto y es poco probable que ocurra. Y mucho menos en una campaña electoral, como la que se avecina, que sólo se permite la construcción de eslóganes, de relatos y de un mensaje que apuntan, en la competencia, a la aceptación rápida del elector y ganarlo para la lucha.
Todo está señalando que podría estar comenzando en el país un debate inédito sobre la distribución de los recursos entre la nación y las provincias. Lo que ha existido hasta ahora ha estado circunscripto a pactos fiscales temporales y provisorios que han funcionado como parches. Por decisión y convicción propia del gobierno de Milei, por imposición del FMI o por ambas cosas, también por mandato de una realidad y situación que no para más, sumado al convencimiento de los gobernadores, el tiempo de las reformas de fondo y estructurales ha llegado. Eso supondrá casi una refundación del país y de las provincias, de sus formas de gestión, a tono con el giro de las cosas, de casi todas las cosas, que decidió el pueblo hacia fines del 2023.
Hay expertos que aventuran una salida a la eliminación de ingresos brutos en las provincias: la creación de un IVA potenciado o súper IVA, como dice el cordobés Osvaldo Giordano, actual presidente del IERAL, el que fuera ministro de Hacienda de su provincia y el primer jefe de la Anses de Milei y que el presidente decidiera remover por diferencias a poco de andar. El cordobés, que además es coautor del interesantísimo libro “Una vacuna contra la decadencia”, entiende que Ingresos Brutos, el peor impuesto de todos, se podría suplantar por un IVA un poco más alto que el actual, y donde las provincias, como agentes de recaudación, tomarían sólo la cantidad de IVA generado dentro de sus límites. Así, al menos en la teoría, cada gestión provincial se ocuparía de idear sus propios estímulos y paquetes promocionales de la inversión, porque de eso dependería al fin y al cabo su supervivencia.
Decenas de años atrás los gobernadores llegaban al poder pensando o imaginando qué dejarían tras su paso en la gestión. Una especie de mandato popular no escrito, pero sí extendido de generación en generación, venía ordenando la construcción de una marca distintiva de cada administración de gobierno, todo vinculado con el desarrollo especialmente: un puente, un parque, una ruta, un dique, escuelas, universidades ocuparon gran parte de esa lista cuyo cumplimiento satisfactorio les garantizaría a estos gobernadores dar ese paso al ansiado bronce. Los tiempos cambiaron y hubo una evolución normal y esperada hacia lo nuevo no exento de complejidades; a su vez, la decadencia generalizada fue atentando contra las nuevas demandas. A tal punto que hoy tan solo se pide un mínimo de acuerdo en torno a lo básico: cómo cobrar un impuesto, qué cobrar y cómo distribuirlo. Ha sido tan profunda la debacle que el sueño para zafar sólo permite metas austerísimas. Un signo de los tiempos propios.