Uno de los argumentos predilectos a los que apeló el oficialista Frente de Todos en Diputados para rechazar el tratamiento y la aprobación del proyecto de boleta única para las próximas elecciones fue que el tema no está en la agenda de la población. Sin embargo, el mismo kirchnerismo, con el aval de los gobernadores peronistas, cree que la ampliación de la Corte de Justicia, de 5 a 25 miembros, sí es un asunto de sumo interés de la población y una demanda prioritaria entre las mayores preocupaciones ciudadanas.

Se trata, nada más y nada menos, de las subjetividades de la política y del juego permanente de tensiones e intereses que la cruzan y trascienden de una punta a la otra. Pero, además, para el caso de este nuevo proyecto e intento por ampliar la cantidad de ministros de corte del más alto tribunal de Justicia, el kirchnerismo parece estar dándole aire a la constante y persistente intención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de contar con una corte diferente de la actual, a la que no ha podido doblegar y a la que tiene entre ojo y ojo y en constante hostigamiento, porque, entre otras cosas –entre las cosas más importantes–, se acercan los tiempos en los que en ese ámbito pueden comenzar a dirimirse las causas judiciales de corrupción que pesan sobre ella.

La ciudadanía está preocupada por la inflación, porque el dinero no alcanza, por la escasez y la incertidumbre económica, dijeron los diputados oficialistas a coro el miércoles, cuando intentaban frenar la media sanción que obtuvo la aplicación de la boleta única papel. Además, le adicionaban a la diatriba, sin culpas ni remordimientos ni sonrojos, que el gobierno que representan se está ocupando de tales asuntos. Junto con esto, el gobierno de Alberto Fernández y de la vicepresidenta sí están convencidos de que existe una suerte de clamor popular por modificar el número de miembros de la Corte de Justicia.

La corte que alimenta el sueño húmedo oficial tendría un perfil peronista, claramente. No se trata de una suposición ni de una sospecha ni siquiera de una posibilidad. El proyecto, al que adhieren los mandatarios peronistas sumados a los que suelen jugar como socios absolutos del Gobierno nacional en las decisiones estratégicas, prevé que cada jefe de Estado provincial propondrá un miembro para la Corte. Eso obedece, según la argumentación política, a que la actual Corte es centralista en extremo y que se necesita una visión más federal, lo que se conseguiría con un representante de cada provincia.

Pero no se ha dicho cómo se resolvería el hecho de que los cuatro miembros actuales de la Corte (uno de los cargos quedó vacante a fines del año pasado con la renuncia de Elena Higthon de Nolasco) responden dos a Santa Fe (Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti), uno a la Ciudad de Buenos Aires (Carlos Rosenkrantz) y el restante a Córdoba (Juan Carlos Maqueda).

El proyecto oficialista ingresó el jueves al Senado. Se cree que la semana que viene comenzará a ser discutido en comisiones. La ampliación de la Corte sólo requiere una mayoría simple para ser aprobada. Sin embargo, cada uno de los miembros –se necesitará nombrar a 21, porque los actuales permanecerán– para ser aprobados por el Senado luego de su designación requiere de una mayoría especial. Para ello, la oposición ya adelantó su voto negativo.

A lo largo de su historia, la Corte ha pasado de 5 miembros fijados por la Constitución de 1853, a 7 miembros por la ley 15.271, otra vez a 5 por la ley 16.895, a 9 por la ley 23.774 y a los 5 actuales por la ley 26.183.

El oficialismo argumenta que, por la cantidad de habitantes, la demanda de atención sobre la Corte requiere de 25 miembros. En el escrito que firmaron la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el formoseño José Mayans se lee que, en 1863, cuando se conformó la Corte de 5 miembros, el país tenía 1,2 millones de habitantes.

También se aduce la importante cantidad de países que poseen cortes múltiples, como Chile, de 20 integrantes; Colombia, de 23; Costa Rica, de 22; Venezuela, de 20 y Ecuador, de 21. Ahora, al menos tres de esas cortes – Chile, Colombia y Ecuador– cuentan con tribunales constitucionales, precisamente, uno de los aspectos que la oposición ha advertido y por el que se niega a darle aval al proyecto oficialista.

La Corte de Justicia nacional es, a su vez, un tribunal constitucional. Por sobre todas las cosas, es eso. Ejerce un control de constitucionalidad sobre todas las normas y su interpretación. Un tribunal de 25 integrantes, de extracción mayoritariamente peronista, porque los miembros serían nombrados por gobernadores peronistas, filo peronistas o kirchneristas, con las mismas atribuciones que hoy tiene la Corte, es rechazado de plano por la oposición.

No son pocos los juristas que también han advertido sobre este punto particular, el del control de la constitucionalidad en manos de una visión política mayoritaria. También sostienen que la mayoría de los tribunales numerosos cuentan, a su vez, con cortes de Justicia que se ocupan de lo técnico puramente y otras, del control de constitucionalidad.

El mismo proyecto oficial da cuenta de la Corte española, que contiene 79 magistrados, además del presidente y los secretarios, o la Corte di Cassazione de Italia, que tiene 6 secciones civiles y 7 secciones penales. La de España, a su vez, posee un tribunal constitucional específico de 12 miembros; la de Italia (Corte Constituzionale), con 15 miembros, a las que se suma Alemania, con una corte constitucional de 10 integrantes y la de Austria, de 14.

Pero, quienes se oponen, tanto desde Juntos por el Cambio como desde sectores puramente técnicos, entienden que lo que se está persiguiendo –además de una nueva corte que pueda alejar el temor del kirchnerismo a que la jefa del movimiento pierda protección y resguardo– es un tribunal que garantice que demandas millonarias como las que le interpusieron a la Nación y que ganaron provincias como Santa Fe, San Luis y Córdoba sobre los montos coparticipables no tengan posibilidad de crecimiento. O, más aún, que el centralismo, por la vía de una nueva corte, pueda hacerse del manejo de los recursos naturales estratégicos para las provincias, como el agua y los minerales, y que las concesiones petroleras en provincias como Neuquén y Mendoza, por tomar dos, sean controladas desde la Nación. “Con todo esto, necesitan arrasar con lo poco que les queda a las provincias y transformarlas en meros agentes del Gobierno federal”, concluyen.