El gobierno ha decidido avanzar sobre uno de los esquemas de asistencia social más extendidos de los últimos años. La baja del programa Volver al Trabajo —heredero del Potenciar Trabajo— deja a unas 900 mil personas sin ese ingreso directo (78 mil pesos por mes) reemplazándolo por un sistema de vouchers de capacitación. De aquellos 900 mil, se calcula que en Mendoza afecta a cerca de 20 mil personas de acuerdo con datos de las organizaciones sociales que representan a muchos. En términos fiscales, la medida se inscribe en la lógica del ajuste. En términos sociales, abre un interrogante más profundo por todo lo que ha demostrado el gobierno de Javier Milei, ajeno a las medidas de contención que operen como paliativas de las consecuencias que deja el nuevo esquema que se está ejecutando.
No se trata de negar lo evidente: la Argentina, se sabe y así lo entendió una clara mayoría de ciudadanos sobre fines del 2023, necesita un cambio de modelo económico. El esquema previo, sostenido en déficit crónico, emisión y distorsiones acumuladas, agotó su margen. La administración de Milei ha decidido encarar una reconversión del Estado que, en muchos aspectos, resulta inevitable y necesaria. Pero toda transición —y más aún una de esta magnitud— exige administrar no sólo las variables macroeconómicas, sino también sus consecuencias sociales. Ahí es donde el diseño muestra fisuras y falla, claramente.
Hoy, se estima que más de 6 millones de personas dependen de algún tipo de asistencia estatal. Unos 4,1 millones reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), incluyendo cerca de 93 mil personas con discapacidad. A eso se suman 2,5 millones de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, más unas 200 mil del Programa de Asistencia Social (PAS). Y ahora, los 900 mil que integraban Volver al Trabajo enfrentan un cambio sustancial: dejan de percibir un ingreso mensual para pasar a un esquema de capacitación cuyo impacto, al menos en el corto plazo, es incierto. Es cierto que eso de Volver al Trabajo, de acuerdo con datos oficiales, había tenido un más que magro resultado de acierto con menos de 5 mil personas insertas en el mercado laboral.
Pero el cuadro social no se agota ahí. Por fuera de la asistencia directa, el mercado laboral muestra señales igual de preocupantes que el modelo, mientras encuentra la nueva y prometida senda del crecimiento, ha dejado como estela negativa. En la Argentina hay más de 5 millones de personas con problemas de empleo: 1,7 millón de desocupados y 2,5 millones de subocupados. La presión sobre el mercado laboral, todas aquellas personas insatisfechas con su empleo o que simplemente buscan otra cosa porque no les alcanza, asciende al 28,7 por ciento de la población económicamente activa, lo que equivale a unas 3,7 millones de personas que buscan más trabajo del que tienen o no logran insertarse. El problema golpea con más fuerza a los jóvenes de entre 14 y 29 años, donde la tasa de desocupación de acuerdo con el INDEC trepa al 16,8 por ciento.
Hay otro dato estructural: la informalidad laboral alcanza al 43 por ciento. Sobre un total de 22,6 millones de personas ocupadas, 9 millones trabajan en la informalidad y apenas 13 millones lo hacen en condiciones registradas. Es, en los hechos, un mercado laboral fragmentado, con baja capacidad de absorción y altos niveles de precariedad.
El plan de Milei y el propio presidente tienen un problema más grave aún: el tiempo y la capacidad de aguante de los más afectados que probablemente se hayan inclinado por sus promesas de cambio profundo sin imaginar la magnitud del impacto.
Transformar planes en empleo es, probablemente, uno de los consensos más amplios de parte del sistema político y económico del país. Se sabe que no de todo ese universo, en particular de aquel que gobernara bajo la consigna constante del empleo seguro y de calidad sin que se concretara. Pero esa conversión no es automática. Requiere condiciones que hoy la economía todavía no garantiza: crecimiento sostenido, inversión privada, generación de puestos formales. En ese contexto, retirar ingresos antes de que existan alternativas reales no parece ser lo más inteligente de parte de una administración que necesitará para su sustento el mismo apoyo que le permitió acceder al poder.
La consecuencia es una tensión que ha ido creciendo en la base social. El ajuste reduce gasto, ordena cuentas, corrige desequilibrios. Pero también impacta de manera directa sobre los sectores más vulnerables, que son, a la vez, los que tienen menor capacidad de absorción. Sin mecanismos de contención eficaces, ese impacto no se diluye: se acumula. Y cuando se acumula, se transforma en conflicto, lo que hoy se tiene a la vista.
Las zonas más densamente pobladas —el Gran Buenos Aires y la región pampeana— concentran buena parte de estas tensiones. Pero el fenómeno es nacional. También en Mendoza, con sus particularidades productivas y un mercado laboral más chico, se replican las dificultades para generar empleo de calidad y absorber a los sectores más vulnerables.
La experiencia argentina —y la de muchos otros países— muestra que las reformas económicas profundas requieren algo más que decisión política y consistencia técnica. Necesitan legitimidad social. Y esa legitimidad no se construye sólo con resultados futuros, sino también con la percepción de equidad y de empatía en el presente. Ahí aparece el punto crítico de la etapa actual: la velocidad del ajuste no está siendo acompañada por una red de protección proporcional.
Los vouchers de capacitación pueden ser una herramienta útil en un esquema de mediano plazo. Pero difícilmente sustituyan, en lo inmediato, el ingreso que hoy permite sostener niveles básicos de subsistencia. Entre una cosa y la otra hay un vacío. A Milei ya no se le pregunta por las reformas. Sino más bien cómo se transita esa reforma. Porque en esa transición se juega buena parte del éxito —o del fracaso— del programa económico. No sólo en términos sociales, sino también políticos. Un proceso que está perdiendo apoyo en la realidad cotidiana de millones de personas corre el riesgo de atentar contra su propio sustento.
En Mendoza, como en el resto del país, esa tensión se volvió a sentir en la calle ayer lunes con la movilización de varias organizaciones sociales. Pero nunca dejó de sentirse en el empleo informal, en los jóvenes que no encuentran su primera oportunidad y en los sectores que quedan a mitad de camino entre la asistencia que se retira y el trabajo que no llega.
La Argentina ha conocido, demasiadas veces, reformas que naufragaron no por falta de diagnóstico, sino por ausencia de contenciones sociales. Evitar que la historia se repita es, probablemente, uno de los desafíos más delicados del presente.