El país sobre el que se realiza el ajuste fiscal anunciado este martes, cuenta con el 44,7 por ciento de su población en condición de pobreza y 7 de cada 10 personas padece alguna carencia, claramente vinculada con las condiciones de vida en extremo complicadas en la Argentina. Con el consumo estancado desde hace tiempo y que sólo se reactiva por oleadas frente al temor constante de una devaluación brutal, la economía en ruinas y una inflación en aumento, el 62,9 por ciento de los niños vive con necesidades y urgencias que se han hecho crónicas, mientras el 16 por ciento de ellos, de todos los chicos, no tiene lo suficiente para comer por día. Son indigentes.

La mitad de la población, más de 20 millones de personas, ha venido recibiendo a lo largo del último tiempo una o varias de alguna de las múltiples versiones de la asistencia social que ha crecido a niveles pocas veces visto del gasto. Sin este tipo de ayuda, bajo la forma de los conocidos planes, la indigencia general que se registra en el orden del 9,6 por ciento, escalaría al 20,8 por ciento y la pobreza (44,7 por ciento) orillaría el 50 por ciento.

En este estado de situación calamitoso, el que le ha dado la bienvenida al gobierno de Javier Milei, sólo 1 de cada 10 argentinos puede ahorrar; el 35,7 por ciento no tiene acceso a la seguridad social; es decir que no cuenta con obra social ni mucho menos prepaga y depende exclusivamente del servicio de salud público estatal y el 31,7 por ciento de su población general sufre algún trastorno o carencia alimenticia. Y para que se tenga una idea un poco más general del desastre, la pobreza promedio en los últimos 12 años no ha bajado del 33 por ciento. Concentrados, estos datos conforman la foto o pintura del momento en la Argentina de fines del 2023, la que está celebrando los primeros 40 años ininterrumpidos de democracia y vienen de ser mostrados y publicados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Y bien vale repasarlos, recordarlos y releerlos.

Toda esta descripción del desastre económico y social de la Argentina, bien puede conformar el paquete de las consecuencias que golpean al país por no haber hecho lo que se tenía que hacer para solucionar la crisis estructural. Por ahí condujo su discurso Luis Caputo, el ministro de Economía, durante los anuncios de las nuevas medidas de urgencias que son la presentación en sociedad del gobierno de Milei. El tiempo, como todo, dirá si lo asumido y decidido terminan con el resultado esperado.

En apariencia, el ataque a ese déficit fiscal de 5,5 puntos del Producto Bruto Interno del país, se origina en lo que se conoce como Gasto Primario. Un informe del consultor Ricardo Arriazu que ha circulado por las oficinas de Hacienda y Economía de la provincia, da cuenta que el gasto previsional, el de las jubilaciones, asciende al 6,7 por ciento del PBI; el gasto social, sin jubilaciones, al 4,4 por ciento; los subsidios económicos (a la energía y al transporte), al 2,4 por ciento; los gastos de capital, al 1,7 por ciento; las transferencias a las provincias, 0,6 por ciento y el déficit de empresas públicas, al 0,7 por ciento.

Y en apariencia, la poda, el ajuste dado a conocer, pasaría, aunque sin mayores precisiones, por los subsidios económicos y en parte, no en todo y que significan el 2,4 por ciento del PBI; en las transferencias discrecionales a las provincias, del 0,6 por ciento y en los gastos de capital que ascienden al 1,7 por ciento. Y el ataque a lo que el gobierno de Milei considera la peor herencia de la historia recibida por gobierno alguno, provocará más dolor y angustia “por unos meses más”, admitió Caputo. Será el efecto de una devaluación superior al 100 por ciento, luego de que se fijara el valor del dólar oficial en 800 pesos.