Si en las últimas tres décadas, cuando menos, los legisladores nacionales de Mendoza (diez diputados y tres senadores) hubiesen conformado un frente común en su defensa, más allá de las cuestiones propias de las disciplinas partidarias, probablemente, la provincia hubiese obtenido más victorias que derrotas y muchos más beneficios que los perjuicios que hoy la aquejan, sea en materia impositiva, de repartos de fondos y en cuestiones económicas por sobre todo.

La reflexión viene a cuento de la debilidad que ha demostrado tener la provincia ante el lobby ejercido por otras jurisdicciones que, en la discusión nacional, ya fuese por ventajas fiscales o definiciones de Estado que han impactado en sus economías regionales, han sacado más provecho que Mendoza. Tampoco se trata de describir una queja amarga desde una porción de Argentina recostada sobre la cordillera contra la influencia mayúscula del puerto de Buenos Aires. Ni, por las diferencias cada vez más marcadas que separan a Mendoza del estilo porteño en donde se cuecen las habas, de que la provincia tenga que, siquiera, discutir un desquiciado proyecto de separación, autonomía o independencia. Solo, más bien, de hacer valer argumentos más que sólidos y valederos en las controversias habituales que se dan cita en el Parlamento, epicentro en general de las decisiones que han terminado perjudicando a Mendoza más que otra cosa.

Hoy se alude al fenómeno de la grieta como excusa, que un gobierno nacional K con su influencia en el Congreso no permitirá nunca un cambio en las medidas establecidas para que la provincia logre levantar cabeza. Falso o, cuando menos, engañoso. Cuando este fenómeno social y político de la grieta ideológica no se conocía –fijemos como referencia los primeros años del siglo, hasta el 2007 o 2008, todos los 90 y los 80 que fijaron el punto de partida y la recuperación definitiva de la democracia en Argentina–, la grieta como se conoce hoy no existía, y, así y todo, Mendoza resultó marginada de decisiones fundamentales que se tomaron desde la Nación; marginada y perjudicada. Y, por sobre todo, la razón fundamental no fue un supuesto sentimiento antimendocino del resto, sino, más bien, un mal funcionamiento, pésimo más que nada, de la fuerza de legisladores nacionales y del empresariado con influencia nacional que no supo, no quiso o no pudo intervenir exitosamente.

Ese proyecto de tolerancia cero al alcohol en la conducción vehicular que avanza en el Congreso para transformarse en ley bien pudo haber sido una oportunidad para que los mendocinos le explicaran a la Nación, con convicción y pruebas en mano, que el problema no pasa por la eliminación del mínimo de 0,5 gramos de alcohol (existente hasta ahora y que va camino a la eliminación), sino por poner el acento en medidas que bajen la siniestralidad en las rutas del país: más campañas de prevención, más educación vial, más controles de los que hoy existen y, quizás, una modificación al panel de multas. No hubo caso. El lobby empresarial perdió por goleada ante la alianza conformada por la industria azucarera, las de los jugos y la de las gaseosas. Y el frente político, quebrado y sin diálogo, no sólo quedó aislado y solo en la escena nacional, sino que ha terminado señalado como funcional a intereses particulares, más que ajustado a los del bien general. El desajuste de hoy ha sido el mismo de los últimos años, pese a que Mendoza aportó figuras influyentes, con poder, con o sin prestigio (hay que decir) en los lugares de máxima decisión tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo nacionales. Y ejemplos de ello sobran.

Promediando los 80, José Octavio Bordón, flamante gobernador electo de la provincia y una de los protagonistas de un peronismo renovado, lideró a un conjunto de gobernadores que se encontraban en su misma situación para convencer al presidente Raúl Alfonsín de discutir una nueva Ley de Coparticipación o de reparto de fondos entre la Nación y la provincia. Estas lograrían que aquella resignara fondos en su beneficio, pero, en el análisis fino del nuevo reparto, Mendoza pasó de 4,1 por ciento a un magro 4,3 por ciento de la nueva torta. Hoy ese 4,3 por ciento, cuando menos, está atrasado en un punto.

Tampoco los mendocinos –por los legisladores nacionales radicales, peronistas y algún que otro demócrata–, pese a que se manifestaban a favor de los intereses provinciales, pudieron frenar una Ley de Promoción Industrial que benefició a las provincias vecinas en detrimento de Mendoza. Y los empresarios jugaron a sacar algún provecho, amenazando con dejar el territorio local para instalarse en esos otros beneficiados. Algunas de esas advertencias terminaron convirtiéndose en realidad. De ahí proviene, de ese perjuicio que se discutió judicialmente, el acuerdo por la construcción de Portezuelo del Viento, frenado, hay que decirlo, no sólo por el embate de los pampeanos, sino por las diferencias ideológicas, partidarias y las mezquindades varias de la dirigencia política mendocina, que ha hecho valer más los intereses de sus jefes nacionales que los que pueden representar a nivel local.

Los diversos pactos fiscales que fueron modificando aquella ley deforme de la coparticipación de fines de los 80 siempre perjudicaron a Mendoza. Y ni los gobiernos provinciales ni los legisladores pudieron lograr alguna que otra decisión de la que sacar algún provecho. En los 80, legisladores como Raúl Baglini y José Genoud; más los que se afianzaron y se les sumaron luego, como José Luis Manzano, Gustavo Gutiérrez, Carlos Balter; referentes del menemismo como Eduardo Bauzá, el mismo Manzano, el multiprocesado José Roberto Dromi, Arturo Lafalla, Rodolfo Gabrielli; Alberto Flamarique –con la Alianza de Fernando de la Rúa–, Ernesto Sanz, más cercano en el tiempo Julio Cobos con su Vicepresidencia; Alfredo Cornejo, con aquella mesa junto a Mauricio Macri, y Anabel Fernández Sagasti, con su cercanía y pertenencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por citar a los más protagónicos y trascendentes, sólo han obtenido alguna que otra conquista aislada y muchas derrotas en conjunto si se pesan o se miden los resultados de sus gestiones a nivel estratégico para la provincia.

Es obvio que se impone, para lo que viene, un nuevo orden de cosas. Un nuevo sistema de relaciones que diferencie entre el interés particular de los mendocinos, el de los ciudadanos del país en su conjunto y, desde ya, el de cada coalición partidaria para quien juegan todos.

De lo contrario, los vivos seguirán sacando beneficio en perjuicio de los siempre mansos, pacientes y tolerantes.