El cinismo a niveles estrambóticos o una desconexión absoluta entre lo que se imaginan que pasa con la vida de las personas y en la sociedad y lo que está pasando en verdad pueden explicar las manifestaciones recientes de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, y la última posición asumida frente a la crisis por la otrora influyente Confederación General del Trabajo (CGT).
Cerruti ha vuelto a usar sus redes sociales para decirles a los argentinos que, como no saben nada de lo que ocurre con la inflación y de lo que hace el Gobierno para solucionar el flagelo, ella, como vocera del jefe de Estado, pasará a explicar en nombre de todo el Gobierno “para que entiendas que estamos trabajando un montón” para que las variables inflacionarias vuelvan a cambiar la tendencia, como ocurrió en noviembre y en diciembre, según la ex periodista.
Cerruti, consecuente con todo el Ejecutivo –incluyendo en todo el Gobierno a la propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a sus seguidores y a su movimiento, quienes, cada día que pasa, toman distancia de lo que crearon sin hacerse cargo de sus responsabilidades–, no tiene empacho alguno en señalar que el proceso inflacionario que se sufre, junto al resto de los males de una economía desestabilizada por donde se la analice, ha sido culpa del gobierno de Mauricio Macri, que dejó 53 por ciento de inflación anual; la pandemia, que obligó a emitir el doble para comprar las vacunas y financiar las políticas sociales y, por último, a la sequía, que no permitirá el ingreso de unos 25.000 millones de dólares, según los últimos cálculos actualizados.
Ni siquiera una mínima dosis de autocrítica se advierte en el mensaje de Cerruti por parte de un gobierno que hace tiempo cerró filas en la defensa de una sola estrategia: adjudicarle a la oposición, al gobierno que lo precedió, y a factores extraños y exógenos, como la guerra en el Este europeo, por caso, las causas del desquicio en el que se vive en la Argentina.
La CGT, por su lado, volvió a confirmar este jueves dónde está parada, cuáles son sus intereses reales y la siempre doble vara que tiene, y que sabe utilizar, para examinar a los gobiernos y sus medidas económicas y sociales, según su color político. Con un nivel de inflación anual superior a 104 por ciento, con más de 5 millones de trabajadores informales, con el salario más bajo de los últimos tiempos, con más de 40 por ciento de la población debajo de la línea de pobreza y con el dato adicional de que muchos en esa situación son trabajadores activos, la CGT tendría que estar en las calles movilizada exigiendo cambios de fondo y urgentes en la política económica. Tras más de siete meses sin que su consejo directivo convocara a una reunión, recién lo hizo en las últimas horas para advertir, por medio de un documento, que hay “riesgo de descomposición social”.
Hay quienes, asumiendo una posición componedora y desprovista de todas aquellas pasiones que encienden y alteran los ánimos, pueden llegar a calificar el accionar de la CGT como responsable en medio de tanta tensión. Pero no porque se trate de un hecho obvio –como el de la empatía del grupo de dirigentes cegetistas y de sus organizaciones con el kirchnerismo gobernante– no hay que señalar la quietud, el silencio y la indiferencia frente a una situación desesperante de los trabajadores que dicen representar. Ya no sólo es necesario, frente a tal actitud, recordar que nunca tuvieron un comportamiento similar con un gobierno al que no sintieran como propio; sino que resulta más que pertinente aventurar lo que harán estos dirigentes si es que a partir de diciembre asume una administración no peronista, tras la más que probable caída electoral del oficialismo.
Lo que viene, claramente, frente a una nueva configuración del poder, tendrá a esta CGT del lado opositor, como ha sucedido con gobiernos a los que no adhiere; pero hay que esperar a verla en un rol de activa agitadora de la situación social más como organización opositora políticamente que como protectora de los derechos de los trabajadores. Así se la vio durante el gobierno de Cambiemos y en el de la Alianza de fines de los 90 y comienzos del nuevo milenio.
Ya no se trata de advertir que la CGT, como otras tantas organizaciones sociales beneficiadas por el Gobierno, se mueven y reaccionan frente a los hechos en función de sus gustos y pertenencias políticas, sino que, como en el caso de Cerruti, niegan la realidad, la ningunean, la evitan y hasta le encuentran explicaciones que denigran y subestiman a quienes dicen defender o hacia quienes se dirigen con sus dichos.
Se trata de faltas de respeto que de ninguna manera tendrían que naturalizarse en una Argentina en donde el nivel de negación, mentiras, relatos y de la constante reiteración de sucesos míticos rozan con la demencia en lo más alto de la conducción institucional.
Puede que se trate de algo mucho más preocupante: de una actitud perversa que quede simulada en algo no menos dañino identificada con la desconexión absoluta de la realidad. De cualquier manera, todo es imperdonable frente a los datos que día tras día devuelve la realidad que se sufre en el país, donde para no ser pobre una familia tipo necesita tener como ingreso mínimo 191.228 pesos y para no sumergirse en la indigencia, 87.719 pesos, según informó el INDEC este mismo jueves, el día del posteo de la ex periodista Cerruti y el día de la reunión de un grupo de burócratas millonarios al frente de la defensa de miles y miles de trabajadores pobres, desconocidos, usados y destratados.