Cuando Ariel Lijo aseguró que no pensaba renunciar a su cargo para asumir como miembro de la Corte Suprema de la Nación nombrado por decreto y en comisión, mandó un mensaje claro. O todo o nada. Pero bajo ningún punto de vista iba a correr el riesgo de quedarse a mitad de camino. Y, mucho menos, dejar así nomás la red de influencias que supo construir durante 20 años como titular del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py; allí, donde la justicia y la política llevan adelante una relación incestuosa en una habitación compartida por empresarios y servicios de inteligencia.

Lijo es un juez de primera instancia; el escalafón con mayor poder de fuego en un sistema inquisitivo. El lugar donde se pueden muñequear las causas y donde se define el rumbo de los expedientes. Después será el turno de los tribunales de alzada para las apelaciones. Pero el primer tiro de gracia se da durante la instrucción. Y la Justicia Federal ha convertido a estos personajes en grandes barones de los tribunales. Amos y señores casi intocables hasta que se descuidan, abusan de la inmunidad del cargo y pierden contacto con la realidad. Gula por el poder y por el dinero.

De ahí viene la necesidad de implementar en todo el territorio nacional el nuevo -ya no tanto- Código Procesal Penal de la Nación. Es un sistema acusatorio, donde el juez pierde capacidad para determinar el futuro de los imputados y sus facultades se limitan a garantizar el proceso comandado por un fiscal. Nadie tiene el poder absoluto y todos se controlan entre sí.

Hay un dato inédito. Tres ex jueces federales están detenidos y uno va camino a. En todos los casos, el prevaricato es la calificación que aparece como denominador común. Una figura penal que se resume en tomar decisiones y resolver en contra de lo que marca la ley. Es el punto de partida. Luego, en las carátulas de los expedientes puede leerse “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “concusión” o “cohecho”. En síntesis, coimeros.

Uno de los ex magistrados tras las rejas está acá cerca. Hasta el momento de su imputación, en mayo de 2021, Walter Bento había sido el hombre más fuerte del edificio de Pedro Molina y España durante los últimos diez años. El asesinato de un supuesto lobista y el secuestro del celular de un narcotraficante le jugaron en contra. Y quedó expuesto. Imputación, procesamiento, destitución a través de un jury de enjuiciamiento y la detención a fines del 2023.

La causa avanzó hasta el juicio oral en su contra, ya en su etapa final. Arriesga una pena que podría llegar a los 20 años de prisión.

Así como Bento en Mendoza, Raúl Juan Reynoso era uno de los capitostes de la Justicia Federal salteña. Titular del juzgado de Orán, se lo acusó de pedir sobornos para mejorar la situación procesal de diferentes imputados; la mayoría, vinculados con el narcotráfico en una de las zonas más calientes del país.

En 2019 fue condenado a 13 años de prisión. En 2024 la Corte Suprema dejó firme el fallo. No hizo falta someterlo a jury, ya que prefirió renunciar antes. Con Reynoso también cayeron un par de abogados. Un modelo que tiene similitudes con la estructura que se juzga en Mendoza.

El caso de Carlos Soto Dávila se construyó sobre esa lógica. Era juez de instrucción de la Justicia Federal de Corrientes con 22 años en el cargo y tenía montada una organización bajo la misma configuración: desde su despacho solicitaban sobornos a quienes eran imputados bajo su jurisdicción. Y, para ello, también apelaban a un grupo de abogados que formaba parte de la gavilla.

Soto Dávila renunció en 2019 y fue condenado en 2023 a 6 años de prisión solo por cohecho. Sin embargo, en diciembre del año pasado, Casación Penal endureció la sentencia, dijo que había considerar la figura de “asociación ilícita” y solicitó una nueva pena que estuviera en sintonía con los 15 años que pretendía la fiscalía.

Marcelo Bailaque es el magistrado del momento. Titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, está en la mira por más o menos lo mismo: demandar dinero a empresarios y narcos a cambio de beneficios procesales. La historia se repite.

En todos los hechos, existe un hilo imaginario que atraviesa rutas parecidas en la Justicia Federal. Los contactos de los ex jueces salieron de sus provincias, llegaron a Comodoro Py en busca de manos salvadoras y hasta rozaron un despacho de la Corte.

De ahí, la necesidad de profundizar la reforma. De sacarle poder a los jueces; de restarle capacidad de decisión; de desarticular la posibilidad de que una sola persona defina el futuro de una causa.

El sistema acusatorio a nivel federal ya está vigente en Mendoza, Salta, Jujuy, San Luis, San Juan, Santa Fe y en las ciudades de General Roca (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut) y Mar del Plata y Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires)

Comodoro Py, en CABA, es el último bastión, más allá del cronograma diseñado por el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, un abogado que conoce a la perfección las internas de la Justicia Federal. Tanto, que es ideal para desarmar la maraña como para garantizar que la casta judicial sobreviva y que nada cambie de verdad. La fecha es el 11 de agosto. La duda es saber qué quiere realmente el Gobierno. Por eso, la elección de Lijo, juez que todos los días suma nuevos cuestionamientos, no deja de ser un acertijo.