Un flagrante y sistemático método de desigualdad y de discriminación, que mes a mes se consuma contra millones de argentinos que se encuentran, con seguridad, entre los más vulnerables de todos los sectores y entre los de los menores ingresos, nunca se hizo más evidente en la semana cuando se confirmó que la Anses no apelará la solicitud de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se le restituyan los pagos de la doble jubilación que, entiende, le corresponde: uno de ellos por haber ejercido la primera magistratura de la Nación entre el 2007 y el 2011 y entre el 2011 y el 2015, y el otro por ser viuda del también presidente Néstor Kirchner. Entre ambos beneficios, los cálculos aventuran que percibirá por mes más de 2,5 millones de pesos, y si se le da curso al retroactivo que ha tramitado y también reclama, podría sumar alrededor de 100 millones de pesos.

Del otro lado del sistema previsional –del más flaco y con los haberes más misérrimos de la escala–, unos 300.000 jubilados siguen aguardando, también mes a mes, una resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia a sus históricos y tradicionales juicios que, como siempre, la Anses apeló de forma automática, permanente y sin solución de continuidad. Pero, para el caso de la vicepresidenta, la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, ordenó retirar la apelación y coincidió, además, con otra rareza que se cristalizó en el expediente: un dictamen del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a favor del pedido de la vicepresidenta, cuando el jefe de los abogados del Estado nunca se expresa ni se manifiesta, mucho menos por la vía de un dictamen, para los cientos de miles de demandas que rechaza la Anses.

Semana tras semana, la política argentina da motivos y contenidos suficientes para los acostumbrados análisis de sábados y domingos. La decisión de la Anses, en clara sintonía con los intereses de la jefa del kirchnerismo y en un caso tan sensible como el de haberes jubilatorios, no sólo se tiene que haber encaramado a los primeros puestos de aquel ranking, sino que claramente se convirtió en un acontecimiento de digno desprecio. Salvo que, con la no apelación al reclamo de Fernández de Kirchner, la Anses esté inaugurando un cambio de estrategia y de decisión política que ha sostenido y defendido en el tiempo, y haya dispuesto avalar en masa, y de aquí en más, los reclamos por aumentos de los haberes que se suman cada día. Pero nada de todo eso parece estar en agenda.

Luego de la reparación histórica que se instrumentó durante el gobierno de Mauricio Macri, se calcula que quedaron vigentes y activas cerca de 300.000 demandas por mejoras en los montos de haberes. En Mendoza se calcula que son entre 12 y 15.000 los jubilados que siguieron con sus juicios luego de haberlos ganado en primera instancia y de ser, como se sabe, apelados por el máximo organismo previsional.

Unos 100.000 jubilados mendocinos, cansados de esperar y ante la posibilidad cierta de no estar vivos para cuando la Justicia ordenase pagarles los retroactivos, habían decidido tomar el atajo de la reparación histórica en tiempos del macrismo. Sin embargo, el experto previsionalista y dirigente de los jubilados mendocinos, Edgardo Civit Evans, todavía hoy no le encuentra una respuesta clara y convincente de por qué aquella reparación les ordenó a algunos pagarles aumentos de hasta 30.000 pesos en la jubilación, mientras que a otros les liquidó no más de 200 o 300 pesos. “Una desigualdad y un acto de discriminación que nadie entiende, como este que se ha perpetrado con la vicepresidenta”, dice Civit Evans, líder político, además, del Partido de los Jubilados mendocinos.

El propio Civit Evans confiesa que acaba, finalmente, de percibir el juicio que le hizo a la Anses casi 10 años atrás. Su haber jubilatorio puede que se incremente en unos 9.000 pesos. De acuerdo con las estadísticas que maneja su organización, una suerte de defensoría de los jubilados provinciales, el promedio de los juicios va de 6 a 8 años y, una vez que la Corte sentencia a favor del jubilado, hasta pueden pasar 3 o 4 años más para cobrar. “Cuando llega esa fecha, muchos están muertos”, sostiene amargamente.

Cada juicio de un jubilado es apelado por la Anses, y, cada juicio, lo que reclama es un incremento del haber del orden de 60 a 70 por ciento. Al final, de toda la cifra reclamada, los jubilados deben dejar en el camino hasta casi 30 por ciento en honorarios. Un reclamo de Civit Evans es evitar llegar al fin del proceso y abrir una vía de negociación con la Anses que no es posible, que se rechaza metódicamente. Con esa alternativa, se pagarían menos honorarios o, directamente, se podrían evitar. En la asociación de Civit Evans, de aquellos casi 100.000 jubilados mendocinos que se decidieron por la reparación del macrismo, unos 80.000 fueron asesorados por su organización sin pagos de honorarios, repite orgulloso el dirigente.

El drama del sistema previsional argentino, además de ordenar jubilaciones de miseria, pasa por la sostenibilidad. La fórmula más extendida en el mundo da cuenta de que por cada jubilado deben existir entre 3 y 4 trabajadores activos aportando. En Argentina existen 6,8 millones de trabajadores registrados, en blanco y en la economía formal. Son los que sostienen un sistema que ya tiene cerca de 8 millones de personas recibiendo jubilaciones y pensiones de diferente naturaleza. Del total de jubilados, 5,8 millones reciben sus haberes luego de haber realizado los aportes de ley y de haberse retirado a la edad correspondiente. El resto se sumó con las jubilaciones otorgadas durante las administraciones de la hoy vicepresidenta y que accedieron vía el pago de la famosa moratoria.

Más datos: del total de jubilados del país, unos 5 millones cobran la mínima; es decir, los 25.992 pesos. La cuenta rápida permite suponer, con acierto, que por lo que cobrará la vicepresidenta por mes se liquidan 100 haberes de los jubilados de la mínima. A todo el universo se le debe sumar 1,3 millones de pensiones por discapacidad por un monto de 20.000 pesos cada una. Y, de aquellas demandas activas cercanas a las 300.000, alrededor de 80.000 ya cuentan con sentencia firme luego de que pasaran el fallo de primera instancia, la apelación de la Anses y la decisión final de la Corte Suprema de Justicia.

Si la vicepresidenta ha logrado que la Anses no apele su reclamo; si también consiguió que el procurador Zannini haya dictaminado a su favor; si, finalmente, ya está en condiciones de cobrar dos jubilaciones de privilegio (de privilegio no porque no le correspondan, sino por los montos que alcanza cada una de ellas, al mismo nivel que perciben los jueces, algo que ella misma cuestionó cuando en marzo renunció a su sueldo como vicepresidenta para optar por la jubilación y la pensión); si puede llegar a cobrar en breve el retroactivo de los 100 millones de pesos; ¿por qué no imaginar que todo el suplicio por el que atraviesan los actuales jubilados comunes, normales y ordinarios pueda llegar a terminar? Si soñar no cuesta nada, quizás, se trata de señales. Y, si no es así, la realidad indica que esa falta de respeto y el gran desprecio que emana del poder hacia abajo, hacia los jubilados y los que no lo son, pueden verse reflejados el 14 de noviembre con una potente, unívoca y clara respuesta cívica.