Al tiempo que una mayoría clara de los argentinos acaba de ratificar en las urnas el camino que decidió emprender a fines de 2023 —detrás de un nuevo modelo de administración, gestión y crecimiento que saque al país de su sempiterna postración—, la líder de la oposición peronista, Cristina Fernández de Kirchner, en una carta publicada desde su confinamiento porteño, vuelve a negar, por enésima vez, la realidad que la muestra como la imagen de un ciclo concluido. Movilizada, evidentemente, por el enojo y el resentimiento, carga contra “un viejo antiperonismo” al que responsabiliza de sus desgracias y al que acusa de haber terminado, desde su particular punto de vista, “con el país desendeudado y con los mejores salarios de América Latina, que ya no existe” y que así supuestamente dejó en el 2015. En el fragor de sus tinterilladas, exhorta a la militancia “a no tenerle miedo al debate y a la discusión de nuestras ideas que, la historia demuestra, mejoraron la vida de millones de argentinos”.
Tomar una cita de Fernández de Kirchner —de esa carta difundida el viernes—, en la que culpa a terceros por la estrategia electoral perdidosa del peronismo sin permitir una autocrítica sobre las causas profundas de la derrota y sobre todo lo que se fue gestando como los motivos que la alejaron del poder, primero en 2015 y luego en 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández —un producto de su propia factoría política—, no resulta caprichoso. Es cierto que, desde el viernes a esta parte, el presidente Javier Milei ha movido piezas tan trascendentes de la política que lo ratifican como el dueño casi absoluto de la agenda en toda su integralidad. Ya lo era en lo económico, claramente; también en la política: se reunió con Mauricio Macri sin aceptar, en apariencia, sus consejos y sus pretensiones para mantener su apoyo y sostenerlo en público, y relevó a Guillermo Francos, el hombre del gabinete tal vez más valorado por todos, en particular por los gobernadores y la oposición sensata. Y abrió así un nuevo capítulo para un gobierno que no da respiros.
No obstante, los movimientos de la ex presidenta presa dan cuenta de un fenómeno de aislación y desconexión tan notable de la actualidad que resulta inevitable abordar por su pretensión de arrastrar a medio mundo hacia esa realidad paralela. Su particular manera de analizar el comportamiento político del país explica, en alguna medida, por qué al peronismo le resultará cuesta arriba regresar al poder; al menos, más de lo que muchos podrían suponer.
Ese es también el caso del movimiento en Mendoza que, si bien mostró algunos atisbos de comprensión del electorado que supo representar en otros tiempos, la ratificación de su alianza con la facción que lidera la notable convicta a nivel nacional podría haberle hecho perder un ciclo precioso de cara a los desafíos del 2027.
Durante décadas, la Argentina ha buscado sin éxito un modelo de gestión sustentable, confiable y duradero. Y, tras múltiples intentos fallidos, hoy vuelve a enfrentarse a esa tarea. Sin embargo, a diferencia de los experimentos de 1999 y 2019, la administración de Milei representa algo distinto a todo lo conocido: un proceso —o una nueva aventura, según se la quiera ver— ratificado el domingo 26 de octubre.
Por lo demostrado después de los comicios, Milei parece haber tomado nota de los errores que erosionaron su imagen en los tres meses previos a las elecciones. Es probable que el triunfo del kirchnerismo en Buenos Aires, menos de dos meses antes del 26 de octubre, y la irrupción de Donald Trump en la escena global, hayan sido factores determinantes en su victoria. Pero también pudo haber sido —además de una reacción contundente contra el pasado— una señal favorable hacia un nuevo modelo de acción y un abordaje distinto de los problemas. En ese terreno parece estar hoy la Argentina.
Mendoza comenzó antes esa búsqueda de un modelo nuevo, pero también perdió tiempo. Ordenó sus cuentas, alcanzó el equilibrio fiscal e inició una baja en la presión tributaria. No obstante, no logró evitar la debacle económica ni la caída en los niveles de vida de sus sectores sociales. Como se sabe, el actual gobierno de Alfredo Cornejo —el mismo que arrancó los cambios estructurales en 2015— aduce que la provincia no creció por culpa de la macroeconomía nacional, y que sin las reformas implementadas el colapso habría sido peor.
Milei aceleró el debate de las reformas estructurales con su convocatoria a los gobernadores, con quienes deberá negociar el presupuesto 2026, el primero de su gestión. Cornejo, a su vez, abrió en Mendoza el debate integral sobre la minería metalífera, un área en la que la provincia perdió al menos una década de oportunidades.
La agenda que impulsa el gobernador no se agota en la aprobación o rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino para su eventual explotación en los próximos tres años. Incluye también la discusión sobre una ley de regalías mineras, que Mendoza aún no posee, y la creación de fondos específicos para prevenir daños ambientales y garantizar la remediación de los territorios tras el fin de los proyectos.
Es posible que antes de fin de año veamos a la Legislatura inmersa en una discusión de fondo, junto con el tratamiento de la DIA del San Jorge, técnicamente ya resuelta.
Definir un modelo de regalías mineras debería reflejar un sistema justo para todos: la provincia, los municipios donde se desarrolla la explotación y el propio negocio minero, particularmente el del cobre, que atraviesa ciclos globales de bonanza y crisis.
Quizás el porcentaje —entre el 3 y el 5 por ciento— no deba ser el punto final de la discusión, sino el punto de partida para diseñar un esquema de distribución del aporte ordenado y planificado que surgirá inevitablemente de su explotación.