La reforma laboral que impulsa el Gobierno encuentra un apoyo más amplio de lo que suele admitirse en público. Los gobernadores en general, con la excepción del grupo de intransigentes con los que el propio gobierno libertario casi no tiene contacto alguno, coinciden en el diagnóstico: el régimen vigente es rígido, costoso y desalienta la creación de empleo formal. Por eso, la modernización del mercado de trabajo aparece como una condición necesaria —aunque no suficiente— para reactivar la economía y atraer inversiones.
El país, no obstante, padece de múltiples problemas que entorpecen el desarrollo: además de tener que animarse a las reformas de fondo, el desafío mayúsculo al que se enfrenta es lograr que la teoría que alimenta el debate de fondo, una vez aplicada, devuelva convertido en realidad el cúmulo de promesa que alberga: que la reforma laboral en danza en verdad, si se alcanza, pague por caja lo que promete, un despegue generalizado, con seguridad jurídica y política de su economía.
Sin embargo, ese respaldo verbal de los gobernadores aliados o permisibles a las modificaciones, no es incondicional. Las provincias acompañan el espíritu de la reforma laboral, pero advierten que el paquete normativo trae una derivación fiscal que las afecta de manera directa. El reclamo no está en el corazón del capítulo laboral, sino en dos artículos específicos —el 190 y el 191— que introducen cambios en el impuesto a las Ganancias y en los internos, tributos que afectarán de inmediato las recaudaciones provinciales sin esperar que entre en acción todo el bagaje auspicioso de la reforma, como la inversión, la creación de empleo y la registración de buena parte de la economía que funciona en negro.
La reducción de aportes y contribuciones patronales, eje central del alivio al costo laboral, no impacta en la coparticipación. Los gobernadores no se plantan contra la modernización del régimen de trabajo. Los dialoguistas y entusiastas, como Alfredo Cornejo por caso, piden tiempo, que se postergue al menos por un ejercicio –podría ser hasta el 2027– los casi 2 billones de pesos que dejarían de ir a la masa coparticipable por el hecho de disminuirse para ciertas categorías de empresas, medianos y grandes, las alícuotas de Ganancias que tributan: del 35 al 31,5 por ciento y del 30 al 27,5 por ciento. Mendoza podría ver menguar sus ingresos en unos 60 mil millones de pesos aproximadamente.
Y aunque Cornejo aclare que para el caso de la provincia que administra el asunto no es grave, ni que esos millones de pesos de menos la sacaría de juego, si entiende que la nación debe tenerlo presente, para equilibrar los costos inmediatos de los cambios. Las provincias aceptan la reforma, pero no quieren ser quienes la financien. Al modificar Ganancias e Impuestos Internos, el Estado nacional decide resignar recursos que no le pertenecen en forma exclusiva. Cada punto que se pierde en esos tributos impacta de manera automática en las arcas provinciales, sin mediación ni acuerdo previo.
Pareciera entonces que el planteo de los gobernadores no es ideológico ni corporativo, sino presupuestario. No cuestionan la dirección de la reforma laboral; piden compensaciones. Ya sea vía transferencias, mecanismos de recomposición o nuevos esquemas de reparto. Diego Santilli, el ministro del Interior que sigue recorriendo las provincias pareciera estar recibiendo un mensaje claro: acompañar la reforma no puede implicar un deterioro adicional de las finanzas provinciales. Y aprovechan para reclamar la deuda de obra pública nacional.
Desde la mirada oficial, la reforma busca corregir un sistema que castiga al empleo formal con cargas excesivas, incentiva la informalidad y multiplica la litigiosidad. El argumento se conoce y es lo que se teoriza y verbaliza: menos costo laboral, más empleo; más empleo, más actividad; más actividad, más recaudación futura. Doble desafío: plasmar la teoría en la reforma que se predica y que luego se confirme en hechos y realizaciones.
También en las provincias se mueven, todavía, con una lógica pragmática, inmediata y del preciso momento en el que se vive, sin mucha mirada a mediano y largo plazo: el “derrame” no paga sueldos ni cierra presupuestos en el corto plazo, dicen algunos de los gobernadores. Mientras los beneficios económicos son hipotéticos y a mediano plazo, la pérdida de recursos coparticipables es inmediata.
La reforma laboral avanza, entonces, sobre una base de consenso relativo. Nadie quiere aparecer defendiendo un sistema que todos consideran agotado. Pero el debate revela una tensión estructural: la Nación diseña la política económica y las provincias reclaman no quedar atrapadas en el costo fiscal de decisiones que no controlan.
El desenlace no parece estar sólo en la letra laboral de la reforma, sino en la negociación fiscal paralela. Allí se juega la viabilidad política del proyecto y, una vez más, el delicado equilibrio del federalismo argentino.