BUENOS AIRES (DYN). Argentina apuesta todas sus fichas a probar que la papelera Botnia contamine y que su funcionamiento falle en algún momento, sobre la base de que no existen antecedentes en el mundo de una planta de celulosa con el nivel de producción de la firma finlandesa en Fray Bentos.

   La Casa Rosada puso en marcha el Plan de Vigilancia de Botnia, para registrar los niveles de contaminación en el río Uruguay, en la costa argentina e, incluso, en el turístico balneario de Ñandubayzal, en Gualeguaychú. En el gobierno de los Kirchner sostienen, en privado, que Uruguay aceptó la instalación de Botnia porque los niveles contaminantes eran aceptables, si se los compara con la toxicidad que emana de las plantas que actualmente funcionan en el Cono Sur. Sólo en Argentina llegan a medio centenar las papeleras, con sistemas anacrónicos en su mayoría.

   En el Ejecutivo nacional coinciden, además, con las advertencias de organizaciones mediombientales que sostienen que Sudamérica y alguna zona de Asia son los lugares elegidos por las papeleras porque pueden utilizar gratuitamente sus aguas y, como ocurre en los alrededores de Fray Bentos, hasta disponen de la materia prima, el eucalipto. La etapa por venir, de la mano de Cristina Fernández, apuesta a una resolución en la Corte de La Haya, aunque sabe que una falla de Botnia podría obligar al gobierno de Tabaré Vázquez a ceder y sentarse a negociar con Argentina.

    Los dichos de la presidenta electa responsabilizado a Vázquez por la falta de gestos y el deterioro de la relación bilateral ratifican el distanciamiento entre Buenos Aires y Montevideo. La decisión del presidente uruguayo de levantar el bloqueo al menos en dos de los tres puentes internacionales tiene mas que ver con un mensaje hacia La Haya que hacia Argentina. Ocurre que una cosa es que los vecinos corten un puente y otra es que sea un Estado el que lo haga.

   Precisamente, el tribunal internacional tiene la facultad de sancionar a un Gobierno cuando obstaculiza la solución de una controversia. Mientras, el Ejecutivo nacional avanza con el plan de control y, según trascendió, dispondrá de unas cabañas en Ñandubayzal para que allí trabajen los técnicos. Habrá representantes del Gobierno nacional, de Entre Ríos, de la Conae, del Servicio Meteorológico Nacional y de las Universidades de Buenos Aires y La Plata.