El Gobierno de Mendoza presentó este jueves en la Legislatura dos proyectos de ley que buscan fortalecer los recursos educativos.

El primero propone la modificación del régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio, estableciendo que los bienes producto de la corrupción se entreguen a la educación. Mientras que el segundo crea el fondo escolar permanente, para mejorar la infraestructura de las escuelas.

Según lo estimado por el Ministerio de Educación, en función a los 40 inmuebles que están en condiciones de entrar al circuito planteado, ingresarían 4.000 millones pesos. Esto significaría casi un 30% más del presupuesto con el que actualmente cuenta la provincia en materia de equipamiento de infraestructura escolar.

En la actualidad, los imputados y condenados utilizan los bienes hasta que exista una sentencia penal firme. Esta iniciativa propone proteger ese capital recuperado para que no se deteriore o pierda su valor económico y sea destinado a actividades con fines educativos“, detalló el gobernador Alfredo Cornejo en su cuenta de la red social X.

Durante la presentación de las iniciativas, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, afirmó que se plantea la entrega directa del bien, sobre el cual se ha extinguido el dominio a la Dirección General de Escuelas, que “en un plazo de 90 días hábiles, deberá informar al Tribunal el destino final de cada uno de los bienes”.

Por otra parte, el funcionario explicó que las personas que informen sobre una herencia vacante que no ha sido identificada por el Estado, tendrán recompensa.

“Se agrega la figura de aquellas personas que avisen que hay una herencia vacante tanto de bienes inmuebles como de otros bienes. Podrán tener hasta un 15% de recompensa por esa información, una vez que el bien haya sido subastado o rematado”, expresó.

Este proceso civil de extinción de dominio se fundó hace seis años como una herramienta contra la corrupción que tiene dentro de sus objetivos, además de la celeridad y la oralidad, centrarse en los bienes producto del delito.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, en la Legislatura.

La Ley N° 9151 y su aplicación, distingue a Mendoza del resto del país, ya que era muy difícil recuperar estos bienes, por lo que los imputados y condenados podían seguir usufructuando de ellos hasta que hubiera una sentencia penal firme, proceso que podía llevar podría llevar décadas.

Herencias vacantes

En tanto, la ley de Creación del Fondo Permanente de Infraestructura Escolar, según lo establecido en el artículo 212 inciso 11 de la Constitución provincial, dispone que los recursos provenientes de la venta de inmuebles o muebles que surjan de una herencia vacante, sean utilizados para la construcción, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares.

Plantea la implementación de un proceso eficaz y ágil de venta de bienes inmuebles y muebles, así como de fondos y activos financieros derivados de herencias vacantes, situación que se produce cuando una persona fallece y no hay heredero que acepte la herencia“, según la información brindada por el mandatario.

“El principal objetivo es garantizar una asignación específica y estratégica de recursos para la mejora continua de nuestro sistema educativo”, afirmó Cornejo.

Y concluyó: “Aún con las dificultades sociales y económicas que atraviesa la Argentina, la educación en Mendoza es una prioridad y vamos a seguir trabajando con determinación sobre estos aspectos“.