En su discurso de apertura de sesiones ordinarias el gobernador Alfredo Cornejo hizo un importante anuncio en materia de seguridad y manifestó que enviará un proyecto a la Legislatura que para obligar a los presos a trabajar.

Sin embargo la ley nacional N° 24.660 contradice las intenciones de Cornejo ya que en su artículo 110 establece que no se puede obligar a los internos a trabajar. 

“Queremos terminar con las cárceles de máxima ociosidad”

“Queremos terminar con las cárceles de máxima ociosidad. El ocio prolongado es negativo porque hace que la persona pierda valor y respeto por sí mismo. El ocio en los penales es el incentivo más grande para la reincidencia. Y la reincidencia, como sabemos, es uno de los grandes males de la seguridad”, remarcó Cornejo en su alocución.

Esta semana ingresará a la Legislatura, el proyecto impulsado por el ministro de Seguridad Gianni Venier, con el cual se modificará la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (8.465).

Con esta iniciativa se busca que todos las personas privadas de libertad, que estén condenadas, sean obligadas a trabajar, mientras que para los procesados el trabajo será voluntario. Hay que recordar que actualmente el 60% de las personas privadas de libertad tienen condena, mientras que el 40% están procesados.

“Queremos que los que ingresan al sistema puedan resocializarse y revertir eso de que las cárceles son fábricas de delincuentes”, manifestó el titular de la cartera de Seguridad. Teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia, que supera el 80%, es que el Gobierno apunta a llevar estos cambios dentro del servicio penitenciario.

En torno a esto, Venier explicó que con este cambio lo que se hace es dar cumplimiento al artículo 23 de la Constitución provincial: “Las cárceles son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos, y tanto éstas como las colonias penales, serán reglamentadas de manera que constituyan centros de trabajo y moralización”.

Los presos que trabajen recibirán una remuneración pero menor a la que percibe una persona que no está privada de la libertad. Se apuntará a que trabajen arreglando y produciendo material para el Estado. “Que trabajen en áreas donde su mano de obra pueda hacer que mejore el mismo, la idea no es subsidiar”, añadió Venier. También habrá participación de empresas privadas.

Además el trabajo se incluirá en los parámetros de salida. En ese sentido el funcionario explicó que hay una progresividad de conducta para salir antes del momento que dicte la condena, y ahora esta prestación será un principio más a la hora de analizar los beneficios de la libertad.

Por su parte el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, se mostró a favor de esta iniciativa. Si bien no especificó detalles de la norma, manifestó que si un “preso no trabaja no tendrá un buen concepto para nada de lo que pida”.

“Si no tiene buen concepto, no podrá pedir nada que le permita progresar en la ejecución de la pena”, explicó Orellana. Además señaló que como incentivo tendrán la retribución con la que podrán ayudar económicamente a su familia. 

Por su parte el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, celebró que el gobernador ponga en agenda este tema. De todas maneras manifestó que más que una ley se necesita “voluntad política” para ampliar la oferta laboral y educativa dentro de la cárcel.

“En Boulogne Sur Mer hay 1.400 internos y 160 lugares para trabajar, ampliar la oferta es un buen paso”, concluyó Sarmiento. De todas maneras el juez afirmó que el que no quiera trabajar, no trabajará y tendrá “malas calificaciones” cuando solicite algún permiso.

Por otra parte se establecerá una audiencia pública donde participará el juez de ejecución de la pena, el fiscal y las víctimas que podrán emitir su opinión respecto de si es conveniente o no que la persona privada de libertad tenga o no ciertas concesiones. “Es la primera provincia donde la víctima tiene participación real”, remarcó Venier.

Además le pone límite a la actividad del juez de ejecución penal para evitar que intervenga en asuntos de orden interno propios de la administración del penal que puedan “vulnerar el respeto a la división de poderes”.

En conclusión, el proyecto a punta acercar la “realidad exterior” al sistema penitenciario a través del trabajo, para disminuir la reincidencia y que los privados de libertad logren una resocialización efectiva.