Sin posibilidades de tener una sesión especial en Diputados, la oposición avanza en distintas presentaciones judiciales para intentar frenar al gobernador Rodolfo Suarez y evitar que refinancie la deuda provincial sin el aval de la Legislatura.
La semana pasada el mandatario firmó el decreto 2.502 en el Boletín Oficial con el que desplegó su estrategia para “rollear” los pagos que deben ser afrontados este año, por alrededor 128,7 millones de dólares.
En la Justicia ya hay una presentación pidiendo la inconstitucionalidad de dicha normativa, indicaron desde el Partido Verde, la tercera fuerza legislativa, por considerar que la jugada del Gobierno es un “atropello” al “evitar los controles constitucionales” que tiene la Casa de las Leyes mediante sus mayorías especiales, “incumpliendo con el artículo 41 de la Constitución Provincial”.
Quien debe resolver este planteo es la Suprema Corte de Justicia, mientras eso ocurre, presentarán una medida cautelar para impedir que el mandatario ejecute el decreto. Es que, como ya fue publicado, el Ejecutivo está en condiciones de aplicarlo.
El peronismo, en tanto, trabaja en su propia denuncia, acción que sería presentada esta semana.
El Ejecutivo hizo una interpretación de la ley de Administración Financiera (8.706) que, desde su punto de vista, lo habilita a buscar refinanciar la deuda pública “en mejores condiciones”, y dispuso la emisión de títulos públicos en moneda local por hasta la suma equivalente de 81.500.000 dólares, con un plazo mínimo de vencimiento de 18 meses. De esta manera, evita el pedido de autorización en la Legislatura, donde el oficialismo necesita los votos de los dos tercios.
El Gobierno pretende colocar bonos en pesos para comprar dólares al tipo de cambio oficial y con eso pagar los vencimientos de los bonos en moneda extranjera.
Al respecto, Alejandro Pérez Hualde, ex juez de la Corte, señaló que la inconstitucionalidad o no dependerá de las condiciones en las que se tomó el préstamo en cuestión, que fue aprobado en ese entonces por los legisladores.
“Si en las condiciones originales en las que se aprobó estaba prevista la posibilidad de estas renegociaciones, entonces se puede. Pero si se va a tomar otro préstamo, con nuevas condiciones y plazos, creo que ahí sí se hace necesaria la aprobación de la Legislatura con las mayorías especiales”.
Tras el decreto, diputados de la oposición le hicieron un pedido a las autoridades de la Cámara para que se realice una sesión especial a los fines de tratar esa normativa, pero esto no prosperó, y no lo haría hasta febrero, cuando se retomen las actividades.
El diputado “verde” Emanuel Fugazzotto, a su vez, presentó un proyecto citando a Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas, a la Legislatura “para que explique por qué no cumplieron con la normativa vigente”.
Para Mario Vadillo, presidente del Partido Verde y precandidato a gobernador, la estrategia de Suarez no tiene “ningún sustento” y solo responde a intentar “hacerse de millones para pagar la campaña electoral” de 2023.
Por su parte, Fiscalía de Estado advirtió que Hacienda no está autorizado a realizar esta renegociación sin pasar por la Legislatura, ya que así lo establece la Constitución. El fiscal Fernando Simón sostuvo que la operatoria tiene como consecuencia que el pago de la amortización de deuda no se realizaría con fondos de la Provincia, sino con recursos provenientes de un nuevo endeudamiento que se tomaría con otro acreedor.
Entre tanta disputa, el Ejecutivo estaría dispuesto a esperar que la Corte resuelva. “La emisión de la deuda tiene que ser prolija, no vamos a emitir si está cuestionado. Vamos a respetar los procesos institucionales”, declaró Fayad la semana pasada.