El gobierno del presidente Javier Milei anunció la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 para posibilitarle a los trabajadores derivar sin restricciones sus aportes a la obra social o empresa de medicina prepaga que elijan.
La denominada desregulación de las obras sociales permitirá a los empleados elegir, desde el inicio de su contratación, al prestador que deseen sin la necesidad de pasar por intermediarios, como los sindicatos.
La novedad sembró una duda entre los estatales mendocinos afiliados a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP): ¿pueden cambiar de prestador?
La respuesta está en la carta orgánica de la OSEP, creada a través del decreto 4373/63 del 7 de octubre de 1963. El inciso A del artículo 2 determina que la afiliación de los empleados públicos al prestador es obligatoria, tanto para el trabajador como para su grupo familiar primario.
En otras palabras, los trabajadores estatales están obligados a permanecer dentro de la OSEP, sin la posibilidad de acceder al cambio de prestador, algo que sí se podrá hacer en el sector privado.
El proyecto presentado por la oposición
Frente a este panorama a nivel nacional, el diputado provincial de La Unión Mendocina, Jorge Difonso, adelantó una iniciativa para que los trabajadores del Estado puedan elegir su obra social.
“El gobernador Cornejo ha propuesto la discusión de 26 proyectos sobre salud. Creemos que es el momento de dar un debate en defensa de los mendocinos que no ha planteado el gobierno. Que Osep, muchas veces utilizada para la política, deje ser obligatoria para los trabajadores del Estado para tener la posibilidad de elegir donde hacer sus aportes“, afirmó Difonso. Pese a su anunció, el proyecto oficialmente aún no ingresa en la Legislatura.
La reacción del oficialismo ante el reclamo del legislador de LAUM fue contundente. “Difonso siempre presenta proyectos para los medios y sabe que son inviables. Quiere hacer caer una obra social y hacerles pagar más a los empleados estatales. Un papelón“, indicaron fuentes de Cambia Mendoza.
El plan de Milei
La decisión que termina con la obligatoriedad para los trabajadores de tener que afiliarse, cuando se inicia un vínculo de trabajo, a la obra social del sindicato correspondiente a la rama laboral en la que se desempeña fue confirmada este lunes por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien anunció la pronta publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación del DNU 70/2023.
La medida amenaza con tensar todavía más la relación de la Casa Rosada con la mayoría de los sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT).
Según Adorni, el objetivo es “terminar con la obligatoriedad de darte de alta en un empleo y quedar preso en la obra social que corresponda al sindicato que te nuclea”, explicó, y afirmó que “el objetivo es darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas”.
Desde el Gobierno nacional aclararon, además, que los beneficiarios “podrán elegir una obra social o prepaga sin ningún tipo de intermediación” y que “podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral”.